Conindustria advierte que la grave crisis económica que vive el país demanda acciones urgentes al margen del proceso de diálogo entre gobierno y oposición.

“Si seguimos tal cual como vamos, si no hay cambios ni en los actores ni en las políticas, 2017 será una continuación del deterioro que hemos visto en 2016. Podemos llegar muy bajo y ver desaparecer una parte de las 4.000 empresas industriales que aún quedan en el país”, dijo el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga.

El dirigente empresarial advirtió que el sector industrial podría experimentar en 2016 una contracción que supere 19% proyectado a principios de año, con lo cual el acumulado de caída del producto interno bruto sectorial de los últimos cuatro años suma ya 40%, lo que significa que el país ha perdido la capacidad de generar $75.000 millones anuales.

“Pasamos de generar unos $250.000 a cerca de $160.000 millones. La economía ya no genera 40% de las actividades que había en 2012, lo que supone una contracción mucho mayor a la que sufrió la economía estadounidense en la gran depresión de 1929”, dijo Olalquiaga en el marco del evento Perspectivas Económicas 2017, en el cual el gremio industrial hizo un repaso de la situación actual y las proyecciones que se vislumbran para el próximo.

Sobre la situación del empleo, dijo que si bien no hay datos cuantitativos que permitan medir la caída de este indicador, Olalquiaga destacó que 96% de los empresarios asegura que ha bajado respecto al año pasado, asegurando que en algunas fábricas la reducción puede alcanzar hasta 60%. “No se están reponiendo los puestos de trabajo de las personas que están saliendo, en especial de talento profesional y personal calificado”, comentó.

Consultado sobre las expectativas en cuanto a las incidencias en el sector del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, recordó que la economía tiene una velocidad más lenta que los acuerdos políticos, que pueden ser implementados inmediatamente. “Por eso hay que tomar medidas urgente ya. De no hacerlo 2017 pudiera ser un año peor”, señaló Olalquiaga.

No obstante, recordó que la economía está atada al respeto de la constitución y al manejo asertivo de las políticas públicas, dos condiciones que considera no se cumplen en estos momentos. “Los que manejan la economía han demostrado que no tienen el criterio suficiente para poder administrar la economía”, dijo Olalquiaga, dejando además por sentado la evidente vulneración del estado de derecho.

Por otra parte, el dirigente destacó que el rol de los industriales es no mantener una queja permanente sobre las condiciones que les ha tocado vivir, sino por el contrario articular propuestas que ayuden a solucionar la crisis que vive el país.

Es en ese contexto Conindustria cree posible poner en marcha 30.000 empresas industriales, con una generación de 2,2 millones de puestos de trabajo, una producción que impulse exportaciones por el orden de $10.000 millones y un crecimiento en la participación del PIB de 22% en el curso de 15 años.

Para que ello sea posible, Olalquiaga cree necesario un cambio rotundo de las políticas y de los dirigentes. “Vemos con preocupación que abundan los populistas y no de estadistas, que es lo que en verdad demanda el país”, sentenció.

– Inflación por las nubes –

Por su parte, y tras hacer un balance de los indicadores macroeconómicos del país en los últimos años, el economista Jesús Casique apuntó que de acuerdo a sus estimaciones y la mayor o menor intervención del Ejecutivo que las cuentas generales, Venezuela podría enfrentar en 2017 una inflación que oscilaría entre 527% y 1.332%.

Recordó que en los últimos tres años el sector manufacturero ha perdido 27,5% de su potencial para generar riqueza, mientras que acumula una deuda que supera los $12.000 millones, datos que dejan entrever que de mantenerse las condiciones actuales el país se enrumbaría en 2017 a otro año de fuerte contracción.

La ley moral la detentan el 95% de los venezolanos, quienes reclaman un cambio de modelo económico ante el brutal e inhumano empobrecimiento, quienes siendo testigos de la destrucción que ha significado la estatización de las empresas hoy defienden a la empresa.

Olalquiaga aseveró que adicional a la corrección de las cuentas del Estado, se requiere en lo inmediato definir un marco legal que potencie la actividad industrial donde se incluyan temas fundamentales como el desmontaje de los controles de precios y de cambio y la eliminación de las guías de movilización. “La rentabilidad es esencial para la recuperación real de las empresas y entre otras cosas, los sueldos que pagan”, destacó.

En el ámbito de políticas externas, el presidente de Conindustria también resaltó la necesidad de establecer acuerdos comerciales binacionales con economías complementarias, como filosofía para construir valor agregado nacional mediante la creación de clusters que hagan más competitivas a las empresas y cadenas de valor que incentiven el comercio internacional.

En materia de política laboral, Olalquiaga señaló la necesidad de reconstruir la filosofía del mecanismo de prestaciones sociales para que este signifique valor real para los trabajadores, a la vez de comenzar la construcción de mecanismos de fondos de pensiones que permitan la planificación para la jubilación de los trabajadores.

En cuanto a infraestructura, el máximo representante del gremio industrial señaló que “es mucho lo que se debe hacer en materia de electricidad, puertos y aeropuertos, en la disposición de desechos y residuos, en reciclaje y contaminación, pero lo principal es la seguridad personal”, sentenció.

Olalquiaga cerró su discurso expresando: “Necesitamos la recuperación para garantizar abastecimiento (…), mejorar los puestos de trabajo para poder cambiar nuestra perspectiva de vida a una que nos provea la oportunidad de sentir que sí somos capaces, que tenemos eso que se requiere para la superación, que dentro de nosotros, como sociedad, puede florecer ese instinto que mueve a las personas por la búsqueda de lo mejor”.

“La creación de industrias requiere de una política de Estado con visión a largo plazo que se instrumente mediante políticas públicas consensuadas entre el Estado y el sector privado (…) Necesariamente debe ser un compromiso de la sociedad organizada, representada por partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y de la academia, entre otros, habiendo acordado la visión y las metas, de manera que éstas trasciendan a los gobiernos de turno”.

Fuente: elestimulo.com