Uno de los atributos indefectibles de la propiedad privada, distinto a lo que comúnmente se asume de ella, reside en la disposición que ejercita cada individuo sobre su propia mente, corporalidad y actos, todos ellos constitutivos del acervo de facultades que posibilitan la persecución de nuestros intereses y proyectos orientados hacia la idea de mejorar nuestra condición actual. A pesar de ello, uno de los mecanismos históricamente concebidos para interferir y eventualmente anular tal desarrollo individual –basado en el libre albedrío junto a la responsabilidad- y la diversidad que naturalmente se desprende de él, se centra en el sometimiento por la fuerza o por la sugestión no sólo de los que se rehúsan a claudicar en su dignidad humana aún a pesar de los horrores, sino de aquellos cuyo estado de conciencia se configuró alrededor de la instrumentalización de sus propias vidas para la consecución de fines ajenos aparentemente superiores.

En el reconocido y agudo texto El Libro Negro del Comunismo: crímenes, terror y represión, el profesor Jean-Louis Margolin se refiere en el capítulo China: una larga marcha hacia la noche a la reforma agraria y el reajuste de los sistemas de trabajo en la China de Mao de la siguiente forma: Se trata, simultáneamente y en poquísimo tiempo, de alterar el modo de vida de los campesinos, obligados a agruparse en gigantescas unidades de miles e incluso de decenas de miles de familias, donde todo se vuelve común, empezando por las comidas (…) y, por último, de suprimir la diferencia entre trabajo agrícola e industrial mediante la instalación en todas partes de unidades industriales (…) las nuevas empresas rurales debían pagar las comunas en provecho del Estado y de la gran industria controlada por él”. Estos alegatos resultan oportunos de conocer a propósito de la promulgación en días previos de la resolución 9855 impulsada por el Gobierno nacional, por medio de la cual se busca consolidar un nuevo esquema de trabajo forzoso en Venezuela encubierto en un supuesto despegue de las diversas áreas productivas asociadas al campo, violentado con ello diversas normativas nacionales e internacionales en torno a la libertad de elegir de empleadores y empleados según sus intereses y destrezas.

Dichos mandatos, visiblemente arbitrarios y despóticos, no sólo agreden la propiedad de empresarios y trabajadores –en el caso de estos últimos, su propia vida que pasa a ser propiedad del Estado-, sino que se convierte en una nueva invocación de aquel mandamiento que con gran lucidez y pericia introduce George Orwell en su recordada obra La Rebelión en la Granja: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Este y otros temas de interés serán tratados en la presente entrega del Observador de Coyuntura.         

            

Las 5 noticias clave:

La Resolución N° 9855 establece la ?obligación? de las empresas de ?proporcionar los trabajadores y trabajadoras del sector público o privado? para que cumplan con el fortalecimiento del sector agroalimentario.

1) Resolución 9855 obliga a empresas a dar empleados para agroproducción

El pasado 22 de julio, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, vía resolución publicada en Gaceta Oficial, determinó que toda empresa pública y privada tiene la obligación de ceder a sus trabajadores y empleados “con el objeto de fortalecer la producción en aquellas entidades de trabajo de interés social relacionadas con el sector agroalimentario” por un lapso de 60 días prorrogables, disposición laboral que se inserta dentro del llamado Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica vigente desde el pasado mes de mayo. La medida, que sólo ratifica la naturaleza del modelo político que se impone a pulso en Venezuela, viene cargada de distintos elementos violatorios de derechos humanos fundamentales previstos en la Carta Magna nacional y otras normativas nacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), iniciando por la anulación de la libertad personal para elegir el tipo de actividad económica a desempeñar por parte de los integrantes de esas empresas y, con ello, la propiedad sobre sí mismo. De esta forma, apunta más a acelerar el proceso de deterioro productivo de las industrias y fábricas que aún sobreviven en el país, pudiendo ser privados de su fuerza de trabajo para la generación de los pocos bienes y servicios que aún existen y ante la incertidumbre de en qué condiciones podrían regresar sus empleados, pues muchos carecen de las competencias para el desarrollo de la agricultura y las actividades agropecuarias en general. A todas luces, la resolución 9855, además de inconsulta e impuesta, apunta hacia un sendero muy distinto que la recuperación económica e institucional de un país cada vez más empujado hacia el socialismo más primitivo, como las grandes tragedias del siglo XX lo demostraron.

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Un plan de servicios que costaba unos 800 bolívares pasó a costar 1.800 bolívares

2) Gobierno venezolano prohíbe aplicar alzas de precio en servicios de telefonía 

Los sectores vinculados a la tecnología y las telecomunicaciones suelen estar bajo el asedio de constantes regulaciones y controles por parte de no pocos gobiernos en el mundo, en especial de aquellos cuyo poder se base en la dominación de otros y no la protección de sus derechos, lesionando importantes aspectos de lo humano como son el acceso a la información y a los intercambios de diversa índole (internet, comercio, charlas, privacidad, etc.), anulando cualquier oportunidad de desarrollo e innovación en los países. En torno a esta pretensión gira la última orden del Ejecutivo Nacional de suspender el ajuste de las tarifas en los servicios de telefonía de las empresas que operan en el país, mandato implementado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que exhortó a la conformación de “mesas de trabajo” entre los oferentes privados y los funcionarios gubernamentales para llegar a acuerdos. Sin embargo, resulta por demás curioso que luego de hacer un llamado al “diálogo” por medio de las mencionadas reuniones, el propio Presidente de la República amenazó con la adquisición de las compañías de telecomunicaciones que no puedan mantenerse a flote, lo cual parece inevitable dado el marco regulatorio (leyes y controles arbitrarias) y la política inflacionaria generada por la actual Administración pública, combinación ésta que hoy genera estragos en Venezuela.

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Vladimir Padrino López, ministro de Defensa | Captura de pantalla

3) Padrino López: se han alcanzado 241 empresas y tenemos data para aumentar la producción

La expansión del control militar en las actividades de orden civil -vigilancia y discrecionalidad- parecen consolidarse cada día. Así lo expresó recientemente el general Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, al indicar que “se ha alcanzado un 40% del universo de empresas planteadas por el Ejecutivo”. Entre los objetivos del mencionado decreto presidencial se encuentran la construcción de un nuevo sistema  de distribución y comercialización, la conformación de un nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y precios justos, entre otros. En realidad lo que se plantea es eliminar la función empresarial y el emprendimiento, junto a los pocos resquicios de señales de mercado por medio de la formación de precios y la existencia de garantías a la propiedad privada, como única forma real y comprobada de asignación-aprovechamiento de los recursos para la generación de riqueza que permita la satisfacción de las necesidades humanas. Desafortunadamente, nada de esto preocupa a un Gobierno nacional cada vez más entregado al socialismo primitivo y al militarismo, fenómenos que hoy condenan a cada venezolano a la miseria y la hambruna. 

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Inspectoría del Trabajo ordenó detención de gerente de Polar San Joaquín

4) Inspectoría del trabajo ordenó detención de gerente de Polar en San Joaquín 

El continuo asedio y persecución hacia Empresas Polar por parte del Ejecutivo nacional no se detiene. En días recientes, el gerente general de la planta de San Joaquín ubicada en el estado Carabobo, Oscar Suárez, fue detenido de forma irregular por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de un supuesto desconocimiento de reenganche de unos 300 empleados de la mencionada fábrica y posterior a la orden emitida por la Inspectoría del Trabajo -siguiendo las directrices de la cuestionable Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), uno de los instrumentos legales más arbitrarios y coercitivos del entramado regulatorio vigente-. Estas medidas, que fustigan a la empresa privada venezolana y a los pocos oferentes de bienes y servicios, sólo ocasionan mayor desabastecimiento, escasez e incertidumbre, pues se suman a los constantes comisos de mercancías o agresiones contra las unidades de transporte de la mencionada empresa que impiden el despacho de productos a los distintos establecimientos comerciales, favoreciendo así a la corrupción y la informalidad. Mientras el mercado laboral no sea abierto, es decir, por un parte las empresas puedan contratar o prescindir del personal en base a su rendimiento y capacidad para producir y, por el otro, no se acrecienten las oportunidades de inversión para la creación de nuevos empleos privados de calidad, las condiciones económicas y sociales del país seguirán decayendo. Las agresiones contra Empresas Polar representan una agresión en realidad a todo consumidor, a la vez que violentan su libertad de elegir como ya ha ocurrido con la ocupación o cierre de distintas industrias –recientemente Kimberly Clark-, y debe llamarnos a la reflexión respecto de la impostergable revisión ciudadana de leyes virulentas como la LOTT que afectan en definitiva al propio trabajador, impedido de prosperar a partir de su esfuerzo y la disposición de su propiedad.     

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Quevedo: Vamos a profundizar la construcción de viviendas

5) Gmvv seguirá impulsando “de manera acelerada” toma de terrenos urbanos

La Cámara Venezolana de la Construcción, mediante un comunicado, instó al Gobierno nacional a reconsiderar su política de ocupación temporal de terrenos para el supuesto fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en vista de los cada vez más deficientes resultados que ha arrojado dicha medida y los enormes costos que supone para los ciudadanos –aumento del gasto público bajo un cuadro de estanflación, déficit fiscal y pobreza crítica-, repasados con detalle en los boletines 21 y 22 del Observatorio de Derechos de Propiedad. No obstante, y como es ya frecuente en los funcionarios de la actual Administración Pública, el titular de la cartera Hábitat y Vivienda Manuel Quevedo aseguró, en respuesta al mencionado comunicado y evidenciando su disposición al diálogo, que “la única reconsideración que vamos a hacer, es la toma acelerada de esos terrenos y viviendas”, en tanto que descalificó cualquier propuesta alternativa impulsada desde la Asamblea Nacional y prometió mayores regulaciones en materia del mercado inmobiliario y secundario. Se debe reiterar a la ciudadanía que cualquier tipo de toma arbitraria, respaldada desde luego por leyes violatorias de la dignidad y derechos fundamentales de las personas, fortalecerá solamente la espiral de pobreza y dependencia de los ciudadanos frente a un Estado cada vez más hipertrofiado y amorfo, en tanto que derivará en un incremento de los índices de inseguridad y violencia que ha caracterizado al menos a buena parte de estos urbanismos.         

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Elaborado por: Carlos Herrera – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: carloshcedice@gmail.com

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