El viernes 7 de octubre de 2016, en la Gaceta Oficial N° 41.005, se publicaron las normas para «para regular los mecanismos, términos y condiciones de venta a empresas u otros entes públicos, de un determinado porcentaje del total de producción de una empresa pública o privada, o de un sector productivo, a los fines de estabilizar el abastecimiento oportuno a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)». De esta forma el gobierno se arroga la capacidad para decir lo que han llamado: venta priorizada,  en la que se decide el tipo, la frecuencia, el precio y la cantidad de productos que los venezolanos deben consumir, dando al traste con los pequeños resquicios de libertad económica. En lugar de  dictar medidas para el impulso de la producción nacional, el Estado se erige en el distribuidor de escasez.

Con base a Decretos que expresamente contravienen la Constitución vigente, el gobierno ha incrementado en los últimos meses medidas expropiatorias no sólo de los medios de producción de bienes en Venezuela, sino la incautación masiva de productos elaborados y comercializados por productores y comerciantes del país, para ser distribuidos a capricho por el gobierno nacional. Sin indemnización, pagos o compensaciones, el Estado Central saquea al país según sus pulsiones autoritarias, como un ejército de ocupación extranjero hace uso de un territorio recién conquistado para proveer de botín a sus tropas invasoras. Regulando la producción y comercio de bienes de primera necesidad, el gobierno ahora literalmente expolia a las empresas con el re direccionamiento de los productos a sus redes de distribución denominadas CLAP, instancias que por demás son inconstitucionales y fuera de cualquier legislación orgánica, con un afán depredatorio abominable.

Recordando las palabras de la escritora Ayn Rand, podemos decir: “Una sociedad que roba a un individuo el producto de su esfuerzo… no es estrictamente hablando una sociedad, sino una revuelta mantenida por violencia institucionalizada”.

 

     

            

Las 5 noticias clave:

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1) Prohíben salida de alimentos producidos en Falcón

Stella Lugo, gobernadora del estado Falcón, anunció que en Gaceta Oficial fue publicado el decreto que prohíbe la salida de alimentos producidos en la entidad a otros estados y países, con el fin de satisfacer, en primer lugar, las necesidades alimentarias de los habitantes de la región. Es decir que el gobierno ya no sólo central, sino también regional tiene el atributo de coartar la libertad de cada individuo de comerciar los bienes que produce y adquiere, según la conveniencia política del gobernante de turno.

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2) Decretan que 50% de la producción agroindustrial nacional vaya directo a los CLAP

El presidente Nicolás Maduro emitió un decreto a través del cual el Estado podrá adquirir hasta 50% de la producción de la agroindustria para que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) la redistribuyan. El mandatario hizo el anuncio durante su programa semanal Contacto con Maduro, desde el Cuartel de la Montaña. Transcurrido un semestre de la creación de los CLAP, con este decreto el gobierno de Nicolás Maduro básicamente está «distribuyendo» la escasez imperante en el país, producto de las políticas gubernamentales orientadas a la aniquilación de las libertades económicas.

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3) Empresas Polar denuncia apropiación indebida de harina en Chivacoa

En motos y busetas llegaron a la planta Chivacoa de Alimentos Polar centenares de personas provenientes de los 14 municipios del estado Yaracuy,  para exigir la entrega  de un cargamento de harina de maíz precocida que, según la alcaldesa del municipio Trinidad, Yosmary Guevara, es para dotar a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sobre este fundamento los manifestantes se instalaron en la entrada de la empresa, respaldados por Guevara y otras tres autoridades municipales de Yaracuy, impidiendo con esta acción, la salida a los trabajadores, quienes por medidas de seguridad debieron permanecer dentro de las instalaciones mientras transcurría la protesta. La confiscación de propiedad es una de las herramientas empleadas por el socialismo del siglo XXI, lo que ha llevado a la legitimación de este proceder a todos los niveles gubernamentales. Es así como se procede abiertamente al robo de productos fundamentado en el poder del gobierno municipal sin legislación de por medio.

 

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4) Vicente Brito: Resolución donde se le otorga terrenos a la Misión Vivienda afecta a privados

La resolución número 40998 publicada en gaceta oficial con fecha del 28 de Septiembre pasado, donde el Ministerio de la Vivienda y Hábitat le otorga varios lotes de terreno a la misión vivienda en distintos estados del país, ratifica el desconocimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos al Gobierno vía decreto insiste en construir miles de viviendas en terrenos privados sin cumplir la normativa legal de los derechos de los propietarios establecida en el marco jurídico vigente, según el empresario y ex presidente de Fedecámaras, Vicente Brito. Esto implicaría que el Estado se convierte en usurpador de las propias leyes, a las cuales dice hacer respetar y garantizar, dejando a sus ciudadanos indefensos y huérfanos de hacer valer sus derechos constitucionales y universales garantizados en la Constitución y la carta de derechos humanos, suscrita por Venezuela ante las Naciones Unidas.

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5) Gobierno decomisará autobuses chinos que son utilizados para “conspirar”

Ricardo Molina, ministro de Transporte y Obras Públicas, advirtió este viernes que los autobuses chinos Yutong entregados por el Gobierno están siendo utilizados “para conspirar” por algunos conductores que realizan protestas de calle mientras negocian el aumento del servicio. El ministro, advirtió en declaraciones a VTV, que el Gobierno de Nicolás Maduro “está en la obligación” de decomisar a la unidades chinas que hayan sido entregadas dentro de un plan oficial de transporte. Mediante estas declaraciones, el ministro deja en claro, que todo bien recibido por el Estado no es propiedad de quien lo recibe bajo las condiciones de una ley dada, sino más bien un préstamo arbitrario del gobierno de turno al ciudadano, que debe estar siempre sumiso a los caprichos de la clase política gobernante, sopena de ser castigado.

     

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Elaborado por: Rafael Quiñónez – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

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