La narrativa romántica y trascendental que alimenta a la ideología socialista se erige alrededor de un conjunto de mitos pensados y más o menos ordenados que apuntan al reacondicionamiento del ser humano no ya hacia los fines, metas y sueños trazados por éste sino hacia otros colectivos supuestamente superiores, dejando el resto no alcanzado mediante dicha manipulación retórica y promisoria a su consecución mediante el uso de la violencia. Uno de estos mitos, muy poderosos y efectivos en la historia para la concreción del mencionado proyecto religioso –la incuestionable fe revolucionaria que caracteriza a sus partidarios, que como lo explica, entre otros, el disidente y matemático ruso Igor Shafarevich en su libro El Fenómeno Socialista “no va en busca de la verdad sino a confirmar sus expectativas revolucionarias”, justificando así cualquier medio para lograrlo- se basa en la retorcida creencia de la desigual distribución de la riqueza como forma de explotación de unos a los otros, y cuya fuente original sería la propiedad privada como garantía además de autonomía personal.

Sobre esta equivocada premisa, así como otras previas al año 1998, se conformó la experiencia venezolana a partir del 2005 a través de dos engranajes de la gran maquinaria autoritaria del Estado venezolano: los llamados rescates de tierras promovidos por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) contra los dueños de fincas y haciendas que no probasen la totalidad de la cadena titulativa de venta de aquéllas hasta la República o la Corona Española y las invasiones de terrenos y bienes privados por particulares, a propósito de la controversia generada por el TSJ en el año 2011 (La SC intentó escindirla de la categoría de delitos del Código Penal, generando incertidumbre). Ambas en la práctica encarnan formas de apropiación violenta de lo ajeno, atizando pulsiones primitivas de las relaciones humanas –no sólo en términos de incentivos sino también de instintos y emociones- y generando las condiciones de pobreza material igualitaria, lejos del derecho, la moral civilizada y la calidad de vida de todos.

El Observatorio de Derechos de Propiedad contabilizó un total de 1.043 predios confiscados por el Gobierno entre 2005-2015 (unas 4 millones de hectáreas, extensión más o menos similar a Dinamarca), así como más de 650 casos de invasiones en ese lapso en todo el territorio nacional. El ejemplo de las invasiones, sin embargo, resulta muy ilustrativo para explicar de manera sencilla cómo se produce una espiral de destrucción y violencia generalizada contra la propiedad privada movida por esas deleznables ideas y su decadencia moral: buena parte de ellas son ejecutadas por particulares engañados por el precepto de “donde hay una necesidad, nace un derecho”. No es necesario explicar en demasía esta falacia más que apelando al sentido común de nuestra vida cotidiana: de ser verdad, usted tendría derechos irrestrictos sobre todas las posesiones de sus vecinos, empezando por su casa, y ellos a la vez de la suya. ¿Por qué tal cosa no ocurre en los países más prósperos y con mayores índices de desarrollo humano? ¿Se invaden, engañan, intimidan y toman por la fuerza posesiones de terceros y así han logrado superar el estado de pobreza? La interrogante queda a libre respuesta; pero mientras, no perdamos de vista las lecciones de Shafarevich y su advertencia sobre el socialismo como la “nivelación de la humanidad en la muerte”.

Las 5 noticias clave:

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1) Gobierno es propietario de 505 empresas

De acuerdo con los resultados del proyecto Empresas Propiedad del Estado en Venezuela conducido por Transparencia Venezuela, existen más de 500 compañías de diversos sectores productivos en manos del Gobierno venezolano, lo cual representa más del triple en comparación a su par de Brasil (130) y 9 veces más que lo encontrado en Argentina (52), según datos del mismo informe. En entregas previas del Observador de Coyuntura, así como en otros contenidos del Observatorio de Derechos de Propiedad se han expuesto las terribles consecuencias que la hipertrofia estatal planificadora tiene para el crecimiento económico, el acceso a bienes y servicios eficientes de calidad y la libertad de elegir del consumidor, pues no sólo éstas mal llamadas empresas públicas han constatado su inoperancia, despilfarro y malversación de los escasos recursos que extraen de los ciudadanos, sino que resultan extraordinariamente costosas en una situación de crisis humanitaria, en donde cada presupuesto asignado a ellas resulta del expolio de cientos de familias en situación de pobreza y pobreza crítica, lo cual torna el asunto mucho más trágico y hasta siniestro que en otros países del hemisferio. Empresas en otro tiempo vanguardistas como PDVSA y las Empresas Básicas de Guayana hoy son retrato de burocracia, privilegios a grupos de interés nacional y extranjero, nóminas improductivas y lo peor, el cese de oportunidades y garantías para que los venezolanos decidan qué hacer con el producto de su trabajo, lo que en la actualidad desdichadamente se reduce a cuánto de lo que hacemos se dirige a mantener al Leviatán estatal, rabioso en su afán predatorio, manteniendo las jugosas rentas de sus beneficiarios sobre el drama de  millones de vidas.

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2) Por primera vez en 3 años se registra desnutrición en hogares venezolanos 

Estamos ante una crisis global de servicios, la inflación galopante, escasez y desabastecimiento fuera de control, y una muestra de que en la red pública de instituciones de alimentos hay alta corrupción, lo cual evidencia que los alimentos no llegan a los más necesitados, y lo hemos demostrado en diferentes variables” manifestó la investigadora y nutricionista Maritza Landaeta-Jiménez al repasar los datos sobre el estado de la alimentación en Venezuela, componente de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2016. Desde una reducción drástica del número de comidas al día (especialmente en niños, lo cual es más grave a largo plazo), pasando por alteraciones importantes en el patrón de consumo por escasez, inaccesibilidad por precios o desabastecimiento hasta la discriminación y sometimiento por medio de los opresivos CLAPS, son algunos de los patrones más significativos hallados en la investigación que confirma que el estado regular del venezolano es de miseria integral, no solamente por erróneas políticas públicas ni ineficiencia gubernamental; más bien es el resultado deliberado de la instauración de mecanismos de control –y reacondicionamiento, moral, material, psicológico y conductual- en la sociedad venezolana. Países como China, Etiopía, Camboya, Corea del Norte, Vietnam, y por supuesto, la URSS experimentaron violentas presiones sociales derivadas de políticas intervencionistas. Los resultados son claros y, por ello, impostergables en su atención, no para mejorar la eficacia de los CLAPS sino dirigidos a restaurar el sistema institucional venezolano mediante un cambio político que permita atender y detener la atomización y parálisis económica, jurídica y social del país, mediante propuestas creíbles y reales fundadas, entre otras, en el rescate a la propiedad privada y cómo su acceso permite a las personas de menores recursos sostenibilidad, alejados de dramas familiares crueles como el reportado en esta nota impuestos por anacronismos ideológicos, pasando a ser los responsables de su propio destino.

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3) Falta de cemento tiene paralizadas las construcciones en Venezuela

La escasez de cemento y su monopolio por parte del Estado es uno de los negocios más lucrativos hoy para la rapiña (privilegios, contratos sustanciosos y exclusión del sector privado que cree en la competencia y el mercado) en un sector productivo de gran sensibilidad y relevancia como lo es el de la construcción y la oferta inmobiliaria habitacional y comercial. En la investigación del Observatorio de Derechos de Propiedad que lleva por nombre El Monopolio Estatal del Cemento: relato de una crisis se expone detalladamente el atraso, corrupción e improductividad que ha caracterizado a esta industria y sus filiales desde su apropiación a partir de 2007 por el Gobierno (que no expropiación, pues su original dueño, el grupo Argos, no ha recibido reparación económica alguna), a pesar de las cifras propagandísticas difundidas por la Corporación Socialista del Cemento (CSC) y sus llamados a aumentar la producción en alianza con los privados. No existen en esta industria, ni en ninguna otra del Estado, auditorías creíbles ni estados financieros transparentes que reporten el nivel de pérdidas cuantiosas acumuladas año tras año. En diciembre de 2016, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela indicó que el sector lleva 25 trimestres consecutivos en déficit: “no hay dinero para construir más viviendas, salvo las que produce la GMVV” sostuvo Aquiles Martínez Pietri, expresidente del gremio. Sin cemento y materiales de construcción no puede haber mercado inmobiliario, así como no puede haber libertad y prosperidad sin propiedad privada, inversiones y seguridad jurídica.      

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AVN | Alex Guzman

4) Gobierno expropia empresa ensambladora de vehículos Civetchi  

En Gaceta Oficial fue publicada la supuesta “expropiación” del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China C.A. Civetchi, encargado presuntamente del ensamblaje, comercialización y distribución de vehículos con tecnología del país asiático. Y decimos supuesta debido a que el Estado ya poseía el 51% de las acciones de la empresa, por lo cual cabría imaginarse que se trata más bien de una apropiación total de la misma, reparando o desplazando al socio minoritario de dicha empresa mixta. La medida originalmente se tomó en el año 2015, cuando de acuerdo a numerosas irregularidades administrativas (originalmente Civetchi era una importadora de autos chinos del grupo Fasiroli desde el 2008, haciendo jugosos contratos con el Gobierno, y no fue sino hasta 2012 que inició sus operaciones luego de ceder la mayoría de acciones al Ejecutivo) el Gobierno inició el procedimiento interventor, quedando por dos años más en un limbo hasta el pasado 23 de febrero, bajo el control de funcionarios y particulares que hasta el presente no han rendido cuentas públicas ni tampoco se conoce a ciencia cierta la cantidad de unidades producidas y su comercialización en relación al presupuesto asignado que han costeado todos los venezolanos con sus impuestos. Lo cierto por ahora es que pasará a manos de la obra “Reimpulso automotriz para el sector público y para el pueblo”, prolongando su ineficacia y manejos turbios.

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Universidades privadas de Nueva Esparta funcionan con cuentas en rojo

5) Universidades privadas de Nueva Esparta funcionan con cuentas en rojo

El rector de la Universidad de Margarita, Pedro Augusto Beauperthuy, comentó recientemente acerca de las estrategias que deben implementar las universidades privadas para gestionar la crítica situación de inviabilidad económica que afrontan todas las casas de estudio. A pesar de ello, el académico destacó la importancia de llegar a 17 años de funcionamiento ininterrumpido, formando en disciplinas como derecho, administración, contaduría y educación integral, así como su deseo de expandir la oferta curricular en áreas como psicología social, aduanas y comercio exterior. Intranquilo ante el retrato de un país en ruinas, Beauperthuy expresó que “los constantes aumentos salariales nos han generado problemas financieros, pero ante eso hemos aprendido a hacer sacrificios ya que los recursos solo provienen de las mensualidades que pagan los estudiantes”, añadiendo que a diario procuran efectuar ajustes en los recursos para el mantenimiento del personal y la infraestructura. Ya en enero del presente curso la SUNDDE y el Ministerio de Educación superior amenazaron con fiscalizar matrículas y aplicar “precios justos” que, como todos los bienes y servicios que han tocado, terminan por desaparecer. La educación privada en todos los niveles es un componente esencial tanto del desarrollo humano tanto como de la empresarialidad, pues ella surge del emprendimiento de unos pocos que, asumiendo riesgos, ofrecen, a través del mercado y el respeto a la propiedad privada –intelectual y física-, áreas de estudio a las que los ciudadanos pueden acceder porque cumplen un principio singular: son los padres, o los jóvenes, quienes eligen qué materias se dictarán o cursarán, respectivamente. En el caso de las universidades privadas sucede de forma similar. Se debería celebrar cada vez que se abra u optimice un centro de estudio, pues ello derivará en mejores y más variadas ofertas educativas a menores costos bajo un sistema de competencia, en vez de pedir más regulaciones y rebajas forzosas de precios que solo evidencian el impacto que supersticiones como el “precio justo” y la “guerra económica” tienen en la psicología humana.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

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