En algún pasaje de su vida, el psicólogo suizo Carl G. Jung sostuvo que “ser dueño de la tierra es psicológicamente importante y no tiene sustituto”, aludiendo con esto a uno de los cimientos angulares de la dimensión biológica del hombre y su comportamiento: el sentido de arraigo, pertenencia y retroalimentación entre el objeto del mundo externo y la conciencia que sobre él se tiene como modulador de la personalidad, la autoconfianza y la dignidad.

Lo anterior viene a colación a propósito de la aprobación de una propuesta de Ley impulsada desde la Asamblea Nacional recientemente, que lleva por nombre Ley de Regularización de la Propiedad de la Tierra Urbana y Urbanización de los Barrios Populares, o como se ha conocido en el argot más común, la Ley de Barrios, que en síntesis plantea la formalización general de la propiedad de tierras urbanas y las bienhechurías a sus poseedores, así como la atención de las fallas y limitaciones presentes en estos asentamientos urbanos en cuanto a infraestructura y servicios públicos se refiere.

El proyecto de Ley contiene algunos interesantes planteamientos en ámbitos como reconocer la importancia que tiene el acceso a la propiedad y la seguridad jurídica por parte de los venezolanos para mejorar su calidad de vida, la descentralización de competencias hacia los Municipios para la ejecución y el seguimiento de la Ley, la participación ciudadana a través de asambleas y juntas directivas acordadas por las comunidades a fin de trabajar conjuntamente con la Alcaldías y demás organismos involucrados por medio de un Plan de Desarrollo Urbano Local, la desafectación de bienes o terrenos públicos para la titularización, etc. En contraparte, la misma revela algunas inconsistencias u omisiones no menores, como por ejemplo qué sucedería con algunas leyes o artículos de ellas que son lesivas y contrarias a la propiedad privada (la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, La Ley de Tierras Urbanas, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley para la Regularización y el Control de los Arrendamientos de Viviendas, entre otras.), ambigüedad en los artículos 14, 16 y 17 referentes a la transferencia de bienes o terrenos de propiedad privada a sus ocupantes –incluso pareciera regularizar sin mayor reparo los casos de invasiones, una forma de violación a la propiedad-, falta de claridad en las garantías a los propietarios de aquellos posibles bienes y terrenos objeto de la Ley –señala que se puede optar por seguir el procedimiento expropiatorio o, según convenga, elaborar una “planta de valores para el avalúo masivo”- y la conformación de las llamadas Empresas de Barrio, tanto para el desempeño de las actividades derivadas de la Ley como para el desenvolvimiento de otras actividades económicas. Se puede apreciar la ausencia de una terminología clara en sus definiciones como el adjetivo privado junto a la palabra propiedad y usos de vocablos como libertad y autonomía. Al margen de esto, el proyecto de Ley de Barrios es pertinente porque crea una oportunidad de documentación ciudadana sobre el conjunto de atributos indisolubles que el derecho de propiedad confiere a una persona –nótese lo indicado por Jung-; no obstante, el objetivo último de iniciativas de esta naturaleza, si se aspira a una transformación real, sostenible y moderna del país no debe quedar en la optimización de los asentamientos informales y todas las actividades que de ella deriven, sino, más allá, la gradual reducción y eventual superación de la pobreza, generando condiciones para la movilidad social hacia la clase media a través de un conjunto de reformas medulares institucionales relativas al Derecho, el sistema de propiedad privada y la libertad económica como elementos inherentes al desarrollo humano.

En este sentido, la actual propuesta de Ley de regularización de la propiedad de la tierra urbana y urbanización de los barrios populares representa, por un lado, un instrumento para atender las graves deficiencias que en materia urbanística (titularización de la propiedad, infraestructura, servicios públicos) existen en los conglomerados urbanos y suburbanos a nivel nacional, y por otro, una ventana para la discusión amplia y seria sobre la relación del Estado y la sociedad civil en materia de derechos de propiedad y el rescate de éstos, frágiles históricamente en Venezuela como resultado de la sobrerregulación gubernamental, el intervencionismo económico y la arbitraria concepción jurídica de la función social de la propiedad, que oculta la instrumentalización de vidas, trabajo y bienes de seres humanos según los intereses o delirios ideológicos de otros.

Las 5 noticias clave:

1) Central azucarero Trujillo liquida a 339 trabajadores

Cuando frente al escenario de paralización, derroche e improductividad de una empresa estatal en circunstancias de hambruna social generalizada, la respuesta del Gobierno nacional es cambiar su nombre solamente, el mensaje enviado a la sociedad es claro. Así lo refleja la situación presentada en el hasta ahora central azucarero Motatán o Trujillo C.A. –que ahora pasará a llamarse presuntamente Fabricio Ojeda, guerrillero socialista que atentó en no pocas ocasiones contra la naciente democracia venezolana en la década de los 60-, intervenida desde el año 2007, lo que entorpeció y obstaculizó su labor de molienda y refinación de caña hasta la fecha. No conforme con ello, en esta ocasión una junta interventora decretó el despido de 339 trabajadores de la planta, por llevar adelante un conjunto de reclamos asociados a sus circunstancias laborales y a la estrepitosa caída del suministro del rubro a nivel nacional. Es de destacar que 13 sindicalistas habían sido detenidos en enero de este año por mandato gerencial, por “biocot” y otros supuestos delitos. El proceso de transición se le entregará al Ministerio para el Proceso Social de Trabajo –el mismo que rige la situación de Clorox, vale decir-, y fuerzas castrenses han tomado las instalaciones de la industria azucarera. Según datos de la CVA Azúcar en 2009, el Central Azucarero Motatán poseía una capacidad de molienda de 1200 toneladas diarias, y una capacidad operativa de 900 toneladas diarias, con lo que generaba ya para ese entonces apenas el 5% de la demanda nacional de azúcar refinada. Una vez más, las empresas estatales son signo de corrupción, pérdida y ruina de la propiedad privada.

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2) Se derrumban precios de apartamentos en dólares y bolívares

Los últimos datos ofrecidos por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela muestran la terrible crisis que atraviesa el mercado de viviendas, resultado acumulado de años de distorsiones cambiarias sumado a la política hiperinflacionaria gubernamental y leyes corrosivas de los intercambios, acuerdos y negociaciones libres entre particulares para la compraventa y alquiler de inmuebles. Carlos Alberto González, presidente de la agrupación, indicó que ha habido un descenso superior al 30% en los precios de viviendas en divisas, fenómeno que ocurre de forma más marcada con los precios en bolívares, ocasionado por la erosión del poder de compra de la moneda nacional, devaluada y desarticulada. Para los propietarios, el cuadro endémico de la economía nacional ha significado pérdidas cuantiosas por la caída del valor de los inmuebles a consecuencia de la baja demanda, en tanto continúa incrementándose la oferta producto de la migración de venezolanos al exterior, o de aquellas personas que no pueden costear sus antiguas casas o apartamentos por exceder sus capacidad de ingresos, forzando a muchos a mudarse a sitios modestos, impulsando así a cientos de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma la ausencia de financiamiento y créditos bancarios para la adquisición de inmuebles, así como las restricciones impuestas por leyes abusivas como la de arrendamientos, generando un clima de desconfianza e incertidumbre masiva en el tejido social. La burocracia gubernamental es la gran enemiga de que las personas puedan ser dueñas de un techo propio, logrado lícitamente por medio del trabajo y el ahorro, especialmente aquellas de menores recursos sobre las que ansía el control perpetuo para el sostenimiento de su Poder.                

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Venezuela debe pagar US$730 millones a Gold Reserve tras perder juicio

3) Venezuela debe pagar USD 730 millones a Gold Reserve tras perder juicio

La Corte de Apelaciones de París pronunció un fallo a favor de la minera Gold Reserve, un laudo pendiente del año 2014 que obligaba al Gobierno Nacional a cancelar un total de 730 millones de USD derivados de la expropiación de sus activos en la región guayanesa. La misma Corte estableció el pago de 150 mil euros adicionales por costos procesales al Estado venezolano, pudiendo llegar el total de la indemnización por sobre los 800 millones USD, luego de rechazar todos los alegatos de los representantes de la actual Administración Pública. Este nuevo compromiso de pago internacional se suma a la ya hinchada deuda externa, en una situación de extrema precariedad en términos de los ingresos públicos, la dependencia de las importaciones y sin tomar medidas respecto al déficit fiscal y el gasto público, financiándolos cada día más vía inflación e impuestos, considerando la destrucción del aparato productivo. Todos los venezolanos, sin excepción, nos veremos obligados injustamente a pagar con nuestro trabajo todas estas acciones estatistas y empobrecedoras de la sociedad llevadas adelante por el fallecido presidente de la República, ferviente contendor de la existencia de propiedad privada. 

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4) Militares convirtieron a empresas básicas en botín para crear mafias 

El balance de las empresas básicas de Guayana durante el período 2016 evidencia la inoperancia y corrupción que ha caracterizado a la hasta unos años ejemplo mundial de desarrollo sostenible, como bien lo señala esta nota. El dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, informó que “Lo que ha venido haciendo el régimen es tomar estas empresas como modos de ensayo para mantener un control en cada uno de los sindicatos, para ensayar en relación a modelos de control obrero, autogestión, milicia interna y cuanto disparate se le ocurrió establecer en nuestras empresas”. De igual forma señaló que no sólo el rendimiento de empresas esenciales para el mantenimiento y renovación de la infraestructura del país ha mermado, sino que varios de sus espacios han sido ocupados por otras actividades para la cuales no están destinadas ni preparadas, como la “siembra agroproductiva”. Sidor, Venalum, Bauxilum, Alcasa y Ferrominera continúan su franco deterioro en cuanto al capital invertido, fuerza de trabajo y producción se refiere. El militarismo, hoy un fenómeno vigente y extendido por toda Venezuela, tiene una profunda antipatía por la sociedad abierta y la economía libre, donde los civiles son los protagonistas bajo un sistema republicano y democrático. Y como tanto desprecian el bienestar y la prosperidad en otros, no hacen más que desmotar todo orden institucional que limite su afán de control y beneficio ilícito, como ocurre con las empresas básicas de Guayana, no sin promover grandes dosis de propaganda que oculte la verdad.        

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5) Venezuela en la lista de países “no libres” de acuerdo a Freedom House

El informe anual de Libertad en el mundo auspiciado por la organización Freedom House registró por primera vez a Venezuela fuera de la consideración de país libre, por primera vez desde su publicación en 1973. Las razones para esta calificación arrojada por el estudio señalan que la nuestra es una nación guiada por un marcado empeoramiento de las instituciones democráticas y de las libertades y derechos civiles fundamentales. Un elemento consustancial que marca el documento apunta a la politización del poder judicial a través de la promulgación de sentencias supresoras de las competencias y funciones de la Asamblea Nacional y el Estado de Derecho, “usurpando la autoridad legislativa en materias de su jurisdicción como el presupuesto nacional y el bloqueo de leyes para abordar la crisis humanitaria, a las que se podría añadir la persecución política a diputados y la presentación de la memoria y cuenta del Poder Ejecutivo frente al TSJ. De igual forma, el informe repasa la catastrófica reducción de la libertad económica en el país y cómo esto afecta directamente el ejercicio de otras libertades civiles y políticas. Un estudio que llama a la urgencia de la conciencia ciudadana y al carácter inaplazable de promover cambios medulares en el rumbo nacional.    

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

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