Project Description

Boletin 44: Frente a las violaciones: documentar, denunciar y difundir

 

En esta entrega número 44, en la sección La Lupa, en el artículo “Frente a las violaciones: documentar, denunciar y difundir”, Ana María Carrasquero M. presenta el balance global de las cifras registradas durante 2017 por el Observatorio de Derechos de propiedad. Los resultados son elocuentes, los derechos de propiedad más vulnerados fueron los del sector comercial de la economía venezolana, esto a través de las actuaciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Frente a este patrón es menester llevar adelante la documentación de las violaciones a este derecho.

En la sección de Historias Ciudadanas, Fanny Migliore hace un recuento de lo sucedido a la productora Mabel Rojas. Estos acontecimientos alcanzaron notoriedad en el Twitter a través de la etiqueta #FuerzaMabel. El intento de decomisar un porcentaje de la carne, así como lo ocurrido a los productores apureños de queso que intentaban distribuir su mercancía a los grandes centros de consumo, prueban cómo los productores, a pesar de todos los embates, siguen resistiendo las arremetidas gubernamentales.

Finalmente, en la sección reflexión, con la frase de Rosa Luxemburgo “El liberalismo económico es la zorra libre en el gallinero libre, Rafael Quiñónez nos habla del significado de las regulaciones y la libertad. Establece una comparación entre un mercado estatalmente planificado y un mercado libre, la misma permite entender por qué en una economía planificada existen los zorros, mientras que en una economía libre, solo existen los seres humanos.

LA LUPA: Frente a las violaciones: documentar, denunciar y difundir

Por Ana Ma. Carrasquero M.

Al revisar índices como el de Libertad Económica elaborado por The Heritage Foundation, The Wall Street Journal y una red de centros de estudios entre los que se encuentra Cedice Libertad, Así como el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés), de la Alianza por los Derechos de Propiedad, sorprende y preocupa que Venezuela sea de los países que de forma consistente ha tenido un puesto reservado entre los últimos lugares, lo cual habla del deterioro continuado y sostenido del que ha sido víctima el país con el intento de imponer eso que llaman socialismo del siglo XXI.

Si se consultara la apreciación de algún vocero gubernamental sobre este tema, damos por descontado que el centro de sus respuestas sería la Guerra Económica, ese artilugio discursivo que se han fabricado y que sirve como panacea frente a todos los males que nos aquejan como país. Entonces dejaremos que hablen los datos recogidos en el monitoreo del 2017.

Como parte de la misión del Observatorio de Derechos de propiedad, se lleva adelante un monitoreo de base diaria de las vías de hecho empleadas por el gobierno para vulnerar el derecho de propiedad. Como fuentes de información se consultan las Gacetas Oficiales, los sitios web y redes sociales de los organismos gubernamentales y de sus voceros. Esto se complementa con la revisión de noticias y la sistematización de casos de víctimas.

Las cifras contabilizadas por el Observatorio corresponden a los casos que fueron registrados y/o verificados a partir de las fuentes monitoreadas, sin que necesariamente las mismas expresen la totalidad de las vías de hecho ocurridas en el período monitoreado. Esto se debe a que en algunas oportunidades la información a la que se tiene acceso es parcial y no permite recoger la totalidad de los casos. Razón por la cual se puede asegurar que las cifras que se presentan seguramente son menores a la cantidad de casos que ocurrieron en la realidad.

Vía de hecho – afectación al derecho de propiedad 2017 TOTALES
Cierres 12
Comisos 186
Multas 1.011
Expropiaciones 3
Fiscalizaciones 9.341
Intervenciones 5
Invasiones 6
Ocupación temporal 10
Regulación confiscatoria 16
Saqueos 1.189*
Rescate de tierras 73
Totales 11.852

Ahora bien, al revisar las estadísticas de 2017 se puede apreciar que el patrón que se ha venido presentando durante el mandato del actual ejecutivo es consistente, la concentración de ataques al derecho de propiedad se ha situado en el sector comercio, a través de la actuación de la Sundde. Es así que se registraron 9.341 fiscalizaciones. De dichas fiscalizaciones se derivan los cierres, los comisos y las multas. Por lo que se puede asegurar que se mantiene la política gubernamental contra el derecho de propiedad emprendida en 2005, cuando ocurrió la primera expropiación. Dicha política ha mutado en las vías de hecho que se emplean, ya que para 2017 se registraron 3 expropiaciones y 73 rescates de tierras, a diferencia de la gran cantidad de expoliaciones a empresas y terrenos agrícolas que se consumaron durante el mandato del fallecido Hugo Chávez.

En el 2017 llama la atención la gran cantidad de saqueos que se registraron. Entre abril y julio se contabilizaron 1.182 saqueos a comercios ante la mirada complaciente de las autoridades, que en algunos casos participaron de ellos, como quedó registrado en los videos difundidos por las redes sociales. Así como más de 186 allanamientos ilegales y agresiones a edificios y viviendas en todo el país, cometidos por cuerpos policiales y militares.

Se podría pensar que la divulgación de estas estadísticas es una forma de colaborar con el régimen para infundir temor a los ciudadanos, porque se les está diciendo que la amenaza de vulnerar el derecho de propiedad y por consiguiente su libertad, es real, porque se habla de que es el Estado, el llamado a garantizar y proteger los derechos de los venezolanos, aquel que los vulnera. Nada más lejos de la realidad.

La documentación de las violaciones de derechos humanos en general y del derecho de propiedad en particular son cruciales, ya que permiten dar cuenta de si se está o no frente a patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos. El registro permite crear expedientes que serán de utilidad, según sea el caso, para la justicia nacional o internacional, lo que a su vez contribuirá a luchar contra la impunidad y la garantía de no repetición. Adicionalmente, viabiliza la elaboración de mecanismos de alerta, la puesta en marcha de correctivos y la posibilidad de derogar y/o sancionar leyes.

Les invitamos a visitar la sección de estadísticas en nuestra página web, para conocer con mayor detalle las cifras que dan cuenta de la política sistemática de ataque contra el derecho de propiedad, infringido por el Estado Venezolano. Frente a las violaciones de derechos humanos lo peor que se puede hacer es guardar silencio, es deber de todos documentar, denunciar y difundir.

HISTORIAS CIUDADANAS: #FuerzaMabel

Por Fanny Migliore

Recientemente dos fincas en manos del Estado, Miraflores y Cantarrana en Mérida y  otras haciendas privadas, fueron objeto de ataques por parte de personas que en un arrebato de salvajismo descuartizaron animales en plena vía pública, suceso repudiable que lejos de ser penalizado y analizar las causas para evitar nuevos brotes de saqueos en unidades de producción rural, ha sido seguido por decretos de prohibición para la movilización de ganado bovino en pie y productos derivados de la actividad ganadera como carne, leche y queso en los estados Apure, Bolívar, Táchira, Zulia, Barinas, Guárico y Cojedes, penalizando así a los trabajadores de los estados agrícolas más eficientes e incrementando el desabastecimiento en el resto del país.

A pocos días de la implementación de tales decretos confiscatorios, el 22 de enero, el ministro de la Defensa, en su rol de jefe del Órgano Superior del Comando para el Abastecimiento Soberano, dictó una resolución en la que exhorta a las autoridades regionales y municipales a abstenerse de ejecutar acciones de control y distribución de alimentos, dejando sin efecto las disposiciones contenidas en los decretos confiscatorios.

Cinco días después de la invalidación de los decretos, Mabel Rojas, productora guariqueña, fue víctima de un atropello por parte de las autoridades municipales del estado Guárico que dejan ver claramente la naturaleza autoritaria del régimen a través de sus subyugados órganos locales. Mabel intentaba transportar 71 reses al estado Sucre, pero los funcionarios municipales obviando las disposiciones del decreto que invalida la prohibición de movilizar productos a otros estados del país, intentaron detener la carga.

Tras más de 15 horas de ser detenidas, las 14,7 toneladas de carne partieron rumbo a su destino, logrando así obtener una victoria en esas batallas cotidianas que se ganan con dignidad, con la de Mabel y la de la solidaridad de otros productores que la acompañaron en su reclamo contra el abuso de los funcionarios gubernamentales.

Es una historia que se repite diariamente como podemos comprobar con la detención de los distribuidores de queso en San Fernando de Apure, tras la intervención por parte de la alcaldesa del municipio ocurrida el 29 de enero de este año o la más reciente prohibición de salida de 30 vehículos del estado Guárico con una carga de aproximadamente 70 toneladas de queso llanero destinado a abastecer el mercado de Caracas, Valencia y Maracay, ocurrida hace pocos días, exactamente el 4 de febrero. A los comerciantes les fueron retenidas las guías de movilización debidamente expedidas, bajo el argumento de tener la obligación de entregar un porcentaje de la mercancía que transportaban.

Al cerrar el año 2017 los efectos que los ataques sistemáticos a los derechos de propiedad han tenido y seguirán teniendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en el hambre y la falta de medicinas, de servicios, en la diáspora como alternativa desesperada que hoy impacta a más de 2 millones de personas. En el Observatorio de Derechos de Propiedad, queremos insistir en dejar clara evidencia del rotundo fracaso que ha representado la intervención del Estado en un empeño sostenido a lo largo de 19 años de adueñarse de la propiedad y el manejo de las empresas productivas del país.

Rescates de tierras, la sustitución de Agroisleña por la fracasada Agropatria, fundos zamoranos, agricultura urbana, decretos de soberanía alimentaria, redes de abastos y distribución de alimentos, motor agroalimentario, Gran Misión Abastecimiento Soberano, controles de precios y muchas otras  acciones engañosas cuya única finalidad es la eliminación de la producción local, la destrucción del empleo e instalar un clima de miedo que en último caso desincentive la empresa privada y de consecuencia acabe con la capacidad de abastecimiento de alimentos por parte de la empresa privada.

El campo venezolano sigue siendo azotado, los productores, enamorados de su oficio elevan la voz, unidos a través de sus gremios y nos recuerdan una vez más que ¡NO SE PUEDE VENCER A QUIENES NO ESTÁN DISPUESTOS A RENDIRSE!

*La información de los sucesos ha sido suministrada por el presidente de Fedenaga, Carlos Odoardo Albornoz, a través de su cuenta de Twitter.

REFLEXIÓN: De zorros, gallinas y humanos

Por Rafael Quiñonez

El liberalismo económico es la zorra libre en el gallinero libre”, es una frase de Rosa Luxemburgo de principios del siglo XX, muy popular en las últimas décadas por aquellos defensores del proteccionismo económico y la economía dirigida por el Estado planificador (especialmente si este se guía por una ideología de corte socialista o comunista). Habría que preguntarles a estos agudos replicadores de una frase construida antes de conocer los horrores del comunismo soviético, qué entienden por liberalismo económico y economía libre de mercado, y dónde encajan los zorros y las gallinas de Rosa Luxemburgo.

Una economía de mercado libre no equivale a la ausencia de regulaciones para las transacciones voluntarias de compra y venta entre consumidores, trabajadores y propietarios de medios de producción, sean públicos o privados. La cuestión es que la libertad económica, al igual que la libertad personal y política, se ejercen dentro de unas leyes en las que se trata de disfrutar de la mayor libertad posible sin dañar la libertad de terceros, no de coaccionar la libertad de todos bajo la coartada de un nebuloso “bien común”.  El premio Nobel de la economía Douglas North define las instituciones como restricciones, formales o informales, establecidas sobre el comportamiento de los individuos y cuyo cambio ocurre muy lentamente, impulsado por grupos en conflicto que sostienen diferentes ideologías. Toda sociedad tiene instituciones, y aun las llamadas economías “de mercado” tienen reglas para regular el comportamiento de los individuos dentro de sus transacciones económicas.

En este sentido, no hay un único sistema de mercado “libre”: todo sistema de mercado está “restringido” por algún tipo de reglas. Algunas restricciones surgen de características culturales. Otras son establecidas, mantenidas o modificadas por los funcionarios a cargo de los poderes del Estado, con discutibles consecuencias. El mercado, aunque sea libre, necesita regulaciones, y si la libertad es el fin de ese sistema económico, las regulaciones están hechas para evitar que las libertades de algunos actores económicos se construyan a expensas de otros.

Reconocida la multiplicidad de formas regulatorias, se entiende que “regular” un mercado no necesariamente equivale a “controlar” los precios. Pretender fijar todos los precios de la economía por un tiempo indeterminado y establecer sistemas de asignación directa de bienes de consumo, medios de producción y trabajo son restricciones que, por el contrario, debilitan los sistemas de mercado “regulados” y favorecen el surgimiento de mercados paralelos o “ilícitos”, donde los costos transaccionales se incrementan impulsados por mayores facilidades para el oportunismo y mayor complejidad e incertidumbre en los intercambios en ausencia de regulaciones “formales”.

En un sistema de mercado libre, las regulaciones pueden prevalecer si los precios se modifican en respuesta a las variaciones en las condiciones de los intercambios. La sustitución de mercados ilícitos por mercados regulados dentro de lo que la libertad económica requiere, necesita eliminar controles de precios rígidos. En el mercado libre, las regulaciones se enfocan en garantizar la libre competencia como modo de garantizar la libertad de cada actor económico en el mercado; en los mercados que funcionan de acuerdo a la planificación estatal, todo se hace de acuerdo al bien común, dibujado por el grupo político que temporalmente detenta el Estado. En el mercado libre, el empresario tiene éxito gracias a la innovación; en el mercado estatalmente planificado, el empresario triunfa gracias a sus conexiones políticas. En el mercado estatalmente planificado, los zorros entran en el gallinero gracias a la ayuda del granjero; en el mercado libre no hay zorros ni gallinas, sólo seres humanos, porque sólo los seres humanos tienen la capacidad de hacer intercambios económicos libres y voluntarios.