El libre tránsito de personas entre países como principio universal y deseable en el mundo parece enfrentarse hoy a densas tempestades que persiguen alterar la opción individual de elegir sobre la base de emociones, preferencias, ideas y aspiraciones el sendero estimado para satisfacer proyectos de vida que preserven ante todo la dignidad humana. Desafortunadamente, en Venezuela nos hallamos hoy ante una frontera mucho más larga y calamitosa que aquella entre Ureña y Cúcuta, donde miles transitan no para descubrir y prosperar, sino para subsistir y recordar.           

En su célebre texto Libertad de Elegir, Milton y Rose Friedman abordan el contraste entre la Alemania Oriental y Occidental de la postguerra de la siguiente forma: “A un lado de este muro, las calles y las tiendas brillantemente iluminadas son frecuentadas por una población alegre y bulliciosa. Algunos compran productos procedentes de todo el mundo (…) Hablan entre sí o con extranjeros sobre cualquier tema y expresan una amplia variedad de opiniones sin echar una sola mirada hacia atrás por encima del hombro. Una pasarela de menos de cien metros, después de esperar una hora en cola, rellenando formularios y esperando la devolución de los pasaportes, les llevará como nos llevó a nosotros al otro lado de este muro. Allí, las calles parecen vacías; la ciudad es gris y descolorida; los escaparates de las tiendas están apagados; los edificios, sucios (…) Una hora en Berlín Este es suficiente para entender por qué las autoridades levantaron el muro”.

A pesar de que en el nuestro no existan muros físicos, ello no ha impedido a la barbarie socialista configurar nuevas barreras opresivas por medio de leyes arbitrarias, controles primitivos y decretos de cierre condenables, que fuercen la conducta hasta límites degradantes de la condición humana –como lo es la expresión de triunfo y algarabía por adquirir un producto básico-, resignando con ello la otrora indivisible dignidad del hombre libre dueño no sólo de su vida y propiedad, sino arquitecto con su cultura, tradiciones y valores morales de eso que llamamos ciudad.                     

Las 5 noticias clave:

1) Gobierno ocupa filial de papelera Kimberly Clark en Venezuela

Un nuevo episodio de cómo incautar -o coleccionar- empresas privadas, en otro tiempo vanguardistas y generadoras de riqueza en el país, se ha presentado recientemente con la capitulación de la compañía internacional Kimberly Clark de prolongar sus operaciones en Venezuela, ante la inviabilidad económica y ausencia de condiciones favorables a la inversión que hicieran posible su sostenibilidad. A través de un comunicado, la corporación estadounidense fabricante de varias de las más conocidas marcas de higiene personal (Kotex, Scott, Huggies, Kleenex, entre otros) anunció a sus empleados y a la opinión pública el cese de las actividades de producción y comercialización de todos sus productos debido a la ausencia de materia prima, la dificultad de acceder a moneda extranjera y la progresiva hiperinflación, cuadro diagnóstico que los obliga a seguir los pasos de General Mills, Lufthansa, Bridgestone, Latam y Aeroméxico, entre otras. Dejando a un lado las desatinadas declaraciones de funcionarios del Gobierno, así como la vil práctica de persecución a directivos y trabajadores de empresas privadas que se han visto en la necesidad de reducir o detener sus actividades productivas –recordemos el caso de los directivos de la red de practimercados Día a Día-, lo deplorable del asunto es que se repite en gran medida el procedimiento realizado contra Clorox C.A. en el año 2014, cuando luego de ser acorralada en el acceso a divisas para importar insumos y generar sus productos, la corporación decide interrumpir sus actividades por la misma incertidumbre y desincentivos que hoy sobrevienen a Kimberly Clark y tantas otras empresas, para ser finalmente ocupada por el Gobierno nacional sin que hubiese ningún tipo de indemnización ni respeto por los derechos de propiedad de sus dueños, lo que ratifica simplemente la naturaleza de un modelo político desconocedor del Estado de Derecho y, a la vez, el desinterés en promover confianza y estabilidad a pesar de la tragedia en términos de escasez y pobreza.

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2) Gobierno impone más controles con la Misión Abastecimiento Soberano

En su recordado libro Camino de Servidumbre, el economista austríaco Friedrich Hayek inicia el capítulo VII ‘Control Económico y Totalitarismo’ introduciendo un pensamiento del escritor Hilaire Belloc, señalando que “el control de la producción de riqueza es el control de la vida humana misma”. Cabría preguntarse qué hubiese pasado por la cabeza de fecundo literato inglés si hubiese observado con atención, además de otras experiencias colectivistas previas contrarias a la naturaleza humana, el pronunciamiento del presidente de la República informando al país sobre la creación de una peripecia que denominó Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro para potenciar la presencia del Estado en la economía. Pero, no conforme con ello, el mandatario delegó su dirección a un oficial activo de la Fuerza Armada Nacional, entre cuyas posibles virtudes quizá no se encuentre el conocimiento de la ciencia económica moderna para desempeñar una labor tan delicada como trascendental para el actual contexto venezolano. Considerando que no sólo es una designación inconstitucional como el mismo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el mismo confiere al general castrense la potestad ilimitada de tomar las decisiones que juzgue convenientes en materia no sólo económica, sino de otros ámbitos hoy críticos a nivel nacional, funciones que ya ha empezado por cierto a ejercer. A este respecto, en el citado libro, el también filósofo y jurista vienés afirma que “la autoridad directora de toda la actividad económica intervendría no sólo la parte de nuestras vidas que afecta a las cosas inferiores: intervendría en la asignación de los medios limitados con que contamos para todas nuestras finalidades. Y quien controla toda la vida económica, controla todos los medios para nuestros fines, decide cuáles de estos han de ser satisfechos y cuáles no”, desapareciendo con ello la libertad de elegir.

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Agroisleña fue expropiada en octubre de 2010 | Foto Archivo El Nacional

3) Agroisleña demandó a Venezuela ante el Ciadi

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano asociado al Banco Mundial, se ha convertido, ante la ausencia en su mayoría de tribunales imparciales en Venezuela, en la opción para resolver disputas referentes a arbitrajes entre el Gobierno y un gran número de compañías nacionales y extranjeras víctimas de violaciones a la propiedad privada desde el año 2006. La oficialización del Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación conllevó a la primera ola de estatizaciones de sectores “estratégicos” previstos en el proyecto socialista del siglo XXI, entre los cuales se hallaban numerosas fábricas, industrias, empresas, tierras, puertos, entre otros. Dentro de ellos, uno de los casos más sonados fue el suscitado a los dueños de Agroinsumos Iberoamericanos S.L y sus filiales, mejor conocida como Agroisleña, dedicada a brindar financiamiento, apoyo técnico y tecnológico e insumos para el fortalecimiento medianos y pequeños agricultores en el país antes de ver escindida su labor en el año 2010, como resultado de la toma violenta dirigida por efectivos militares luego del decreto presidencial que ordenaba la “expropiación” –aunque para nada se trató de este mecanismo jurídico- de sus instalaciones bajo la excusa de garantizar la soberanía alimentaria. Ante esta arbitrariedad, que afectó no sólo a sus propietarios, sino a productores y consumidores por igual –pensemos en la escasez actual de diversos cereales como el arroz, por ejemplo-, surge esta demanda ante el mencionado organismo y fundamentada en el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela vigente desde 1997, por lo que debería privar la justicia en este caso así como en tantos otros de compañías de orden internacional cuyos activos fueron confiscados sin compensación justa, al igual que se debe auspiciar la misma posibilidad para medianos y pequeños propietarios en Venezuela a partir de iniciativas como la contenida en la Ley Especial de Restitución y Garantías a la Propiedad Privada.

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Decretos de ocupación temporal afectan más de 217.000 m2 en Lara

4) Decretos de ocupación temporal afectan más de 217.000 m2 en Lara

La medida administrativa denominada ocupación temporal se ha vuelto el mecanismo de afectación de la propiedad más recurrente por parte del Gobierno nacional desde que la “expropiación”, en otro tiempo una garantía del derecho de propiedad, se volvió impopular como política de Estado a consecuencia de su relación directa con el aumento de la miseria e improductividad en Venezuela. Hoy día ya no se “expropian” activos de diversa índole, sino que se “ocupan temporalmente”, lo que le evita a la actual Administración Pública tener que cumplir los pasos obligatorios previstos en el ordenamiento jurídico de la medida expropiatoria (declaración de utilidad pública, fines de uso, proporcionalidad de la medida, realización de un juicio ante tribunal imparcial, determinación de justiprecio de mercado y pago previo antes de tomar posesión del bien o los bienes). En esta oportunidad, el Ministerio de Poder Popular para Hábitat y Vivienda aprobó vía Gaceta Oficial la ocupación temporal de distintos inmuebles y tierras distribuidos en los estados Lara, Portuguesa, Nueva Esparta, Mérida, Vargas, Sucre, Amazonas, Apure y el Distrito Capital, bajo el argumento reiterado de construir unidades habitacionales. Sin embargo, como lo indica en la reseña José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, buena parte de estas ocupaciones masivas no han culminado en el objetivo previsto, sino incluso en espacios abandonados sin provecho ni utilidad para las comunidades, e incluso en muchos casos, objeto de invasiones y focos de inseguridad y crimen. A todas luces, parece tratarse más bien de un intento dirigido a generar desconfianza, inquietud y atemorizar al sector privado nacional hoy más que nunca desprovisto de garantías, sin que se reporte ningún beneficio para los ciudadanos más que el aumento de los índices de escasez y desabastecimiento.

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5) Jorge Barroso: Sucre es un municipio de propietarios, de cambio y progreso 

La Cámara Municipal de Sucre presentó en días recientes su informe de gestión correspondiente al año 2015, en donde se estableció el balance de las contribuciones que desde la instancia se han impulsado para apuntar hacia las mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de las condiciones generales que hoy ocupan al país. Uno de los puntos expuestos refirió a los alcances de la Ordenanza de Progreso Popular “Mi Propiedad”, que regulariza la tenencia de la tierra, bajo responsabilidad de la Comisión de Urbanismo de la mencionada jurisdicción. Esta iniciativa, repasada con detalle en el boletín 24 del Observatorio de Derechos de Propiedad, debe ser motivo de satisfacción y apoyo por parte de la sociedad en general, como un aporte desde luego a ser complementado y potenciado para lograr propietarios que disfruten de todas las atribuciones que les corresponden, pero sí deseables y necesarias para promover no sólo la importancia del respeto y garantías a la propiedad privada, sino como una oportunidad de extender –acaso recuperar- la preocupación y responsabilidad ciudadana por el espacio público de nuestros municipios y ciudades, rescatando aquella frase del ilustre inventor croata Nicola Tesla cuando manifestó en su tiempo que “como un hijo de mi patria, creo que es mi deber ayudar a la ciudad de Zagreb en todos los aspectos con mi asesoramiento y trabajo”.

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

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