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Agroisleña fue expropiada el 3 de octubre de 2010, según decreto presidencial 7.700, publicado en la Gaceta Oficial 39.523. El Estado justificó la “adquisición forzosa” de la compañía que tenía 52 años de labores ininterrumpida, con el propósito de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación. El gobierno acusó a Agroisleña de vender insumos con sobreprecios de hasta 250%, “a pesar que el Estado venezolano invertía ingentes sumas de dinero en el subsidio”.

Los productores, gremios afectados y los 1.200 empleados que contenía la nómina de la empresa a nivel nacional repudiaron la decisión presidencial, levantaron su voz de protesta, afirmaron que se trataba de “la medida más dura” tomada por el gobierno contra el sector.

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