El artículo 112 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes …El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía, e impulsar el desarrollo integral del país”.

El derecho de libertad económica consiste en el reconocimiento a “Todas las personas” de la libertad para asumir la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en el propio Texto Constitucional y en la ley. Sin embargo, el gobierno desde hace años el Estado ha estado interviniendo férreamente en los sectores primarios y secundarios de la economía, a través de estatizaciones y expropiaciones más allá de las potestades que la Constitución y las leyes orgánicas de la República le concede. En el sector terciario comercial, el Estado se había limitado su acción a través de legislaciones de control de precios “justos”, pero desde los primeros meses de este año, a raíz del Decreto de Emergencia Económica primero y luego la Gran Misión Abastecimiento, la estatización y militarización de la actividad comercial del país ha progresado de manera galopante dentro de nuestras fronteras.

El 18 de enero del 2016, se publicó en Gaceta Oficial el Decreto de Emergencia Económica que le da amplias potestades al gobierno de regular e intervenir en todos los sectores de la economía venezolana, con especial énfasis en los sectores de comercialización y distribución de bienes de primera necesidad. En  julio del 2016, el Presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (GMASS),  la cual se concentrará en los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial para combatir la “guerra económica, encabezado por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien tendrá atribuciones para dictar regulaciones  y medidas especiales a empresas y oficinas públicas, en el marco del Decreto de Emergencia Económica. Esto se ha traducido en una creciente intervención del sector castrense para estatizar las redes de distribución de bienes de primera necesidad.

El 12 de agosto del 2016, el presidente Nicolás Maduro informó que en el marco del decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción designaba al jefe de la GMAS, general Padrino López, como autoridad única de los mercados municipales en los que intervino dicha Misión. Esto implicó que la intervención plena del Estado en el comercio de bienes no dejará de crecer en el corto plazo, vulnerando la libertad económica de todos los ciudadanos.

     

            

Las 5 noticias clave:

 

La Resolución N° 9855 establece la ?obligación? de las empresas de ?proporcionar los trabajadores y trabajadoras del sector público o privado? para que cumplan con el fortalecimiento del sector agroalimentario.

1) El Zulia comerá lo que envíen desde Caracas

Desde la segunda semana de febrero el déficit de alimentos disparó alarmas y acciones a seguir para dar de comer a cuatro millones de zulianos. Tras lograr la importación de bienes de Colombia, se acordó con el sector privado mantener márgenes de ocho y 12 por ciento de ganancias, satisfaciendo el consumo, pero algunos elevaron el beneficio al 200 por ciento desvirtuando el convenio según Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno del Zulia. La Gobernación rechaza la “manera artificiosa para enriquecerse de la noche a la mañana. La Gobernación del Zulia propone restringir la distribución de los productos regulados de Colombia a tiendas privadas de la región  mientras incrementan el número de bienes a los CLAP.  De esta forma, el Gobierno de Zulia se atribuye la potestad de restringir las importaciones de primera necesidad en la región y decidir a qué redes de distribución destinar dichos productos, privando a los ciudadanos de su derecho a participar en dicha actividad y tener libertad de elección de que bienes desean consumir…

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Un plan de servicios que costaba unos 800 bolívares pasó a costar 1.800 bolívares

2) 7 datos que usted debe saber sobre cuánto come y qué está comiendo el venezolano

El 9 de agosto de 2016, el diputado Miguel Pizarro, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, publicó un estudio sobre la alimentación en Venezuela realizado por la encuestadora More Consulting. La encuesta hecha a dos mil personas vía telefónica entre el 8 y el 12 de agosto respetó “los pesos por regiones, géneros y rangos de edad del Registro Electoral a nivel nacional”. Entre otros datos, al ser consultados sobre las dos principales formas que utilizan para conseguir su alimento, los entrevistados destacan que la mayoría acude a redes de supermercados privados (37,8%) y luego, de forma complementaria, a intercambios de productos con familiares u otras personas. La segunda opción más mencionada entre las formas principales de acceso fue mediante buhoneros o comerciantes informales y revendedores de productos regulados (conocidos como “bachaqueros”). A pesar de que nadie lo afirmó como primera opción, 15,7% afirmó que consigue alimentos entre los residuos de comida que son desechados por establecimientos comerciales, un porcentaje mayor al de quienes adquieren comida mediante los CLAP, que es apenas un 13,6% acumulado entre quienes afirmaron conseguir alimentos por esta vía como primera y segunda opción. En resumen, la mayor parte de los venezolanos recurren a establecimientos privados para adquirir sus alimentos, ya sea de la economía formal o informal, en contraste  menos del 15% de los venezolanos tienen acceso a productos de primera necesidad vía CLAP, modalidad estatizada de adquirir bienes de primera necesidad.

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Vladimir Padrino López, ministro de Defensa | Captura de pantalla

3) ATRAEM: Militarización de mercados municipales criminaliza la economía

La Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (ATRAEM) rechazó la militarización de los mercados municipales en el marco de las medidas adelantadas por el Ejecutivo para enfrentar “la guerra económica”. El directivo de la organización, Alí Poveda, subrayó que la medida no soluciona los problemas de producción y escasez, al mismo tiempo que “arrebata a las alcaldías la potestad de administrar y organizar los mercados municipales”. La declaración hace referencia al anuncio hecho a mediados de agosto por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de entregar la gestión de los mercados municipales a oficiales de alta jerarquía, decisión que fue seguida por una fuerte presencia militar en varios mercados de Caracas y del interior del país, por orden del mayor general Vladimir Padrino López, quien lidera la Gran Misión Abastecimiento Soberano. La militarización de los mercados mayoristas municipales ha incrementado la participación de la economía informal en el mercado de productos de primera necesidad, contrario a lo que el Estado Central afirmaba que quería lograr.

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Inspectoría del Trabajo ordenó detención de gerente de Polar San Joaquín

4) Detuvieron a 8 trabajadores de Cervecería Polar en Acarigua

Ocho trabajadores de Cervecería Polar fueron detenidos la mañana de este martes en la planta de Acarigua, estado Portuguesa. La cuenta de Twitter de Empresas Polar informó que efectivos de la GNB ingresaron al lugar sin ninguna orden de detención. Decomisaron los teléfonos celulares de todos los trabajadores que se encontraban en el sitio. El gobierno nuevamente trata de intimidar a empresas Polar a través de arrestos ilegales a sus trabajadores, al ser imposible probar que la empresa acapara y especula con sus productos como afirma la tesis gubernamental de la Guerra Económica.

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Quevedo: Vamos a profundizar la construcción de viviendas

5) Vielma fue designado para hacer compras importadas para Mérida, Barinas y Caracas

El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, informó que fue designado para hacer comprar de productos en Estados Unidos, Panamá, Brasil y Bogotá para los estados Mérida, Barinas y capital venezolano. “El presidente (Nicolás Maduro) delegó en el gobernador Vielma Mora la compra de alimentos y otras necesidades en el gobierno de Panamá, Colombia y Estados Unidos. Es por ello que he mandado a unos funcionarios de la gobernación a que hagan lo propio en mi nombre en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y Colombia”, dijo Vielma en una radio gubernamental. Al jefe de un gobierno regional se le da la potestad para comerciar y distribuir productos de primera necesidad, mientras que a los empresarios privados que han demostrado ser más eficiente en esa función, se les estigmatiza.

     

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Elaborado por: Rafael Quiñónez – investigador Observatorio de Derechos de Propiedad

Para más información: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

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