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Boletín 32 | “Por un País de Propietarios” la agenda de lo que queremos para nuestro país

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La profesora Pereira nos propone con su trabajo una suerte de menú para la dignidad humana, para la transformación de la relación sociedad-estado-individuo. “Por un País de Propietarios” no es más que la agenda de lo que yo, al igual que Isabel Pereira, queremos para nuestro país.

Mi aporte o contribución a este trabajo de la Profesora Pereira, lo centro en dos ideas básicas:

  1. El derecho a la propiedad, como un derecho humano esencial, ya está reconocido y protegido de manera expresa en la Constitución de 1999
  2. Para construir el “País de Propietarios” que propone la Profesora Pereira, y que yo comparto, no necesariamente se debe pasar por reformar de manera inmediata la Constitución de 1999.

Boletín elaborado por Gerardo Fernández V.

Puntos claves expuestos por Isabel Pereira

  • La Profesora Pereira en su trabajo define la propiedad como un derecho civil esencial y explica su naturaleza y tratamiento a lo largo de la historia de la humanidad y de las ideologías. Concluye acertadamente, con una gran dosis de elocuencia y argumentación, que la propiedad es fuente de libertad y democracia. Sentencia que el derecho de propiedad, así concebido, dignifica al ser humano.
  • Se denuncia que el gran atentado al derecho de propiedad, como fuente de democracia y libertad, es el “estado patrimonialista”. La autora nos demuestra el origen y causas del estado patrimonialista, para concluir que el mismo “confisca las ventajas comparativas de los ciudadanos”. Concluye que el interés del estado patrimonialista nos es generar valor, sino la consecución de ingresos fiscales que garanticen el poder político; cuando ello ocurre, se desata una suerte de guerra entre el David, que somos los ciudadanos, y el Goliat que es el estado controlador de la propiedad pública. En un estado patrimonialista los costos de transacción para los inversionistas son infinitos e insuperables para la inversión privada.
  • El llamado Socialismo el Siglo XXI no es más que una expresión acabada del estado patrimonialista. La Profesora Pereira demuestra de manera clara y precisa como el Socialismo del Siglo XXI es responsable del ataque sistemático a la propiedad privada, convirtiéndose en la negación misma del derecho de propiedad como fuente de libertad y democracia. El patrimonialismo estatal es la fuente de poder para el Socialismo del Siglo XXI. La mezcla populismo-totalitarismo, reforzado por el estado patrimonial, se convierte en conjunción letal para la democracia y la libertad ciudadana.
  • La profesora Pereira, por su experiencia y desarrollo profesional, sabe caracterizar al venezolano y sus instituciones políticas; por ello, identifica de manera clara y precisa las debilidades del sistema patrimonialista en Venezuela, el cual nos condujo al totalitarismo que nos aqueja. Concluyendo: En nuestro país la democracia se vacío de contenido.
  • La pregunta clave de la profesora Pereira: ¿Que pasa en la Venezuela actual? Y su respuesta resumida es i) en lo político se destruyeron, debilitaron, vaciaron de contenido las instituciones democráticas y, por lo tanto, ya no existen contrapesos que equilibren y frenen el poder desmedido del gobierno y garanticen a los ciudadanos el goce pleno y efectivo de sus derechos fundamentales; ii) en lo económico, existe una debilidad institucional; iii) la debilidad institucional en lo político y económico, reforzado por el estado patrimonialista, que “canibaliza” la propiedad de los ciudadanos, nos conduce irremediablemente al totalitarismo. El comunismo y el patrimonialismo del estado sean constituido en una formula letal para la sociedad.
  • Según Pereira, la clave para triunfar es i) fomentar un “saludable” sistema que consagre el derecho de propiedad y sus atributos; establecer un aparato regulatorio independiente; iii) respeto al estado de derecho y; iv) penalización de la corrupción.
  • La autora propugna por un estado de derecho liberal, que se contrapone al estado de derecho social, concluyendo que el patrimonialismo de estado liquida el estado de derecho. El estado social de derecho fomenta el patrimonialismo de estado.
  • Para la Profesora Pereira, la reforma de la Constitución de 1999 se hace necesaria a los fines de liquidar el estado patrimonialista y hacer el cambio socio-cultural y construir la nueva visión de liderazgo. La agenda para el respeto al derecho de propiedad que propone la autora, pasa por transformar la constitución política. Para lograr el “País de Propietarios”, cuya esencia es el respeto a la propiedad de los ciudadanos, necesitamos transformar la Constitución. La construcción del “País de Propietarios” exige: i) desarrollo económico; ii) sistema eficiente de justicia y; iii) estabilidad democrática.

Lo que dictaminan las leyes en cuanto a derecho de propiedad

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En Venezuela el derecho de propiedad y de libertad económica ha sido regulado por nuestro ordenamiento constitucional desde el nacimiento de nuestra república en el año de 1811. La constitución de 1999, en su artículo 115, tal como se venía regulando tradicionalmente desde 1947, reconoce el derecho de propiedad con todos sus atributos, limitados exclusivamente por la función social y el interés público. Asimismo, para proteger dicho derecho y sus atributos, se prohíbe expresamente la confiscación y se establece la garantía expropiatoria. Por su parte, el artículo 112 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la libertad económica y a la iniciativa privada, cuyas limitaciones derivan igualmente de la función social.

Además, la propia Constitución constitucionaliza o recibe de manera automática en el derecho interno venezolano con rango constitucional, conforme a su artículo 23, las convenciones y tratados contentivos de derechos humanos. En particular, constitucionaliza el artículo 21 de la Convención Americana y el artículo 1 del Protocolo No. 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que consagran el derecho de propiedad, sus atributos sustanciales y las garantías para su protección.

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enunciado claramente el principio general de equilibrio entre el derecho individual a la propiedad y el interés social para determinar la legitimidad de las limitaciones de la propiedad y de la interferencia del Estado en la esfera del propietario:

El derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales. Se puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención, y los principios generales del Derecho Internacional.[1](Resaltados añadidos).

[1]Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga, cit., párr. 60.

Partiendo de lo anteriormente expuesto tenemos, en primer lugar, que existe un expreso reconocimiento en nuestro orden constitucional al derecho humano a la propiedad y sus tributos; en segundo lugar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado como conciliar de manera equilibrada el derecho individual a la propiedad y el interés social para determinar la legitimidad de las limitaciones a la propiedad y de la interferencia del Estado en la esfera del propietario.

En nuestro orden constitucional, el derecho a la propiedad, la libertad de comercio y a la iniciativa privada, como claves para libertad y la democracia, como la señala con razón la autora del libro, están ampliamente consagrados y protegidos. Existiendo, además, las garantía expropiatoria y la prohibición de confiscación, lo cual a mi modo de ver refuerzan y protegen el derecho como tal. Si bien el derecho de propiedad, a la libertad económica y la iniciativa privada no constituyen derechos absolutos, los mismos tienen una amplia consagración, reconocimiento y respeto desde el punto de vista jurídico formal, no solo del poder que se deriva del derecho mismo, sino también de sus atributos esenciales.

La propiedad privada debe ser entendida dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales. La función social como limitación de la propiedad, no habilita a un gobierno o cualquier otro órgano de poder público a menoscabar o violar dicho derecho y sus atributos. Las limitaciones a la propiedad no significan arbitrariedad, abuso, desviación de poder o menoscabo del estado de derecho. Las limitaciones a la propiedad solo pretenden, dentro de un ámbito garantista, darle una función social a un derecho.

 .

Somos del criterio, que el tratamiento constitucional del derecho de propiedad no conlleva el establecimiento de un estado patrimonialista en Venezuela, con los efectos perversos que puede comportar. El régimen jurídico constitucional del derecho de propiedad y la libertad económica no son los que conducen a la arbitrariedad, la desviación y el abuso denunciado por la autora el trabajo que nos ocupa. A ello hemos llegado por culpa de la Constitución. Aquí reside la profunda frustración para los constitucionalistas y el país.

Es más, todo el marco regulatorio de carácter legal, sub legal, las vías de hecho de la administración y la jurisprudencia del máximo tribunal de la república que han venido cercenando sistemáticamente el derecho de propiedad y la libertad económica en estos años, construyendo un entramado pseudo legal, son absolutamente contrarios al orden constitucional. Repetimos, la Constitución no es la culpable de esta situación que vivimos. La Constitución no habla de un modelo de economía comunista o socialista, por el contrario, consagra y auspicia la iniciativa privada y la libertad económica. Conozco las debilidades intervencionistas de la Constitución, pero con ellas podemos “sobrevivir” si la agenda política gubernamental del futuro próximo así lo decide.

En definitiva, somos del criterio, y eso es una buena noticia para todos los que estamos en la línea de Isabel Pereira,, que con la regulación constitucional existente sobre el derecho de propiedad, la libertad económica y el respeto a la iniciativa privada podemos construir el “País de Propietarios” y llevar adelante la agenda que propone la profesora Pereira.

PUNTO 2: Lo que implica la propuesta hacia el país de propietarios

Para lograr el “País de Propietarios” que propone la Profesora Pereira, no necesariamente se debe pasar por reformar de manera inmediata la Constitución de 1999. La agenda para construir el País de Propietarios, según la autora, implica

  1. Fomentar un “saludable” sistema que consagre el derecho de propiedad y sus atributos
  2. Establecer un aparato regulatorio independiente
  3. Respeto al estado de derecho
  4. Penalización de la corrupción.

Somos del criterio, tal como lo afirmamos anteriormente, que la Constitución nos permite fomentar un “saludable” sistema como el que propone la autora del libro. El entramado regulatorio, las vías de hecho y la jurisprudencia que ha impuesto el régimen actual a los fines de limitar la libertad económica, la iniciativa privada y cercenar y violar sistemáticamente el derecho de propiedad es inconstitucional; para cambiar esa situación, solo hay que restablecer el orden constitucional.

Con la actual Constitución podemos, en los términos de la autora, superar el estado patrimonialista y hacer el cambio socio-cultural y construir la nueva visión de liderazgo. La agenda del respeto a la propiedad, el “País de Propietarios” que propone la autora, a nuestro modo de ver, no pasa de manera radical por transformar la constitución política.

El respeto a la propiedad de los ciudadanos y consagrar la importancia de ser propietario; la agenda de desarrollo socio-económico propuesta en el libro; la búsqueda de un sistema eficiente de justicia y; la estabilidad democrática son posibles en el marco de la Constitución.

PUNTO 3: La agenda que nos toca construir

No quisiera pasar como un defensor a ultranza de la actual Constitución, todo lo contrario, como constitucionalista que soy estoy convencido de los errores técnicos, de las fallas y dolencias de nuestra Constitución. Soy un crítico de la Constitución y propugno su cambio a un mediato plazo.

Soy contrario a una Constitución prolija, reglamentaria, que pretende regular en exceso la vida socio-económica de un país. Creo en una constitución que se ocupe de regular la estructura y funcionamiento de los órganos del poder público, consagrando un nuevo sistema de gobierno y una nueva forma de estado, que consagre un sistema de libertades solido no divorciado de la realidad, que elimine las previsiones reglamentarias sobre la actividad económica de un país.  Pero esa será una tarea a mediano plazo, después que estabilicemos el país, le ofrezcamos seguridad jurídica e institucional, claves estas para impulsar el inmediato desarrollo económico y social, siguiendo la agenda propuesta por la autora del libro.

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La Constitución de 1999, nos permite construir el “País de Propietarios”. Eso es una buena noticia. La agenda propuesta en este libro debe ser desarrollada  a corto plazo, es urgente y no espera una reforma constitucional. Soy del criterio, que la aplicación de la “agenda Pereira”, sin una reforma inmediata de la Constitución, inclusive, favorecerá la estabilidad y seguridad institucional y jurídica, claves para la prosperidad, la libertad y la democracia. Luego, más tarde, el país debe abordar el tema de la reforma integral de la Constitución, momento en el cual se abordarán y resolverán los temas constitucionales de fondo.