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Cuando a un abogado en el ejercicio privado se le consulta acerca de las condiciones (requisitos, obligaciones, prohibiciones, sanciones, etc.) que se deben conocer y cumplir para, por ejemplo, efectuar una inversión en un mercado determinado de una sociedad, aquél basará su análisis en la identificación de las disposiciones jurídicas (contenidas en los artículos de leyes mercantiles, laborales, tributarias, urbanísticas, etc.) aplicables al caso concreto, y en una determinada interpretación de esas disposiciones jurídicas (esto es, del texto escrito en esos artículos), ya que, en general, éstas admiten más de una interpretación posible. Y es de esta interpretación que dependerá la conclusión y las recomendaciones que el abogado formulará a quien le solicitó la consulta.

Lo mismo deberá hacer el abogado que labora como funcionario para la Administración Pública al que se le pide evaluar si se puede o no adoptar una decisión administrativa para permitir, prohibir, suspender o autorizar una cierta actividad económica privada, o la abogada que trabaja como funcionaria judicial a la que se requiere en un tribunal elaborar un proyecto de sentencia para resolver una controversia (si hubo incumplimiento de contrato, si hay daños patrimoniales que reparar, si procede una medida cautelar para suspender los efectos de una decisión administrativa, etc.). Ambos profesionales tendrán que identificar las disposiciones jurídicas aplicables, y acto seguido tendrán que interpretarlos de una forma lógica, razonable y argumentada, para generar una conclusión respecto de qué hacer en el caso concreto que les correspondió analizar.

La interpretación (definir el sentido y efectos de las disposiciones jurídicas) es, entonces, una actividad esencial en todo caso en que sea necesario aplicar disposiciones jurídicas a un caso concreto, y es de la interpretación que deriva lo que en sentido estricto es la norma jurídica que debe ser cumplida obligatoriamente por todos los destinatarios bajo amenaza de ser coaccionado a ello en caso de incumplimiento injustificado, y de soportar sanciones por dicho incumplimiento.