La Asamblea Nacional realizó este jueves en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, la tercera jornada de la “Consulta Nacional del País que Queremos Todos”.

La actividad se dividió en dos sesiones, matutina y vespertina con 2 ejes temáticos; el primero de ellos se basó en  la presentación de propuestas sobre La Construcción de una nueva economía: Economía popular y Economía solidaria y como segundo tema: Reconciliación y acceso a la justicia, desde el enfoque jurídico.

En este sentido la diputada Adriana D´Elia (Unidad-Miranda) en su intervención como ponente, aseveró que cuando se estudia el tema de la economía popular se plantea por separado del asunto urbanístico.

Al respecto recordó que al inicio del gobierno del expresidente Hugo Chávez, a través del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), se realizó un gran número de estudios en los barrios populares, iniciativa apoyada por una cantidad de recursos invertidos en programas y proyectos.

A juicio de la parlamentaria, estos proyectos estuvieron carentes de dos factores; uno de ellos fue la ausencia del componente institucional, ya que la mayoría de esos planes no se realizaron desde las alcaldías, entes a los cuales les corresponde la planificación urbana y, como segundo factor, la mayoría de los referidos proyectos se realizaron pensando desde las perspectivas del ordenamiento espacial.

“Estos proyectos han sido diseñados pensando en nuestros barrios, como objeto de políticas públicas social. Mejoramiento de infraestructuras, construcción de vivienda, construcción de las escuelas, ambulatorio, servicios de red, acueducto, cloacas, drenajes, alumbrado, pero hasta ahora, no conozco ningún estudio intensivo de la economía popular y su promoción”, señaló D´Elia.

La diputada se refirió a una serie de ideas con el fin de contribuir al desarrollo de una economía popular y solidaria. Entre ellas, propuso la construcción de una visión colectiva, por ser esta un proceso político donde emergen distintos puntos de vista, y se toma en cuenta aquella que permita avanzar.

Sobre las visiones de la economía entre el progreso y el gobierno, expuso el contraste entre ambas. Para el progreso, la economía es pluralista, apoya el emprendimiento, la propiedad privada, la industrialización e innovación, el desarrollo productivo y la capacitación, mientras que en la economía apoyada por oficialismo existe una hegemonía, una planificación centralizada, propiedad social, rentísmo, estatismo y asistencialismo.

Indicó la necesidad de construir un nuevo orden urbano para la planificación del uso del suelo, señalando que en los barrios no existen normas urbanísticas. Sugirió la importancia de los municipios en los procesos de planificación, desarrollo y transformación de los asentamientos urbanos.

De igual forma reiteró que no se pude seguir pensando en los barrios populares como depósito de personas que necesitan asistencia, “siendo estos, lugares de muchas oportunidades”.

El abogado Gerardo Alí Poveda en su rol como ponente, explicó que a través de la consulta nacional de lineamientos y objetivos de la nueva economía, de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (ATRAEM) se pudo conocer que el desarrollo de la economía privada popular es favorable ya que Venezuela cae sostenida e interrumpidamente en situación de pobreza y esta, pudiera ser un antídoto y burbujas de libertad.

Entre las propuestas señaladas por parte de Poveda desde el punto de vista laboral, se encuentra la aprobación de una ley que facilite el tránsito de la informalidad a la formalidad, cuya normativa legal traerá como consecuencia que un porcentaje considerablemente alto del sector informal pese a un mejor nivel desde el punto de vista social y económico. 

Según el abogado Poveda, al aprobar este instrumento jurídico, mejoraría la calidad de vida de siete millones de personas y su familia, según se desprende de los resultados arrojados por la consulta en cuestión.  Sugirió que mientras no se apruebe la ley, se haga la formalización efectiva a nivel municipal, se amplíe el acceso al sistema de microcrédito, se flexibilicen las garantías, se habilite taquilla única y tributos generosos, así como la utilización productiva del espacio público.

Recordó que, según una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) y la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) el mayor sector empleador del país es la informalidad con 58%.

Por su parte el sociólogo Luis Delgado, uno de los ponentes del evento, planteó la necesidad de articular un gran sector de economía solidaria, estimulando una importante Red de Unidades de Producción Solidaria.

Participación de la sociedad civil

Luego de que un total de 6 mesas de trabajo, integrado por un nutrido grupo de personas de la sociedad civil, plantearan diversas propuestas de la Economía popular y la Economía solidaria, el economista Werner Corrales, coordinador de la actividad, resaltó la necesidad de la convivencia entre los planteamientos de la economía privada y la economía solidaria.

Destacó que el emprendedor popular se mueve por la solución de un problema o las necesidades de un entorno o de un grupo. “Se mueve por la cooperación o por un valor de la solidaridad”.

Corrales consideró finalmente, que la figura de un sistema de financiamiento y un plan de seguro se presentan como herramientas indispensables para que tenga éxito la economía popular y la economía solidaria. 

Fuente: Asamblea Nacional