La ambición interventora y explotadora de la sociedad por parte de burocracias gubernamentales parece ser una enfermedad histórica imbuida por ideas y emociones no sólo primitivas sino demostradamente ineficientes. Ya desde Babilonia, La China antigua, Grecia y el Imperio Romano, entre otros, se evidenciaba esta connotada ineficacia desprendida de la aplicación de diversas regulaciones y controles sobre los actores de la cadena productiva y la comercialización de las mercancías, en aquel entonces focalizados especialmente en los bienes de consumo básico –alimentos-, pues se comprendía muy bien desde el Poder las grandes ventajas que una política sistemática de degradación de la propiedad privada y los intercambios libres suponía para su perpetuación en el tiempo.

Esta recurrente intromisión gubernamental sobre las dinámicas de mercado, es decir, sobre la puesta en práctica de los conocimientos, cálculos, riesgos, valoraciones y preferencias que todos nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana -como un proceso muchas veces inconsciente- genera no sólo cuantiosas pérdidas de recursos a la sociedad en su conjunto, sino que también inhibe la siempre deseable aparición de nuevas y mejores ideas de personas comunes que, en un marco alternativo de condiciones y garantías, apostaría por invertir y ofrecer un bien o servicio que satisfaga necesidades, especialmente en un clima de crisis humanitaria como el de Venezuela donde se requerirá de la mayor y mejor noción de compromiso, trabajo e imaginación de sus ciudadanos.

Lejos de todo lo anterior, desde el Ejecutivo nacional y, en general, desde el Estado venezolano, se persigue la instauración y consolidación de un entramado ya no sólo regulatorio, sino impunemente ordenado y sustractivo de patrimonios privados, cuyo estado de visible resistencia a lo largo de estos años frente al atropello de sus derechos roza ya en lo épico y conmovedor, tanto en el caso de propietarios venezolanos como de extranjeros. Ahora parece corresponderle el turno de persecución y asedio a un establecimiento emblemático en el imaginario colectivo venezolano como son las panaderías, asociadas, por un lado, al gentilicio extranjero en tiempos de guerra que confió y apostó por esta nación, y del otro, a la inversión y puestos de trabajo que creó de su emprendimiento en un bien esencial y hasta místico como es el pan. Ya en la Inglaterra medieval las autoridades hicieron esfuerzos por fijar el precio máximo de venta de la harina de trigo y el pan –incluso determinando el precio según el peso de cada pieza-, medida que fracasó con el tiempo por la misma razón que no se puede decretar que el 90% de la harina de trigo será destinada a elaborar pan salado –canillas, campesinos, sobados, pan francés, etc.- y el restante 10% para los demás productos: en primer lugar, por la deformación de la cadena productiva que hace que el panadero incurra en pérdidas y eventualmente quiebre si la medida se sostiene en el tiempo –pues los costos de producción son mayores al precio final de venta, lo que hace imposible la reposición del producto-, por lo que necesariamente se restringe la elaboración de pan salado y con ello se desplome la oferta de este rubro. A fin de mantener abiertas sus puertas, el panadero migrará a la elaboración de otros productos –dulces, cachitos, pasteles, pan dulce, etc.- cuyos precios no se encuentran arbitrariamente fijados, y son las ganancias que obtiene por la venta de éstos lo que le permite subsidiar la producción a pérdida de pan salado, cuya oferta seguirá siempre restringida no por el “egoísmo” o la vileza del panadero, el cajero o el vendedor de la barra, sino porque la acción gubernamental constriñe a los propietarios a un escenario donde ofrecer productos alternativos se vuelve su única opción de supervivencia y rentabilidad, además para la preservación de sus empleados.

Ya lo decía el filósofo escocés Adam Smith en su obra La Riqueza de Las Naciones, “no es por la benevolencia del carnicero o el panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”. Así, las largas colas que supuestamente busca eliminar el Gobierno nacional no surgen de la “perversidad” de los dueños de establecimientos comerciales –pues recordemos que ellos dependen de la preferencia y compra de los consumidores para existir, parafraseando a Smith-, sino de la creación de un precio máximo de venta sobre un producto que causará tal distorsión que muchas personas querrán comprarlo y necesariamente pocas ofrecerlo, dejando insatisfechos tanto a los consumidores que necesitan del bien básico como maniatados  a los propietarios que ven cómo su servicio cae en variedad y calidad. La consecuencia final de esto será no sólo la reiteración de la escasez de pan, sino ahora también de alimentos alternativos elaborados a base de harina de trigo, efecto que los gobernantes conocen y favorecen, lo que hace crucial que cada venezolano también comprenda la magnitud de la crueldad desmedida visualizando sus implicaciones en una situación de hambruna, desempleo y pobreza generalizada.

Las 5 noticias clave:

Detenidos elaboraban brownies con trigo vencido

1) Sancionadas tres panaderías en Caracas tras operativo de la Sundde 

Como quien actúa desinhibido bajo un sistema militar de superiores y subordinados, la Superintendencia Nacional de Precios Justos (SUNDDE), en conjunto con representantes de la Alcaldía de Caracas, la SUNAGRO, la FANB y la PNB inició el llamado “Plan 700”, que tiene por objeto la vigilancia, la delación y el sometimiento de las panaderías privadas de la Gran Caracas a la nueva regulación confiscatoria decretada por el Presidente de la República en días previos. La misma cierra el círculo en torno a la planificación central de la economía inconfundible de los regímenes socialistas tribales, considerando entre sus disposiciones la forma, cantidades y usos de la materia prima -90% para pan salado y 10% para otros-, así como estimaciones del precio según el peso del producto -ya hay varias panaderías intervenidas por esta capcioso protocolo-, la fijación de un máximo de unidades de harina de trigo al mes -300 sacos de harina en depósitos para atender la demanda mensual- y una prohibición de préstamos de la materia prima, entre otros. Hasta ahora, unas 436 panaderías habrían sido inspeccionadas por esta ola de violaciones a la propiedad privada, entre las que se encuentran los establecimientos Mansion’s Bakery, Inversiones Roll 2025 y Golosinas Wokys C.A en cuyos casos también se procedió a la detención arbitraria de sus encargados, dictando una medida de ocupación temporal por 90 días. Lo más dramático, sin embargo, no es atribuible en este caso a la totalitaria SUNDDE y demás órganos mencionados que actúan persiguiendo la abolición final de los derechos de propiedad, sino a la asombrosa –y acaso escandalosa- declaración del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, quien manifestó su acuerdo con la medida gubernamental, pues a su juicio, “si entras en una panadería, consigues cafetería, lunchería, heladería, pizzerías, refrescos, consigues toda una cantidad de rubros que le da una plusvalía a la empresa como para que se sostenga. No entendemos y lo denunciamos hace un tiempo, que si hay tortas, si hay minilunch, si hay pasta seca, debería haber pan“. El desconocimiento de la ciencia económica moderna básica y la adhesión a ideologías empobrecedoras y punitivas de la humanidad conducen no sólo al fortalecimiento del opresor que no encuentra contención alguna en el plano de las ideas y prácticas socioculturales, sino a la repetición de los mismos errores -se trate de un control de precios sobre panaderías o clínicas- de forma cíclica, paradigmas que desde siempre han creado en Venezuela una ilusión de armonía.

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2) Gobierno ocupa fábrica de cheques, pasaportes y tarjetas de crédito 

Una resolución del Ministerio del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial 41.107 el pasado 6 de marzo, dictamina la ocupación inmediata de la empresa Thomas Greg & Sons, operaria en Venezuela de Thomas de La Rue, curiosamente una de las principales corporaciones de impresión de billetes en el mundo, así como de documentos financieros y de identidad –cheques, bonos, pasaportes, cédulas, tarjetas de débito y crédito, timbres fiscales, etc.- por el presunto abandono de sus actividades el 23 de febrero del presente año y por la infracción incurrida al no acatar una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo local, exigiendo el reinicio de sus labores operativas. No obstante, el 1 de marzo la mencionada empresa habría notificado a sus empleados la paralización de sus actividades –no quedando explícito el motivo por el cual tomaba esta decisión- lo que impulsó la medida de intervención y la ya recurrente instalación de una junta administradora, similar a casos como Clorox C.A., Kimberly Clark y Guardian de Venezuela en los últimos años. Lo particular de este caso, al igual que el presentado hace unos días con la ensambladora de vehículos Civetchi, es que ambas tenían al Estado como su principal cliente –en realidad esta última tenía mayoría accionista estatal-, lo que sumado a la falta de información pública disponible, impidan examinar el caso con detalle. Lo cierto es que el Gobierno nacional toma posesión inmediata de una fábrica –desconociendo una vez más el derecho de propiedad de sus dueños, sin debido proceso ni compensación- que produce no sólo billetes en medio de una hiperinflación devastadora, sino que asume el control en la creación de documentos como los pasaportes nacionales que se encuentran bajo observación de todos por presuntos actos de corrupción y discriminación.        

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3) Violencia en el campo dispara precios de las hortalizas

La inseguridad jurídica, la imposibilidad de acceder directamente a materia prima –sin intermediación del Gobierno- y la ausencia de inversión de capital no son ya los únicos problemas que afrontan los productores agrícolas de estados como Guárico, Cojedes, Lara, Portuguesa y Aragua, sino que ahora también deben sortear toda clase de amenazas, ataques e intimidaciones de bandas y megabandas regionales del crimen organizado. Los mecanismos de violencia sistemática se centran en la extorsión, el secuestro y el hurto de bienes de consumo e instrumentos de trabajo, lo que incide directamente sobre los niveles de producción, ya en franco deterioro por lo dicho anteriormente, y también afecta la estructura de costos y eleva decisivamente los precios de venta, combinando la escasez crónica con un cuadro de desincentivos a los privados locales, especialmente por la caída estrepitosa de la moneda nacional. El presidente de Fedeagro, Tony Pestana, se refirió al robo de 2 mil transformadores empleados para el riego de las siembras, lo que restó unas 200 mil toneladas de arroz y otras 130 mil de caña de azúcar de la previsión de cosecha para el pasado año. Instó a conformar un programa de seguridad rural que brinde protección a los propietarios y sus trabajadores, así como al capital aún existente y los alimentos producidos en el sector. Cerró indicando que el Ministerio de Producción Agrícola y Tierras, así como Agropatria, son cada vez más ineficaces e indiferentes en la atención brindada, por lo que se encuentra en riesgo la siembra del 2017 debido a la falta de fertilizantes, semillas suministradas por proveedores internacionales –que reportan deudas crecientes no canceladas, por lo que se cierran las líneas de crédito- y agroquímicos, otrora proporcionados por la privada Agroisleña. De acuerdo al informe de delito organizado 2016, elaborado por el Observatorio de Delito Organizado, la extorsión y el secuestro se ubican en el segundo y tercer lugar de la lista de ilícitos el pasado curso. Recordemos que en los socialismos reales del siglo XX, como China, la URSS y Camboya se practicó toda clase de crímenes agrarios contra propietarios legítimos, de modo que mucho debemos fijarnos en estos casos de violaciones recurrentes a los derechos de propiedad y derechos humanos en general sin quedarnos en consideraciones basadas en mera ineficiencia.   

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4) Aseguradoras venezolanas en crisis: Sanitas tira la toalla y abandona a clientes

La más de una década de control cambiario, así como las regulaciones de precios, la actual hiperinflación y las restricciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para el ajuste de sus estructuras de costos, ha llevado a las clínicas y seguros privados de salud al derrumbe de sus servicios y su progresiva desaparición. Tal es el caso de Sanitas de Venezuela, quien en meses pasados ya generó una gran controversia por intentar incrementar sus tarifas “sin consentimiento” del mencionado ente regulador, ocasionando también la preocupación y el reclamo de muchos de sus clientes. Ya en diciembre de 2016 el prestador de servicios médicos sugirió la posibilidad de cesar sus actividades en Venezuela por inviabilidad económica, pues en la práctica tampoco puede ejercer su derecho de propiedad al revisar su estructura de costos y calcular –aunque hoy en el país está interrumpido el sistema de precios como la economía moderna lo explica- los precios de sus servicios sin que la intromisión gubernamental actúe, sincerándose con los consumidores y demostrando con transparencia a éstos cómo las políticas fiscalizadoras, inflacionarias y fijadoras de precios han conducido a no pocas clínicas privadas a una situación de quiebre técnico, a la merma en la calidad de sus servicios e incluso en las últimas semanas, a una reducción drástica de su nómica de empleados y venta de sus inmuebles. Sólo en un sistema de economía de mercado, abierta y competitiva, podrá empezar a revertirse tanta decadencia socialista que hoy contamina mental, física y espiritualmente a millones de venezolanos sin centros de atención a los cuales acudir.              

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5) 370 empresas del Estado generaron pérdidas por Bs 1,29 billones en 2016

Pocas palabras existen para dimensionar el grado de ignominia y perversidad que refleja este titular y, concretamente, las implicaciones que ocultan la expoliación y el derroche de fondos públicos –en realidad en su mayoría privados a partir del cobro de impuestos y los recursos naturales de la nación que deben ser patrimonio de la sociedad y no del Estado- en un número a todas luces disparatado de mal llamadas “empresas” estatales. Hablar de 1,29 billones de bolívares –esto es, aproximadamente 1.470.000.000 USD calculado a tasa Simadi hoy- es referirnos no sólo al saqueo más grande de la historia de Venezuela, sino más trágico aún, de miles y miles de vidas que hoy podrían tener calidad de vida, lejos de la enfermedad o de la hambruna. Esta investigación de Transparencia Venezuela, que lleva por nombre “Empresas propiedad del Estado en Venezuela”, ha monitoreado y registrado la malversación de fondos practicada impunemente desde Gobierno nacional en los últimos años –consideremos que la cifra sólo incluye el 2016- de compañías como PDVSA y Corpoelec. Ninguna de las empresas reportó más beneficios –pago de impuestos, más y mejores bienes y servicios, preferencia de los consumidores- que el dinero asignado a ellas -500,27 millardos –unos 714.000.000 USD a la misma tasa-, sin mayores auditorías ni vigilancia sobre el uso de los recursos de los venezolanos. A pesar de ello, existen propuestas dirigidas a transformar la surrealismo venezolano de hoy bajo un modelo político y económico muy distinto, por lo que invitamos a todo interesado en ser un factor de cambio a conocerlo a través de la publicación titulada “Por Un País de Propietarios: la agenda de lo que queremos para nuestro país”.            

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

Observador de coyuntura #TuPropiedad