Si existe algo que debe acompañar al sistema judicial de todo orden republicano, en las mayores proporciones posibles, es la confianza de sus ciudadanos. Y esta forma de fe, de convicción sublime depositada en un órgano jurídico que más allá de hombres se edifica sobre la base de principios y reglas que exceden en todo momento a la frágil y voluble condición humana -justamente como un mecanismo de contención frente a todo intento ajeno a la justicia, que en términos aristotélicos, congrega a todas las virtudes o es sinónimo de virtud-, representa finalmente el gran pilar central en defensa de la libertad y dignidad humanas, en tanto ha de constituirse por personas independientes de toda línea política para el adecuado ejercicio de sus funciones en las diferentes magistraturas. De entre las tareas centrales de toda judicatura, desde luego según su naturaleza y propósito, se encuentran dos a destacar: en primer lugar, ser la instancia última de control de los demás poderes de índole político, a decir, el Poder Ejecutivo y el Legislativo; y en segundo, aplicar el Derecho a disputas entre individuos o entre individuos y el Estado para la resolución de conflictos, fundamentación ésta última sobre la que reside la seguridad jurídica como garantía, entre otros, del derecho de propiedad. La información antes mencionada resulta capital para todo ciudadano, pues es del desempeño en estas dos grandes y trascendentales faenas que recaerán la confianza y nivel de representatividad que nos identifique o no con la labor judicial de nuestros países, y en tal sentido comprender la importancia que dicho cuerpo y sus correspondientes ramificaciones, a veces vistos como lejanos o desconocidos según el grado de evolución sociocultural que exista, tienen para el desarrollo y la prosperidad.

Desafortunadamente, en Venezuela poco es lo que puede agregarse a la expedita desnaturalización y adulteración de la mayoría de los tribunales nacionales, empezando por el otrora conocido Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás juzgados (civiles, penales, contencioso-administrativo, mercantiles), varios ahora convertidos en nichos de operarios políticos gubernamentales y penetrados por toda clase de instancias, grupos de interés y actividades ilícitas y opresoras de la sociedad, entre las que se cuenta una cada vez más sistemática y deliberada: la indiferencia –y acaso legitimación- respecto a casos de violaciones de los DDHH, como es aquel relativo al derecho de propiedad, fomentando la incertidumbre, el dolor y la desesperanza en miles de personas víctimas que medidas arbitrarias contra sus bienes y patrimonio de vida en los últimos 18 años. De allí que Cedice Libertad, a través de sus colaboradores y expertos, haya elaborado proyectos de restitución y promoción de la propiedad, con propuestas, entre otras, hacia la situación del Poder Judicial.

Domicio Ulpiano, prestigioso jurisconsulto romano, sostuvo alguna vez que la justicia es la virtud esencial que fomenta la armonía de las relaciones sociales, y para ello argumentó que “justo es dar a cada quien lo suyo”, notable concepto que sigue vigente para definir a aquélla. Así, será tarea inaplazable de los venezolanos y de sus representantes llevar al Poder Judicial lo más cercano posible a la idea republicana de independencia, imparcialidad y transparencia, como requisito esencial para, entre tantos, salvaguardar la existencia y protección de la propiedad privada empezando por reparar y tutelar a sus afectados.

 

Las 5 noticias clave:

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1) 2017 inició con el cierre de 400 comercios diarios y anaqueles vacíos 

Las estimaciones del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) para los inicios del nuevo año lucen no sólo dramáticos en cuanto a la oferta de bienes y servicios se refiere, sino quizá peor, en cuanto a la incertidumbre global que rodea al sector privado y toda la cadena productiva en el corto y mediano plazo, inmersos en una economía ampliamente regulada y vigilada. En este sentido se expresó Cipriana Ramos, presidenta del mencionado gremio, al indicar que “sin importaciones, ni producción interna, los comercios no tienen nada que vender”, concluyendo que la escasa variedad de productos en los establecimientos son complementarios de las prioridades alimentarias y de otros órdenes para los venezolanos, al tiempo que también inaccesibles por las atroces distorsiones cambiarias, de precios e hiperinflacionarias. De acuerdo a cifras del INE, la suma de comercios diarios que cesan sus actividades por inviabilidad económica –habrá notado quien lee la poca actividad comercial y la cada vez más precaria diversidad de bienes que se observa en los primeros días del mes de enero- gira en torno a los 400 locales, lo que representa una cifra alarmante por sus implicaciones para la satisfacción de las necesidades humanas en un clima empujado hacia la miseria generalizada por parte del Gobierno Nacional. ¿A qué se debe tal afán de control sobre el comercio y los intercambios libres? Son diversas las razones, pero justamente una es que los políticos, militares y burócratas saben muy bien que esta institución –la propiedad, de la cual se desprenden las anteriores-, limita el poder del Estado, empezando solamente porque genera confianza entre las personas que se benefician mutuamente, creando un clima de autonomía y bienestar tan realista que es insoportable en la quimera socialista.    

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2) Maduro ordenó aumentar 50% del salario mínimo y pensiones  

El Ejecutivo nacional decretó en días pasados un nuevo incremento del salario mínimo en 50% -primero en 2017 y decimoquinto bajo la actual Administración desde 2013-, que pasa así a ubicarse en 40.638 bolívares a partir del 15 de enero. Este anuncio resulta muy grave y pernicioso, al igual que todos sus antecesores, para la malograda economía del país y la capacidad de compra de los venezolanos, que sentirán así el nuevo aumento generalizado en los precios de bienes y servicios como resultado de esta inyección de vitaminas a la inflación –en realidad, hiperinflación que se ubica extraoficialmente en un 830%-. Según varios expertos, no existe desde el Gobierno forma alguna de financiar tal ajuste ficticio y soez más que por medio de la emisión de dinero sin respaldo y el aumento de los impuestos a los ciudadanos, en un marco de caída de las reservas internacionales -10.977 millones de USD-, bajos precios del petróleo -44,82 USD- y exigua productividad nacional -23% de caída acumulada del PIB durante 2016 aprox. por la disminución en las importaciones, los ingresos petroleros y la manufactura-, lo cual convierte a esta medida en un ataque directo a la propiedad privada, al empleo, a la débil moneda nacional -que todos poseemos como propietarios- y a los consumidores. Por tal motivo, se vuelve clave informar acerca de lo que es el salario mínimo para no contribuir a la validación de ciertas fábulas culturales que, en lugar de permitirnos progresar, nos siguen empobreciendo.

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3) Expropiación dirigida por Freddy Bernal causó protestas en carretera de El Junquito

Las llamadas “expropiaciones”, que en realidad han sido expoliaciones, tomas mediante el uso de la fuerza o vías de hecho, son uno de los signos característicos de la abolición de la propiedad privada en Venezuela, encubierto en el ambiguo y oscuro interés general, vocablo muy común ideado para ocultar que los intereses de unos particulares –usualmente, los políticos- son más importantes que los del resto de ciudadanos, aunque se afirme públicamente que los beneficios de tal transferencia coactiva de derechos de propiedad recaerán sobre éstos. Inserto en esta lógica se presenta la acción llevada adelante por Freddy Bernal, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que procedió a la intervención arbitraria de un conjunto de viviendas y galpones ubicados en la carretera Mamera-El Junquito del municipio Libertador, ocasionando un congestionamiento irregular en la zona como resultado de las protestas vecinales contra los desalojos violentos en la zona. La pretendida excusa empleada por el funcionario, ajena como de costumbre a todo debido proceso, fue la de “crear una planta administradora de alimentos” que seguramente sería gestionada por esta entidad monopolista de la recepción y distribución de bienes de primera necesidad. Este es un caso más que se suma a la larga lista de atropellos contra dueños de inmuebles en el nombrado municipio del alcalde Jorge Rodríguez, sin compensaciones de ningún tipo. La expropiación como garantía del derecho de propiedad ha quedado relegada ante la sustracción forzosa de activos en nombre de abstracciones -como el interés general o el bien común-, que pasan a engrosar las nóminas estatales, lo cual deberá ser un aspecto jurídico a evaluar en la futura restructuración nacional, incluso aquella contenida en el artículo 115 de Constitución nacional, para evitar que todos quedemos en situación de vulnerabilidad e indefensión frente al estatismo depredador.            

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4) 78% de los jueces son designados a dedo y vulnerables a presiones

Recientemente, la asociación civil Un Estado de Derecho publicó un informe denominado Propuesta de Investigación Parlamentaria para la Asamblea Nacional sobre la Independencia y Eficiencia del Poder Judicial, investigación en la que se exponen una serie de irregularidades y perversiones tanto en la nominación de jueces –de un total de 3.166, 2.486 ejercen sus funciones sin estabilidad laboral- para las diversas judicaturas del país como en sus mecanismos de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial. En las observaciones finales del mencionado estudio se afirma que no sólo se trata de baja calidad formativa, sino también a una cada vez más evidente afiliación política partidista –directamente conectada con el Plan de la Patria- de los juzgados, lo que sugiere una alta resolución de casos por vía de intereses y no por aplicación de justicia e imparcialidad. Esta deformación de la mayoría de instancias judiciales en el país supone un problema significativo para la sociedad venezolana, que actualmente no goza ni de confianza ni de representatividad en el sistema de administración de justicia, lo cual impide no sólo el tratamiento y reparación de daños a personas lesionadas en sus DDHH –como el derecho de propiedad- sino que coarta la posibilidad de obtener relaciones más justas entre las personas, al ser garante más bien de la impunidad. En su libro La Naturaleza de la Función Judicial, el profesor Francisco J. Delgado explica a propósito de la justicia conmutativa aristotélica y la tarea del juez en las disputas humanas lo siguiente: “la relación es justa cuando cada parte obtiene algo similar, en su valor, a lo que da: cuando ganancias y pérdidas no se encuentran desigualmente repartidas. Al recibir menos de lo entregado se produce la injusticia que el juez trata de corregir. Una razón análoga da cuenta de lo justo en situaciones en que se causa algún daño como consecuencia de determinado hecho ilícito, puesto que lo que el juez procurará allí es la reparación: que quien sufrió el daño obtenga una indemnización equivalente”. La pregunta a la luz de esta importante reflexión sería, ¿cuántas personas a quienes se les ha lesionado su derecho de propiedad –estacionamientos, inmuebles, terrenos, etc.- han obtenido reparaciones materiales –y hasta morales- en sus casos luego de asistir a tribunales? El costo de la inseguridad jurídica es demasiado alto en las sociedades, justamente por ser es un intangible que incentiva la desconfianza y el fraude en las relaciones y que sólo puede estimarse en términos de lo que se dejó de crear, producir y preservar. De esta forma, el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho y del Poder Judicial se vuelve imprescindible para el sano desenvolvimiento de los intercambios, evitando que prosperen crímenes y delitos contra la propiedad y otros derechos fundamentales como los ocurridos en Venezuela.

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5) A ocho años de expropiación de Sambil La Candelaria vecinos claman respeto a propiedad privada 

Una de las jurisdicciones más afectadas por diferentes acciones contrarias a la propiedad privada ha sido la parroquia La Candelaria, ubicada en el centro histórico de la ciudad capital. El equipo del Observatorio de Derechos de Propiedad ha registrado numerosos episodios de expropiaciones, ocupaciones, invasiones entre otros a lo largo de 18 años, en los cuales se ha forzado a los vecinos y propietarios de esta localidad a vivir bajo los estragos de la incertidumbre, la inseguridad y la pérdida. Y dentro esta cronología, asfixiante e ignorada –o legitimada- por la Alcaldía del municipio Libertador y La Alcaldía Mayor –presidida por Juan Barreto- desde el año 2004, se encuentra como hecho central la intervención por parte del Ejecutivo del que sería el centro comercial Sambil de la Candelaria. Carlos Julio Rojas, coordinador de la asamblea de ciudadanos de esta zona sostuvo en relación al caso que “Esta estructura pudo generar 4 mil empleos directos y 6 mil indirectos, 2500 puestos de estacionamiento y mejor calidad de vida para los vecinos. Pero la improvisación y terquedad del Gobierno solo ha traído caos y destrucción de las esperanzas de 250 comerciantes afectados”. Sin embargo, luego de tantos años de una política reiterada de lesiones a la propiedad privada, cabría preguntarse si sólo fue producto de la terquedad y la improvisación de un conjunto de personas cuya ideología consiste en la igualación de las condiciones materiales entre personas naturalmente diversas, sólo quedando en situación de desigualdad-dependencia- frente al Poder. No obstante, ejemplos de alianza y convicción en defensa de la propiedad como la lograda por los vecinos de La Candelaria debe ser motivo de orgullo y una alegoría a la dignidad en medio de reiterados ataques, haciendo un llamado de indocilidad frente a los abusos, la violencia, la extorsión y el robo.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

Observador de coyuntura #TuPropiedad