Recientemente, el Ejecutivo nacional promulgó la extensión por 120 días del Decreto de Emergencia Económica, vigente desde el pasado enero, para afrontar la crítica realidad que atraviesa el país. Junto a la declaración de Estado de Excepción, dicha medida prevé contrarrestar los efectos de premisas como la inflación inducida, la especulación, el valor ficticio de la moneda entre otros, los cuales se resumen en la llamada guerra económica, cuadro diagnóstico que ha acompañado y ocupado el mensaje oficial de forma reiterada desde meses atrás.

Sin embargo, y al margen del evidente divorcio de las causas conducentes al estado de cosas actual o desconocimiento acaso deliberado de la situación política, económica, social, cultural y moral de Venezuela, lo que si se ha comprobado son los resultados recientes de una medida por demás controversial en su legalidad y apego al Estado de Derecho: a saber, la desaparición de cada vez más productos y servicios, la distorsión consumada de los precios, la caída libre del salario real y el poder de compra, la exacerbación de la informalidad y la multiplicación exponencial del hambre, las enfermedades, la conflictividad social y el desempleo, todo ello asentado sobre minuciosas regulaciones y controles estatales que siguen oprimiendo, entre otras, la existencia de propietarios y libre comercio, lo cual hace impostergable la unión cívica en torno a la defensa de la propiedad.                 

Las 5 noticias clave:

El decreto ya está en vigencia

1) Oficializan Estado de Excepción y Emergencia Económica por 60 días 

La nueva prolongación del Decreto de Emergencia económica supone una nueva amenaza para numerosos ámbitos de la vida civil, entre ellos, los derechos de propiedad. En su versión anterior, tal medida rezaba que “… el Ejecutivo podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras (…) los bienes muebles y mercancías necesarios para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros bienes de primera necesidad”, con lo cual se confería estatus legal a la apropiación y/o expolio arbitrario de activos privados que el Presidente de la República considerara. No obstante, la actual versión sostiene, en su artículo 2, númeral 1 que “la adopción de medidas necesarias –sin especificar cuáles- para que el sector público asegure el apoyo del sector productivo privado en la producción (…) el combate de conductas distorsivas como el “bachaqueo” (…) y otros ilícitos económicos”. No caben dudas respecto a la sintonía entre uno y otro Decreto, el cual ratifica en su más reciente versión, si, la potencial toma expedita de cualquier bien de propiedad privada que se estime necesaria para el Estado, en un momento donde la oferta de bienes y servicios (entre ellos alimentos y medicinas) es muy inferior al 28% de la población total.

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2) Ejecutivo declaró la afectación y ocupación temporal de 63 terrenos para construcción de viviendas

La expansión del Estado propietario en Venezuela continúa avanzando sin mayor obstáculo, como lo ejemplifica la medida de ocupación temporal en 8 estados del país para la construcción de viviendas, en réplica a la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la GMVV impulsada desde el Parlamento y analizada con detalle en el Análisis Costo Beneficio del Observatorio Económico Legislativo de Cedice. No resulta sorpresiva, sin embargo, la pronta respuesta que en este sentido el Ejecutivo nacional despliega para, por una parte, continuar asegurándose el monopolio en la oferta de viviendas y, por la otra, impedir la ascensión de inquilinos a propietarios de las personas que habitan en esos espacios (obviando por un momento los cuestionamientos que en materia de derechos humanos tienen para muchos de sus antiguos dueños), en tanto que se asegura la ampliación de la dependencia y el clientelismo político sobre los sectores más vulnerables, evitando así el despliegue de sus capacidades productivas y creadoras.   

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Trabajadores de Polar se mantienen en vigilia en la planta San Joaquín

3) Trabajadores de Polar se mantienen en vigilia en la planta de San Joaquín 

El asedio y obstaculización constante a la empresa privada para el cumplimiento de sus labores productivas por parte del Gobierno nacional presenta hoy un nuevo capítulo, en esta ocasión, contra Empresas Polar, principal fabricante de alimentos en el país. Ya no sólo se trata de masivas fiscalizaciones, regulaciones arbitrarias, comisos, multas y toda clase de atropellos reiterados contrarios a los derechos de propiedad en los últimos años, sino que ahora el cerco alcanza nuevas dimensiones con la negada adjudicación de divisas para importar materia prima, así como la inexistente cancelación de compromisos con los proveedores internacionales de esta industria. El control de cambio impuesto desde el año 2003 sólo ha profundizado la dependencia de la iniciativa privada del Gobierno nacional, quien ostenta además el monopolio sobre la importación de varios productos. En riesgo están diversas líneas de producción tanto de alimentos (la harina precocida) como de bebidas (cerveza y malta), al tiempo que podrían quedar sin ocupación miles de empleados directos e indirectos asociados al conglomerado privado.

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4) Contabilizan 107 saqueos y conatos de saqueos sólo en el primer trimestre

El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró recientemente un auge de las acciones vandálicas originadas por la grave escasez y desabastecimiento a nivel nacional, sobre todo en los estados del interior del país. Tal situación refleja el estado de precariedad social y la ineficiencia por parte del Estado para garantizar el suministro de productos de primera necesidad, concentrando además su atención en la distribución y no en la producción interna, que hoy ha parcialmente desaparecido. Los ciudadanos, burlados en sus necesidades básicas, continúan tomando acciones a mano propia además guiados por la ficción de los “precios justos”, lo cual sólo ha creado una espiral de violencia hacia la poca actividad comercial privada, tanto de agentes de seguridad del Estado como de particulares, sin que se visualice algún tipo de contención al respecto.  

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Síragon sigue desarrollando y fortaleciendo sus programas sociales

5) Siragon sigue desarrollando y fortaleciendo sus programas sociales 

Resulta un hecho desafortunado el que la función empresarial no cuente con un clima de opinión favorable en su desempeño, sobre todo considerando que en ella se encuentra intrínseca el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de la sociedad. Siragon, firma de prestigio en equipos electrónicos y de computación, realizó una donación de sus productos a la Federación de Capellanes en el estado Aragua para contribuir en sus mejoras tecnológicas, en tanto que brindó apoyo a la Residencia Socio Asistencial de Alzheimer de Valencia con insumos personales, así como el otorgamiento de premios en actividades deportivas de los niños en varias localidades. La representante de la Fundación Siragon sostuvo que “procuramos fortalecer y aumentar nuestro compromiso con los venezolanos”, ejemplo tal que dignifica la labor de libre empresa no sólo desde un plano económico, sino también como motivador y acompañante de las comunidades en la consecución de logros conjuntos.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

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