Valencia.- Si algo debía caracterizar el rendimiento de una empresa expropiada, de seguro no es lo que sucede en aceites Diana. Los trabajadores lo definen como un antónimo cínico de lo que es “ser revolucionario”. Están molestos. Es otra empresa socialista con números rojos, inmersa en conflictos sindicales y con enormes contradicciones: lo que se hizo para mejorar terminó empeorando todo.

 

Rexol Acevedo entra vestido de rojo al salón de conferencias del Concejo Municipal de Valencia. Lo acompañan trabajadores de la planta en Valencia de la empresa estatizada y unas señoras definidas como el poder popular: consejos comunales que también reclaman por el espiral descendiente en el que se convirtió la productividad de la empresa. “Pasamos de tener una capacidad instalada de nueve mil toneladas mensuales de productos a tener números entre seis mil y siete mil toneladas”. Es decir, una caída de entre 22% y 33%. “Exigimos una auditoría inmediata a la Contraloría General de la República”, clamó el sindicalista identificado con el chavismo.

No hay suficiente materia prima. Y los trabajadores no se lo explican. Diana es una de las pocas empresas con licencia gubernamental para la importación directa. Aún así, dependen de otras estatales, como la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). Esta empresa es la que realiza las transacciones en el exterior y luego revende a Diana en lo que se transforma en un proceso burocrático que, según Acevedo, engorda los bolsillos de alguien con precios hasta 40% por encima de lo normal. “Por eso exigimos hoy la destitución inmediata del general Javier Gámez González”.

Es indignante, para los aproximadamente 950 trabajadores de la planta, recordar el año 2013. El presidente Nicolás Maduro firmó un punto de cuenta para activar “cuanto antes” el proceso de recuperación de Diana, expropiada tres años antes por el fallecido Hugo Chávez. Maduro lo llamó “Plan de Expansión de Industrias Diana”, que costó 76 millones de dólares. “No sabemos qué se hizo con ese dinero. Las obras que se tenían que realizar no se ejecutaron”.

Están a la vista. Las pruebas son contundentes. La prometida refinería que se anunció con la firma del primer mandatario nunca se culminó. Los trabajadores exigen que el vicepresidente, Tareck El Aissami, y el ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, visiten la planta cuanto antes para que constaten la denuncia. Las dos líneas más importantes de la planta: manteca y jabonería, están paralizadas. La primera desde hace cuatro meses y la segunda desde hace tres. La razón es la misma: falta de divisas para compra de repuestos y poco mantenimiento. “Esta es una empresa que aporta el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de Carabobo”.

La memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación detalla que Industrias Diana distribuyó 14 mil 455 toneladas de alimentos. Ello representó un descenso de 79,74% respecto con 2014 en sus 10 plantas en todo el país. Al dramático dato se le suma que la empresa recuperada gastó cinco mil 510 millones 855 mil 597 bolívares, una ejecución del presupuesto de 90%. “Esta gestión es una caja negra”, repudió el sindicalista.

El poder popular fue excluido. Jenny González es vocera del Consejo Comunal de Terrazas de Campo Real. Denunció que desde hace dos años a los vecinos organizados no se les vende de manera preferencial, algo que pasaba antes. “Tenemos 40 consejos comunales suspendidos de la venta preferencial desde 2013. Ya no nos despachan y ni siquiera podemos entrar a la empresa a las reuniones semanales”.

La convención colectiva no se discute desde hace seis años. Eran más de mil 100 trabajadores en la planta Valencia. Pero los despidos son otra causa de molestia para los trabajadores que, el próximo miércoles, harán una toma pacífica de  la sede de la empresa en la zona industrial de Valencia . Allí exigirán que el vicepresidente y el ministro los escuchen. “Hay más de 200 trabajadores que han aceptado una liquidación llamada cajita feliz, un método aplicado por empresas trasnacionales y que rechazamos contundentemente por ser totalmente capitalista y anti humanista”. Acevedo puntualizó que se trata del cese de la relación laboral, en la cual se dan 550 mil bolívares al trabajador por cada año en la empresa, con la condición de que firme su renuncia.

Fuente: http://elpitazo.com/