Recientemente llegó a su fin con la publicación del tercer tomo, una obra tan fecunda como posiblemente irrepetible desde el punto de vista histórico, sociológico y filosófico, que traza los orígenes del comunismo desde la antigüedad hasta la modernidad para identificar de manera precisa las ideas, movimientos, hechos y personas que promovieron una ordenada y consecuente ofensiva contra los intercambios libres y sus beneficiarios en todo tiempo y lugar. Esta última época, por cierto, se cubre con singular maestría por el profesor madrileño Antonio Escohotado a lo largo de las páginas del libro final cuya trilogía lleva por nombre Los Enemigos del Comercio: una historia moral de la propiedad, editado por Espasa. Comenta el escritor durante una entrevista en relación a su obra lo siguiente: “en el caso del comunismo, nadie se dio cuenta de que la idea acarreaba un mar de consecuencias. De estas consecuencias, el 99% eran indeseadas e incómodas para sacar adelante la propia idea principal. Lo imprevisto es lo decisivo históricamente. Y es lo que el utópico, o patético-enfático como yo lo llamo, no quiere aceptar porque le descubre la diferencia entre realidad y fantasía. Cuando uno no quiere cambiar pero sí que cambien los demás y no es capaz de convencerlos, recurre a dos técnicas ancestrales: la censura y la intimidación o represión. Nunca nadie había llevado estas dos técnicas hasta tal extremo como el llamado comunismo científico”.

En el marco de estas oportunas reflexiones se circunscribe la realidad de la Venezuela actual, un país que al presente evidencia los resultados nocivos de la imposición de ese conjunto de entelequias distópicas comentadas por el ensayista ibérico, que hoy conculca derechos personales a placer y somete a estados de postración material y espiritual –cuando no al exterminio, como las masacres de Tumeremo y Barlovento- a muchos ciudadanos de la geografía nacional, continuando la línea de las revoluciones que le precedieron y su desprecio por la dignidad, la prosperidad y la autonomía de otros. Sólo basta con observar la cantidad y el alcance de las violaciones a la propiedad privada suscitadas durante el 2016 (273 ocupaciones, 1563 multas, más de 20.000 fiscalizaciones y 31 regulaciones confiscatorias, entre otras) muy distintas por cierto a los métodos empleados durante los primeros años de la revolución socialista, centradas en maniobras legales y tomas mediante la fuerza estatal de tierras, industrias y empresas “estratégicas”. Tan avanzado es hoy el cuadro endémico de la economía y la sociedad, así  como la fragilidad de sistema jurídico nacional, que no es necesario para el Gobierno nacional promover nuevas “expropiaciones”, sino sólo esperar que reglamentos como la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, el Decreto-Ley de Precios Justos, La Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario hagan su trabajo, el cual es atomizar la institución de la propiedad como fundamento de la libertad.

Como punto final, un aspecto crucial del ejercicio sobre la propiedad se materializa a través del dinero, otra institución nuclear de la sociedad moderna. Antonio Escohotado repasa en su obra cómo la hiperinflación feroz y deliberada dinamitó la función del dinero como instrumento del comercio libre posterior a la revolución rusa y la Alemania de inicios de 1930, “compraron toneladas de papel y tinta indeleble para crear un oasis extraordinario de trueque científico”. 

Las 5 noticias clave:

Panorama

1) En Gaceta Oficial: Primer Decreto de Emergencia Económica  

La pasada semana el Ejecutivo nacional extendió el llamado Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que cumple un año en vigencia desde el pasado enero de 2016 y cuyo balance hasta la fecha es claramente visible al recorrer las calles, establecimientos comerciales, campos y zonas industriales del país. No obstante de ello, el mandatario nacional señaló en su intervención que “mañana será publicada en Gaceta Oficial el primer decreto de emergencia extraordinaria, de emergencia económica para continuar cabalgando la crisis, para continuar avanzando en su superación y lo enviaré al Tribunal Supremo de Justicia para su pertinencia constitucional. Será el primer decreto de emergencia económica 2017 (…) para continuar sin depender de nadie”. Según como se mire, este instrumento, que dota al Ejecutivo de poderes extraordinarios de forma permanente anulando e ignorando a la debilitada Asamblea Nacional –se comete la enésima alteración del orden constitucional en la más reciente presentación del funcionario ante el TSJ, que debía ser ante aquélla-, ha sido o sólo una medida más, ineficiente y profundamente ignorante de los gobernantes, en su intento de enmendar los graves daños generados –más cierres de empresas y comercios, escasez, desabastecimiento, miseria, inseguridad, desplome de los servicios públicos, etc.- o, por el contrario, un completo éxito al lograr lo que originalmente se propuso, la supresión de cualquier mínima garantía jurídica y moral restante sustituyéndolo por mecanismos eficaces y mejorados de sometimiento y expoliación social, de lo cual deriva como consecuencia prevista, por ejemplo, la completa dependencia del Estado –pensemos en el más reciente artilugio, el carnet de la patria-. Cada renovación del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica es un canto al totalitarismo, que mientras no tenga una contención ciudadana real y eficiente, seguirá componiendo líricas contra propietarios de vidas y bienes. 

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 Empresas estatizadas

2) El pobre desempeño de las empresas públicas de alimentos aumentará este año  

La creación de empresas estatales ha sido uno de los dispositivos más efectivos para el empobrecimiento masivo de la sociedad venezolana en los últimos años, caracterizadas por la corrupción, la pérdida de capital y empleos dignos estables, caída en la productividad, inversión y ninguna contrapartida en términos de calidad, variedad e innovación de las cargas tributarias impuestas a los ciudadanos, no obstante de los números visiblemente deficitarios que presentan. Como lo demuestra esta investigación recogida por el diario Tal Cual, en el 2017 se acentuará el decrecimiento en la producción de rubros como aceite comestible en Industrias Diana (de 167.808 toneladas en 2016 se reduce la “meta” a 133.245 Tn en 2017), de leche y otros derivados en Lácteos Los Andes (432.317 en 2016 a 375.707 en 2017) y en las empresas mixtas de porcinos y leguminosas, en la cual hay un retroceso del 19 y 55% respectivamente, es decir, un descenso estrepitoso de la ya poca oferta en tiempos de altísima demanda por satisfacer necesidades básicas, en rubros críticos como alimentos y medicinas. Según estadísticas del Observatorio de Derechos de Propiedad, en los últimos 3 años se han creado 32 nuevas empresas bajo la tutela del Estado, y sólo en 2016, el peor año en términos económicos y sociales, se han constituido 13 nuevas empresas –4 de ellas en la zona del llamado Arco Minero, un dato no menor-, con presupuestos inciertos que se modifican a voluntad por la Administración Pública sin que se obtenga ningún beneficio por parte de los consumidores. El derroche de los siempre escasos recursos, especialmente en tiempos de crisis humanitaria, debe ser no sólo repudiado sino transformado hacia condiciones donde sean las personas las que elijan cómo invertir el fruto de su trabajo, lejos de la intromisión gubernamental confiscatoria.

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3) Internet en Venezuela sigue con fallas y sin soluciones

En la página web de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) puede leerse “La gestión de Cantv, tras su nacionalización en mayo de 2007, está definida por la relación ética, productiva, humanista, endógena y transparente con las comunidades, los servidores públicos, los usuarios, el Estado y el ambiente, al respetar la diversidad y favorecer la reducción de las desigualdades sociales, desde el compromiso asumido hacia la construcción del socialismo del siglo XXI”, inscripción que resulta sumamente llamativa no por su propensión sacerdotal caritativa –que no sería al final tal cosa, pues se financia con dinero de los contribuyentes- sino por no encontrar entre sus objetivos y visión la inversión en tecnología de vanguardia, la actualización de sus plataformas de datos y fibra óptica, la innovación con nuevos y mejores planes, aplicaciones y equipos dirigidos a ofrecer un mejor servicio, etc. Según estudios recientes de la Cepal, la velocidad promedio de Banda Ancha Fija para Venezuela es de 1.9 Mbps, lejos del promedio sudamericano (4,7 Mbps) y del primer lugar de la región ocupado por Chile (7.3 Mbps), siendo el principal problema la ausencia de inversión en infraestructura ante el incremento del conglomerado de usuarios, lo cual incide directamente sobre el nivel de productividad per cápita y éste sobre el desarrollo económico general. El monopolio estatal, una vez más, no sólo entorpece las actividades e incomunica, aísla a las personas –el tiempo es un activo de gran valor acá y en todo momento-, sino que impide el surgimiento de nuevos emprendedores y empleos, en una ámbito de constantes avances globales.           

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Air Canada solicita arbitraje para recuperar sus ingresos en Venezuela

4) Aerolínea Air Canada solicita arbitraje para recuperar sus ingresos 

Nuevamente el Gobierno venezolano es objeto de demandas por impago o retención de ingresos como consecuencia del monopólico y abusivo control de cambio presente desde 2003. En esta ocasión, la prestigiosa aerolínea Air Canadá, quién cesó sus operaciones en el país durante el año 2014, procedió a introducir un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el motivo mencionado, indicó una representante de la empresa norteamericana. Recordemos que el Estado venezolano es el más demandado en los últimos años ante el tribunal del Banco Mundial, y sólo en 2016 el mismo dictó sentencia en 4 ocasiones a favor de empresas “expropiadas” o afectadas en el acceso a sus ganancias (éstas son la minera Crystallex -1.986 millones USD-, la ganadera Vestey Group -98 millones USD-, la siderúrgica Tenaris -172,8 millones USD- y la minera Rusoro -1.200 millones de USD-), quedando algunas demandas en proceso de evaluación actualmente como el caso de la venezolana Agroisleña propiedad original de Enrique Fraga Alfonso. Esta situación afecta decisivamente a todos los ciudadanos, en medio de las circunstancias opresivas que vive, pues conlleva no sólo al aumento de la deuda externa en tiempos de bajos ingresos petroleros y dependencia de las importaciones, sino que genera un clima de completa desconfianza y ausencia de credibilidad para la inversión, en tanto que reduce la oferta de vuelos al extranjero dramáticamente. Estos son los resultados reales de la política estatista del socialismo del siglo XXI, que además dejó sin posibilidad de defensa y reparación a todas las víctimas nacionales cuyos patrimonios fueron usurpados, ante la casi inexistencia de tribunales serios y competentes que protejan los derechos de las personas.

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Resultado de imagen para Entregarán títulos de propiedad en La Dolorita

5) Entregarán títulos de propiedad en La Dolorita 

La Fundación para el Desarrollo Integral del Servicios Públicos en el Municipio Sucre (FUNDASUCRE), junto a la Comisión de Urbanismo de la misma jurisdicción y la Alcaldía, continúan promoviendo la titularización de viviendas en sus comunidades populares. En esta ocasión, les fueron otorgados a los habitantes del sector La Dolorita los certificados para iniciar las gestiones de registro ante las instancias responsables, lo que sin embargo es apenas el primer requisito de un largo y complejo camino para lograr convertirse en propietarios. Esta iniciativa se ve complementada por la denominada Ley de Barrios, a comentar en la siguiente entrega del Observador de Coyuntura, aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión para presumiblemente atender un tema históricamente ignorado por parte de los círculos políticos y burocráticos de Venezuela. En años recientes, el Municipio Sucre ha auspiciado el rescate de la propiedad privada –a través de la ordenanza “mi propiedad- como signo de autonomía de las personas y el desarrollo sostenible de las zonas urbanas, propuestas que siempre deben discutirse, enriquecerse y celebrarse. Sin embargo, conviene recordar lo afirmado por el profesor Antonio Canova González en el libro La Propiedad Privada en la Venezuela de Ayer y de Hoy (pp. 57), al sostener que: “propietario no es el que así es reconocido en un papel registrado. Propietario es quien realmente puede hacer uso de los atributos, todos, del derecho de propiedad. Quien puede usar, gozar, disfrutar libremente de sus bienes, explotarlos de la manera que considere apropiada, hacerse con los frutos que produzcan, disponer de ellos e intercambiarlos sin restricciones”. Esta idea debe llevar a la reflexión sobre la necesidad de incorporar una revisión mucho más profunda e institucional sobre los mecanismos jurídicos –mercado inmobiliario, propiedad de la tierra, sistema financiero- que deben existir e imperar desde el Estado de Derecho, para consolidar un auténtico escenario de garantías a la propiedad privada en el futuro de Venezuela.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

Observador de coyuntura #TuPropiedad