El Observatorio de Derechos de Propiedad alertó que las medidas arbitrarias de la Sundee podrían provocar el cierre de hasta 3.000 establecimientos en 2017

El Observatorio de Derechos de Propiedad calificó como un “errado intento de congraciarse con los sectores populares” los ataques emprendidos por el gobierno a través de la llamada Superintendencia de Precios Justos (Sundee) contra comerciantes e importadores de bienes y juguetes a pocos días de las fiestas decembrinas.

El Observatorio, uno de los programas del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), recordó que el gobierno nacional intentó hacer algo parecido el año pasado, al obligar a locales comerciales a bajar los precios.

“Entran de forma violenta a los comercios que se han arriesgado a realizar sus importaciones con precios de dólar libre y de manera autoritaria obligan a los propietarios  a vender la mercancía con rebajas hasta de 30% sobre el precio ofertado. En algunos casos, llevan a prisión al personal de los establecimientos que manifiesten rechazo por estas acciones”, resaltó la organización a través de un comunicado en el que calificó como “despóticas” estas medidas.

Aseguraron, además, que dichas medidas no toman en cuenta los registros contables de las empresas ni las posibilidades de operación de los comercios en el futuro.

Para el observatorio, estas acciones condenan a los comerciantes al cierre de sus negocios, antes de enfrentar una situación de pérdida total, pues a su juicio esta acción solo provoca ruina.

Falsa protección al consumidor 

En el comunicado, el Observatorio de Propiedad también alerta que este tipo de medidas, de las que fue víctima, por ejemplo, la empresa fabricante de juguetes Kreisel (de la que decomisaron mercancía e invadieron galpones), pretenden dar una falsa visión de protección al consumidor, con fines electorales.

“Irremediablemente provocarán el cierre de alrededor de 30.000 establecimientos para el próximo año”, estimó el Observatorio.

“Con el gobierno de Maduro asistimos al accionar de un régimen que ha pretendido arrebatarnos nuestro principal derecho civil: el derecho de convertirnos por nuestros esfuerzos y capacidades en ciudadanos propietarios”, finaliza el comunicado.

Fuente: El Nacional