Si con frecuencia resulta conveniente en todo orden de la vida detenerse a meditar sobre las decisiones y actos que conforman nuestro quehacer diario, considerando que el error y la finitud son ingredientes constitutivos de nuestra naturaleza humana y al mismo tiempo vehículos de reconocimiento para la exitosa mejoría de nuestra condición –desde la autoestima y el desarrollo individual, pasando por las relaciones humanas hasta llegar a los medios y actividades que posibiliten el progreso económico, entre tantas otras según los fines de cada cual-, con más razón debería suceder frente a la adopción de leyes, medidas y políticas que tendrán incidencia directa en el entorno de vida en que nos desenvolvemos, sobre todo si se trata de una nación como la Venezuela actual en donde cada decisión, individual y colectiva, supone no sólo elevados costos con muy estrechos márgenes de error sino que, desafortunadamente, pueden enrumbar al país hacia la súbita y prolongada noche a expensas de numerosas vidas.

Inserto en el retrato de caos, violencia, incertidumbre, dolor y miseria que hoy asciende al interior de nuestras fronteras con la instalación de la espuria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se avanza paralelamente y en silencio con la pretensión de devorar los recursos y espacios naturales de la menguante República, a través de la explotación indiscriminada de áreas ecológicas protegidas para la extracción ilícita de oro y otros metales preciosos, alimentado por el desamparo jurídico y la inexistencia del Estado de Derecho, hoy más cerca de establecer comparación con un Estado fallido totalitario y gansteril. Nos referimos a la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco”, decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial en febrero de 2016 que, según reportes, conllevó una inversión de 4.500.000.000 USD y se extiende a lo largo de 12 millones de hectáreas para la minería al sureste de Venezuela, dimensiones mucho mayores que la superficie de países como Costa Rica y Panamá, sin la autorización y evaluación del Parlamento nacional que señalaría, en aquel momento, que dicha iniciativa “representa una amenaza a la soberanía nacional, al pretender otorgar ilegalmente concesiones o contratos de interés público nacional a 150 empresas de 30 países diferentes”.

Así, la división territorial de la sierra de Imataca y su reserva forestal, los ríos Caura, Caroní y la zona de la Paragua en los estados Bolívar y Delta Amacuro –a los que se puede añadir el parque nacional Canaima-, espacios bajo régimen de administración especial por su importancia ecológica, quedan prácticamente suprimidos del mapa, con las implicaciones étnicas, económicas, ambientales y culturales que tal medida de fuerza involucra, víctimas del aprovechamiento indiscriminado de los recursos por toda clase de extractores furtivos, gobiernos autoritarios, empresas fantasma para la legitimación de capitales y compañías multinacionales de dudosa probidad que no atienden la Constitución nacional y los llamados del Congreso venezolano, transgrediendo así la soberanía nacional bajo la aquiescencia –acaso complacencia- de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y demás autoridades competentes, fotografía impúdica que recuerda a lo advertido por Garrett Hardin y su tesis de la tragedia de los comunes, es decir, el volcamiento hacia la explotación irracional de los recursos que no cuentan con un dueño definido, generando los incentivos para la rapiña y la devastación, pero endosando los costos ecológicos y humanos a los habitantes de las comunidades indígenas residentes.

Y es justamente este escenario el que permite ilustrar las consecuencias desprendidas de la ausencia de derechos de propiedad bien definidos y garantizados por instituciones sólidas, que generen estabilidad y produzcan las condiciones para labrar el camino hacia prosperidad de las personas, especialmente en estas comunidades autóctonas por lo general subestimadas por políticos y funcionarios gubernamentales, que los asumen como ajenos a la globalización, a la economía de mercado, a los negocios y a la comprensión del valor de ser propietarios del subsuelo, así como los recursos en él contenidos, apostando por mantenerlos al margen de sus derechos individuales, familiares e impidiendo el posible despegue de su productividad, entorpeciendo con ello la capacidad de responsabilidad, reproducción del recurso y cuidado del ecosistema como rasgos intrínsecos a la propiedad privada. El Arco Minero es la consumación de una serie de errores políticos y legislaciones cuestionables del pasado –como lo fue en 1997 el Nuevo Plan de Ordenamiento para la Reserva Forestal de Imataca, que permitía la explotación de oro en una porción importante de esta zona protegida inicialmente por la Constitución de 1961- que solamente han asegurado la supremacía del Estado sobre la tierra –lo que significa que en la práctica nadie sea el dueño-, especialmente en zonas vinculadas al petróleo y la minería, negando con ello que se reporten beneficios a los grupos locales, por medio de oportunidades de empleo, inversión o intercambios comerciales que de otra forma se lograrían mediante su participación directa.

Al presente son grandes y delicados los desafíos que enfrenta la sociedad venezolana en su ruta hacia la restitución de la República y la democracia, ejemplo de ello lo representa la arbitrariedad cometida con el Arco Minero, pero también lo es el hecho de reconocer aquellos errores propios que como país hemos validado si aspiramos a desmontar viejos mitos y manipulaciones cuyos frutos hoy recogemos, razón por la cual conviene colocar cada uno en perspectiva procurando evitar el desasosiego casi inevitable en horas tan sombrías, que exigirá de suyo mucha imaginación, astucia y convicción ciudadana. Dijo el gran Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”, reformulado el pensamiento para los venezolanos, al menos para los que así lo decidan cuidadosamente en las horas que transcurren, puede que sea “el precio de la libertad será su dedicación y entrega”.     

Las 5 noticias clave:

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1) Seniat pena con cierre de 10 días a comercios que no laboraron en el paro

Más del 80% de establecimientos comerciales y sus empleados a lo largo y ancho del país decidieron sumarse a la convocatoria a paro cívico nacional, como medida de protesta ante la grosera cadena de abusos y violaciones al Estado de Derecho y los derechos humanos que desde abril ha impulsado el Ejecutivo nacional. En represalia a esta legítima medida ciudadana, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) desplegó a sus funcionarios para sancionar de manera despótica a los comercios que dejaron de laborar el mencionado día, evidenciando una vez más la fragilidad del derecho de propiedad en Venezuela, que hoy depende más de la adhesión a un proyecto político que al trabajo, inversión y productividad que se refleje como medida de beneficio propio y social. Maria Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, expresó que “El Seniat buscó cualquier error en los comercios que cerraron, para aplicar las sanciones. Como en la ley no hay sanción por paro, entonces se inventaron excusas para atacar aún más el aparato productivo. Tengo información de un negocio que fue sancionado con un cierre de 10 días, porque se había saltado un número de factura”. Otro acto de fuerza que deja claro la nueva amenaza que se cierne sobre propietarios y trabajadores.

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Habitantes de Montalbán denunciaron atropellos de PNB durante

2) Habitantes de Montalbán denunciaron atropellos de PNB durante “allanamientos”

Continúa la persecución de la disidencia y la crítica, y con ella se incrementa la represión y toda clase de violaciones a la propiedad a vecinos y comunidades. Ahora fue el caso de los residentes de Montalbán, quienes fueron víctimas de ingresos por vía de fuerza –que no allanamientos, ausentes de debido proceso- de funcionarios de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en modalidad de secuestro, intimidación y extorsión, buscando la captura de manifestantes que, como millones hoy, se levantan contra la tiranía y la barbarie. Los edificios Villa del Este I, Ana Maria, Isabel Carlota, Olga, Villa 5 y Villa 6 fueron severamente afectados ante los procedimientos violentos.     

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3) En Venezuela quedan 12 de 22 líneas aéreas que había hasta 2015

El escritor británico Aldous Huxley comentaría alguna vez que “una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, una cárcel sin muros”. ¿Cómo se haría operativo este modelo opresivo en el mundo de hoy? Pues una posible respuesta a ello podría ser mediante el aislamiento del resto mundo, interrumpiendo las comunicaciones que hoy caracterizan a la civilización y obstruyendo el movimiento humano natural entre países y continentes sin necesidad de levantar barrotes. Esa parece ser la estrategia del actual régimen nacional, cuyos ciudadanos se vuelven cada vez más meros rehenes de sus designios, a raíz de la partida de numerosas aerolíneas internacionales cuya rentabilidad ha caído por completo en un país sin economía de mercado pero sí con férreos controles cambiarios desde 2003, lo que impide el acceso directo a los ingresos en divisas de estas compañías aéreas y haciéndolas dependientes de la benevolencia del Ejecutivo nacional. Recientemente se sumaron al éxodo Avianca, empresa colombiana que adelantó el cese de sus operaciones por motivos de incertidumbre social y política ante la instalación de la ANC y Delta, operaria estadounidense que redujo sus vuelos y finalizará sus actividades para el 15 del presente mes, dejando a muchos usuarios en completa perplejidad y ocasionando más caos y reclusión en los ciudadanos.      

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4) “Ni a las 6, ni a las 12 se consigue pan”

Un equipo reporteril del estado Guárico documento numerosos testimonios de consumidores frecuentes de las panaderías locales en San Juan de los Morros, para conocer sus impresiones acerca de las medidas adoptadas por la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE) en relación a la producción, distribución y comercialización del pan, hoy regulado y vigilado, al igual que los responsables de toda su cadena productiva, como si fueran meros sirvientes dentro de una jefatura tribal, sin autonomía en las decisiones de qué, cómo, cuándo y dónde producir. Los comentarios de los clientes van desde la ausencia total de pan en cualquier horario en cualquier panadería hasta otros que lo consiguen en ciertas horas, luego de pasar por horas de cola. Otros simplemente dejaron de consumir pan ante los costos de tiempo de espera y escasez del producto. Un trabajador encargado de uno de los establecimientos señaló que no disponen de levadura para producir pan salado con regularidad, y sin flujo regular de dicha materia prima. En su libro Economía en una Lección, el economista estadounidense Henry Hazlitt señalaría que “precios y beneficios libres elevarán al máximo la producción y remediarán la escasez con mayor rapidez que ningún otro sistema. Los precios y beneficios arbitrariamente fijados sólo pueden prolongar la escasez y reducir no sólo la producción, sino también el número de empleos”, sentencia esta última que resulta todo un reflejo de nuestra situación actual.

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Además del robo, hubo destrozos

5) Gremio: pérdidas por saqueos sumaron Bs 2 millones

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Waal Raad manifestó que las pérdidas generadas en distintos comercios por los hechos violentos en los últimos días ascienden a los 2 mil millones de bolívares, especialmente considerando los saqueos acaecidos en el centro comercial Camino Real de la mencionada entidad. Sostuvo el dirigente gremial que presuntos bandidos hurtaron mercancía en al menos 14 locales, 12 de la planta baja y dos en el piso uno. Varios dueños de negocios en el centro comercial se indignaron y hundieron en el dolor al revisar sus propiedades y estimar las pérdidas. “Esto era el trabajo de toda una vida. Tengo siete años trabajando en este centro comercial, esto es vandalismo”, contó con lágrimas en los ojos la dueña de una tienda en el piso uno. Trenddy Sport, Unik’S y Domesa, entre otros, fueron los comercios más afectados, en tanto prosigue la incertidumbre en la zona ante el abandono de las autoridades y la ausencia de orden institucional.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

Observador de coyuntura #TuPropiedad

2017-08-05T15:29:23+00:00