Recientemente fue publicada la edición 2017 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI en sus siglas en inglés), informe medular de la Alianza por los Derechos de Propiedad (APRA) como organización dedicada desde el año 2007 al estudio y evaluación del estado de este insustituible derecho humano a lo largo de 72 países, esencial para la preservación y ejercicio de la libertad individual y el desarrollo humano. Como ha sido tradición en los últimos años, el Índice se encarga de examinar la situación de la propiedad privada en relación con otras instituciones que posibilitan su práctica o garantizan su vigencia, a través de 3 componentes: Entorno Político y Legal,  (Independencia judicial, Estado de Derecho, control de corrupción), Derechos de Propiedad Físicos (protección y registro de la propiedad, acceso a préstamos) y Derechos de Propiedad Intelectual (protección de patentes, control de la piratería), sumando ahora nuevos elementos de análisis que estiman, por ejemplo, la libertad para investigación e innovación, resultados económicos, capital social o igualdad de género y cómo estos indicadores convergen con los derechos de propiedad para causar un impacto en las sociedades.

Desgraciadamente, la calificación de Venezuela en el ranking del IPRI vuelve a ser en extremo negativa, ubicándose en el puesto 126 de 127 países evaluados, sólo por encima de la República de Yemen -localizada en el Medio Oriente y en situación de guerra-, y por detrás de naciones como Chad, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Pakistán. Lo más preocupante y dramático es que el nuestro ocupa el último lugar en la valoración del Entorno Político y Legal (127 de 127), lo cual en efecto se corresponde con la realidad actual y puede ser fácilmente comprobado en los testimonios de millones de ciudadanos que hoy son víctima de la orfandad jurídica e institucional en la que deben desenvolverse, sin tribunales imparciales, seguridad ciudadana, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, acceso a la información y estabilidad gubernamental, escenario que también, además de la tragedia individual –las violaciones sistemáticas a viviendas, comercios y empresas- genera las condiciones idóneas para la rapiña y la depredación en espacios como los del llamado Arco Minero al sur del país, territorio hoy dominado por mafias nacionales e internacionales ante la inoperancia del Estado de Derecho.

Ahora bien, el Índice de Derechos de Propiedad 2017 nos comparte algunas interesantes experiencias de países que atravesaron, o aún lo hacen al presente, por procesos de crisis política y social resultado del paroxismo colectivista que promete paraísos en la tierra irrealizables que desembocan en muerte y miseria, al tiempo que ofrecen algunas encomiables perspectivas que orientan hacia la adopción de las reformas estructurales necesarias para la recuperación nacional: tal es el caso de los países balcánicos del oeste, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Kosovo. Según relata la investigación, el camino de transición para los países la antigua URSS ha derivado en dos grandes grupos: los que lograron mejorar a través de la implementación de instituciones democráticas y que favorecieron el comercio y los negocios, frente a aquellos que se atrincheraron sobre la base de regímenes autoritarios, débiles entornos sin promoción del mercado y los negocios y un virtualmente inexistente Estado de Derecho. De esta forma, los países balcánicos del oeste antes mencionados enfrentaron desafíos y circunstancias políticas y culturales únicas que obstruyen y retrasan sus progresos hacia una sociedad con gobernabilidad democrática, instituciones independientes y libertad económica, lo que demandó una revisión muy íntima y crítica de dichas circunstancias, empezando por reconocerlas como parte del problema y razón del estancamiento, frente a sus vecinos de la Unión Europea que reflejan estándares de vida mucho más elevados.

El desconocimiento, indiferencia y menosprecio hacia la vigencia del Estado de Derecho y los derechos de propiedad como vehículos para motorizar el libre desenvolviendo humano estaban enraizados en erradas categorías históricas y socioculturales producto de la herencia soviética -desde ideas comunistas hasta conflictos étnicos, lo cual impidió la penetración o el surgimiento interno de nociones como la libertad individual, el libre mercado y la importancia de los gobiernos limitados-. Hoy, a pesar de seguir demorando el avance definitivo de estos países, ha quedado demostrado cómo la influencia de las naciones de la Unión Europea –con sus más y sus menos- y el ejemplo de países propios de la península báltica como Estonia -quien ocupa el puesto 25 en el presente IPRI y está bien posicionado en otros índices- han viabilizado algunas modificaciones graduales de esas instituciones e ideas discriminatorias y empobrecedoras, encaminándolos quizá hacia una reformulación que con el tiempo podría ser definitiva, ajustadas al deseo de progreso individual y social, lejos de justificaciones deterministas que inviten a plantear que unos grupos humanos son más capaces que otros, o mejor o peor condicionados por el entorno, lo que se desmiente al analizar el caso de las dos Coreas en la actualidad.

¿Podemos entonces los venezolanos identificar de igual modo las causas de nuestra decadencia y la manera de enmendarlo? Sin duda alguna, pues basta con mirar experiencias en el mundo, identificar los mitos y manipulaciones que nos aprisionan y promover las condiciones políticas y culturales que sostenidamente hagan surgir desde la tradición y la práctica de las mismas personas nuevas formas de organizarnos y hacer las cosas, muchas de las cuales, por cierto, ya sabemos y hacemos –por ejemplo, todos somos propietarios en mayor o menor grado- pero en cierta medida no somos conscientes de, al menos, todas sus virtudes y beneficios por ahora.

Las 5 noticias clave:

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1) Tribunal militar privó de libertad a Carlos Julio Rojas

En un nuevo acto de atropello a la libertad personal, de expresión y de persecución a la disidencia, el periodista y activista social Carlos Julio Rojas fue detenido arbitrariamente por la PNB el pasado jueves 6 de julio mientras se encontraba de compras, sin justificación alguna ni debido proceso, tan sólo por el hecho de pensar, informar y ser un asiduo defensor de los derechos ciudadanos de los vecinos de la Candelaria y otras zonas del municipio Libertador. Luego de permanecer secuestrado por 86 horas, le fueron imputados los espurios delitos de traición a la patria, rebelión militar y “sustracción de efectos pertenecientes a la FANB”, para luego trasladarlo a la cárcel militar de Ramo Verde, lo que lo convierte así en el primer periodista a quien se le atribuyen delitos militares, sin ningún derecho a la defensa. Carlos Julio Rojas, además de ser un comprometido líder comunitario, ha sido valioso aliado y colaborador del Observatorio de Derechos de Propiedad, a través de la denuncia de numerosos casos de violaciones a este derecho humano fundamental en la mencionada parroquia y el norte de Caracas, trabajando organizadamente con las comunidades para repeler numerosos casos de invasiones y ataques deliberados contra patrimonios residenciales. Otra nueva injusticia que se suma a las miles contra la vida, la integridad, la libertad y la propiedad de los venezolanos, por lo que, desde el Observatorio de Derechos de Propiedad repudiamos este vil y despreciable suceso, y nos sumamos a la firme exigencia de los vecinos y ciudadanos de Caracas por su inmediata liberación. 

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2) Cámara de Comercio: “No va a haber trabajo para nadie”

A propósito del reciente anuncio presidencial del aumento de salario mínimo integral a todas las escalas, Darling de Rosas, presidente de la Cámara de Comercio El Tigre, ofreció su punto de vista al respecto, en donde aseguró que nadie gana con este nuevo incremento.
Consideró que “no va a haber trabajo para nadie”, pues un incremento inconsulto cada dos meses, no es la solución para la situación económica que afronta el país. A su juicio, todo esto trae como consecuencia que muchas empresas liquiden personal, y a su vez, se produzca una inflación triplicada.
Expresó que Venezuela es el único país en el que los trabajadores se asustan cada vez hay un decreto de aumento salarial. Si bien es cierto que hasta ahora no maneja una cifra oficial con respecto a los negocios que han cerrado sus puertas, indicó que durante este primer semestre del año, la mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas se han visto en la necesidad de cambiar de ramo para poder subsistir.
Desde su punto de vista, a partir del próximo 15 de julio sólo existirán empresas familiares en Venezuela debido a que los encargados de negocios se verán en la necesidad de minimizar su personal debido a la actual situación económica de Venezuela. Recordó que un país sin empresa privada no puede desarrollarse correctamente, debido a que la misma representa un gran aporte a la nación.
De Rosas cuestionó el hecho de que las organizaciones públicas no cumplen con estos aumentos, a pesar de que se obliga a las empresas privadas a cumplir con los aumentos. Por este motivo aseguró que se trata de una medida descabellada por parte del Ejecutivo nacional, debido a que para nadie es un secreto que ante el actual contexto económico, el país no está capacitado para asumir dicho aumento.
Este lunes igualmente, en la zona comercial de la ciudad, se pudo observar a la ciudadanía realizando compras nerviosas, ante una posible subida de precios de los distintos productos de la cesta básica así como de higiene personal, tal como ha ocurrido con los aumentos salariales anteriores.
 “Un aumento salarial inconsulto cada dos meses no es la solución para mejorar el panorama económico en el país, sino promover y garantizar la producción”, agregó la presidente de la Cámara de Comercio, quien insistió en que una de las salidas a la crisis que se ha establecido en Venezuela en los últimos años, es la de promover de manera sincera, transparente y real, el aparato productivo de la nación. 

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3) Gobierno concreta nacionalización de la empresa OCI Metalmecánica

El 14 de septiembre del 2014 fue decretada por parte del Gobierno nacional la “adquisición forzosa” –expropiación- de la empresa OCI Metalmecánica, bajo la excusa de incentivar, mediante la participación del Estado, la expansión y oferta en la fabricación de carrocerías, ensamblaje de vehículos y materiales a base de hierro para la construcción de viviendas, transferencia de acciones que culminó esta semana. La compañía, antes conocida como Christian y Nielsen Metalmecánica y que en líneas generales trabajó de manera ininterrumpida y satisfactoria en el mercado automotriz e inmobiliario, pues de pronto se encontró, como tantas otras empresas, fábricas y transnacionales bajo el asedio del Gobierno nacional y su visión estatista –que encubrieron con el manto de “estratégico”- de la economía y la sociedad. Hoy vemos los resultados de estas empresas mal llamadas públicas, que no responden a las preferencias, decisiones y demanda de los venezolanos sino a intereses castrenses y partidistas, culminando en la constitución de auténticos espacios para la corrupción y la improductividad.

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4) Pdte de Fedenaga: Las expropiaciones que se intentan hoy son un adelanto de la Constituyente

Tal y como aseguran distintos expertos internacionales, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el Gobierno nacional para el próximo 30 de Julio representaría el paso final hacia la “dictadura del proletariado”, resultado de aquella quimera sobre la que se edificó el pensamiento de Karl Marx en el siglo XIX, en su alimentada envidia hacia la natural diversidad del ser humano y su consiguiente disparidad de resultados, lo que, sostuvo, debía corregirse mediante el Estado y terminaría en lo que hoy se pretende forzar en Venezuela: el igualitarismo primitivo que, en primer lugar, depende de la extinción de la propiedad privada. En este sentido, el presidente de Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Carlos Albornoz, en representación de distintas organizaciones productivas del campo, siguen pronunciándose en contra de la ruptura del hilo constitucional y la convocatoria a una totalitaria ANC. Justamente en represalia de las numerosas protestas del sector agropecuario, Albornoz y su finca La Golgota (831 ha) fue asediada en días previos por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo responsable de la histórica oleada de estatizaciones masivas del campo. Opinó que “las expropiaciones que se intentan hoy son un adelanto de  la Constituyente que pretenden imponer el 30 de julio”, lo que a su juicio conllevará a la apropiación o transferencia por vía de fuerza de los ya reducidos activos de propiedad privada que restan en Venezuela, reemplaza por fachadas de “propiedad social” o “comunitaria” que encubre el monopolio de los medios de producción por parte estamento gubernamental.  

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Panaderia

5) Sundde: Panaderías deben abrir a las 6 de la mañana sin condicionamiento de venta

«Todas las panaderías deben abrir a las seis de la mañana y atender sin ningún mecanismo de condicionamiento de venta, porque la idea es restituir la cotidianidad y evitar el congestionamiento de las personas que van a comprar» fue la explicación de William Contreras, superintendente de la SUNDDE, al referirse a la situación crítica de escasez de harina y desabastecimiento de pan que agobia a los venezolanos, entre tantos otros productos y rubros. Ahora bien, conveniente sería preguntarle a nuestros lectores desde cuando no gozan de una “cotidianidad” digna, o el “congestionamiento” para adquirir alimentos, pues se trata de mucho más que necesidades básicas, las cuales por cierto no podrán ser nunca subsanadas mediante la planificación central de la economía, sino por sistemas donde se respete la propiedad, los intercambios libres, el sistema de precios y la libertad para generar bienes y servicios –en resumen, economía de mercado-. En tanto esto ocurre, como será indispensable en Venezuela para salir del abismo, el despotismo amenaza con una nueva ley contra la especulación y los “precios justos” para cerrar el círculo de dominación y supremacía estatal sobre los restos del aparato productivo nacional, lo que exige desde ya un rechazo masivo, contundente y definitivo de todos los ciudadanos que hoy luchan en las calles de Venezuela por su libertad y su dignidad.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

Observador de coyuntura #TuPropiedad