Boletín 50: La propiedad, el contrapeso del poder a ser anulado 2018-08-10T11:22:13+00:00

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    Boletin 50: La propiedad, el contrapeso del poder a ser anulado

     

    Para la edición 50 de este boletín, en su primera sección, La Lupa, Andrea Rondón a partir de los casos de Clorox, Zuly Milk, Kimberly Clark y Alimentos Kellogg´s refleja la política sistemática de desconocimiento del derecho de propiedad. La Dra. Rondón nos ilustra en conceptos como la expropiación indirecta o la afectación silente. A través de ejemplos concretos el lector podrá preguntarse sobre el destino de estas empresas y el impacto de estas salvajes agresiones a la propiedad de los venezolanos.

    En la sección de Historias Ciudadanas se plasma el caso de un inmueble ubicado en el Municipio Chacao, específicamente el Edificio Coro y Vera. Esta edificación es una de las tantas que fue afectada en el año 2007 por la gestión de la Alcaldía Metropolitana de aquel entonces. Recordemos que, a partir del pedido de muchos inquilinos, desde la Alcaldía, se inició una oleada de afectaciones a inmuebles, que hoy están ocupados ilegalmente, a cuyos legítimos propietarios se les despojó y quienes hoy los ocupan lo hacen en calidad de invasores.

    Finalmente, en la sección reflexión, se habla sobre la propiedad como una institución contrapeso del poder y a propósito de esto, Andrea Rondón nos cuenta sobre la cruzada que, como ciudadana y soberana de su proyecto de vida, decidió emprender con Liberalismo y literatura, que a través de charlas en espacios como librerías y otros emprendimientos, divulga las ideas de libertad.

    LA LUPA: Crónica de una muerte anunciada. Clorox (2014), Zuly Milk (2015), Kimberly Clark (2016) y ahora Alimentos Kellogg (2018)

    Por Andrea Rondón

    Tenemos la responsabilidad histórica de documentar todas y cada una de las violaciones cometidas por el régimen actual para nunca olvidar; para estar advertidos de los métodos empleados y evitar que esto se mantenga sostenidamente en el tiempo.

    Este reporte se enfoca en una de las modalidades de violación de la propiedad privada que consiste en el ataque a la empresa privada a través de condiciones adversas parar funcionar hasta llevarlas al cierre o a una situación de vulnerabilidad que justifique su expropiación, que en realidad es una expoliación legal recordando los términos empleados por Frédéric Bastiat.

    Esta modalidad, aunque no es tan evidente como las medidas de ocupación o intervención, es igualmente una violación a la propiedad privada porque cada vez es más difícil para los propietarios disfrutar de los atributos de este derecho, a saber, disposición, uso y goce.

    Uno de los casos más notorios de esta práctica es la de Clorox de Venezuela en el año 2014. A este caso le seguirán empresas como Zuly Milk y Kimberly Clark. Lamentablemente este año se suma Alimentos Kellogg.

    A continuación, ofrecemos un breve recorrido de estos casos:

    Con férreos controles de cambio y de precios, en los últimos años las empresas han debido lidiar con una pérdida importante del capital social, que las coloca prácticamente al borde de la quiebra.

    Las expropiaciones indirectas

    La expropiación directa podría definirse como una indemnización mediante pago justo ante la afectación de la propiedad privada (específicamente la transferencia de la titularidad) por causas establecidas por el legislador. Pero esta no es la única forma de afectación de la propiedad, porque medidas arbitrarias e injustificadas pueden afectar este derecho aun sin la transferencia de la titularidad.

    Podría decirse que esto último es lo más común en Venezuela. Para el año 2016, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Propiedad, en Venezuela se registraron 9 expropiaciones, 13.887 multas a comercios, 65.433 fiscalizaciones, 219 ocupaciones temporales e intervenciones, 296 comisos y 28.000 empresas cerradas.

    Por otra parte, en el 2017 se produjeron 11.854 afectaciones al derecho a la propiedad, muchas más que el promedio de violaciones contabilizadas en los últimos 11 años, lo que ha incidido en el empeoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos.

    Veamos casos específicos que ofrecen una cara detrás de estas estadísticas:

    Mediante Resolución DM/N° 074 del 29 de octubre de 2014, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con fundamento en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ordenó “La ocupación inmediata de la entidad de trabajo Clorox de Venezuela S.A.” y designó una Junta Administradora Especial.

    Esta medida fue decretada inmediatamente después que la empresa anunciara la paralización de sus operaciones por las difíciles e inciertas condiciones del país, que como veremos, afectan a toda empresa que ejerce actividades económicas en Venezuela.

    Con ocasión de la fuerte escasez e inflación en el país, a través de diversos organismos públicos se han dictado una serie de medidas en contra de reconocidas cadenas de farmacias y alimentos. A comienzos de 2015 fueron varios los casos de atropello a la propiedad privada. Solo tomemos por ejemplo Zuly Milk, empresa con más de diez años de experiencia en la comercialización de productos lácteos y derivados, que posee su propia fuerza de venta y red de transporte, así como también una planta procesadora y envasadora de leche en polvo en donde envasa sus propias marcas comerciales.

    En el mes de enero de 2015, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), durante una inspección en las instalaciones de la empresa detectaron algunas supuestas inconsistencias entre los inventarios físicos y los efectivamente registrados en el Sistema Integral de Control Alimentario (SICA). La Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria acordó medida preventiva de “Ocupación Temporal con acompañamiento operativo”, de conformidad con lo previsto en el artículo 147, numeral 4 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

    Recientemente, la empresa de consumo masivo Kimberly Clark anunció el cese de sus operaciones en el país. El pasado 9 de julio, mediante un comunicado, la compañía afirmó:

    “Esta decisión es tomada después de años en los que la compañía ha procurado hacer frente a complicadas circunstancias más allá de su control, como la inhabilidad para comprar materia prima, lo que en los últimos dos meses ha ocasionado que la mayoría de las líneas de producción cierren, así como la carencia de divisas y el rápido aumento de la inflación”.

    La respuesta del Poder Ejecutivo fue similar a la del caso Clorox y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ordenó la ocupación temporal con fundamento en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

    El 15 de mayo de este año se hizo público un comunicado de la empresa Alimentos Kellogg que nos recuerda en muchos sentidos a Clorox de Venezuela. El comunicado indica expresamente que “Por este medio informamos que Alimentos Kellogg. se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país con efectos a partir de hoy martes 15 de mayo de 2018”.

    La respuesta del Poder Ejecutivo no se hizo esperar y vemos noticias cómo estás «’¿Qué hizo el gobierno revolucionario? Llegaron inmediatamente el ministro del Trabajo y los ministros de la economía, abrieron la empresa, se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo con la clase obrera industrial‘, dijo Maduro». (https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/05/15/maduro-intervino-la-planta-de-kelloggs-y-pidio-la-captura-de-sus-directivos-despues-de-que-la-multinacional-cerrara-en-venezuela/).

    Todas las empresas pueden ser Clorox y Kimberly Clark

    Las empresas que operan en diversos sectores potencialmente se exponen a ocupación temporal o pueden ser llevadas al cierre por las adversas condiciones actuales del país. Precisamente a esto último es a lo que deseamos llamar la atención en estos momentos. Algunos podrán pensar que empresas de los rubros alimentos o medicinas por operar en áreas altamente reguladas y en sectores de primera necesidad, serían el objetivo principal de las medidas antes mencionadas.

    Pero lo cierto es que si analizamos el caso de Clorox y de Kimberly Clark llegaremos a la conclusión que las empresas que operan en diversos sectores en el país potencialmente se pueden encontrar en ese supuesto o, sin llegar al extremo de la ocupación, pueden ser llevadas al cierre por las condiciones actuales del país, que son adversas a la iniciativa privada, a la libre empresa y a la propiedad privada.

    En este sentido, conviene recordar que desde el año 2003 existe un control de precios que, aunque no generalizado, ya afectaba a muchas empresas y se empezaron a ver las primeras señales de la escasez de ciertos productos. Ya muchos comerciantes no pueden decidir libremente el precio por el cual comercializarán sus productos.

    En este mismo año 2003, también se establece el control de cambio –vigente hasta la fecha–, que es aplicado más como política de Estado para ejercer un mayor control sobre los individuos que como una medida económica coyuntural. Ya los comerciantes no pueden importar libremente las materias primas, los productos intermedios o terminados; tienen dificultades para repatriar las ganancias; deben vender al Banco Central de Venezuela (BCV) las divisas que obtengan de sus exportaciones; etc.

    También consideremos la engorrosa y complicada regulación del día a día de las empresas que deben aplicar la “regulación” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), del Centro de Comercio Exterior (CENCOEX), de la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE), las Inspectorías del Trabajo, etc. Las empresas también deben lidiar con las tasas y gravámenes establecidos por diversos organismos públicos (ver: ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS IRAZÁBAL, Ramón: Parafiscalidad, Sistema Tributario y Libertad. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013, pp. 253-330).

    Luego de más de una década con este escenario es evidente que se afectan las finanzas de una empresa. Con férreos controles de cambio y de precios, en los últimos años las empresas han debido lidiar con una pérdida importante del capital social, que las coloca prácticamente al borde de la quiebra.

    En los últimos años, las empresas han debido idear innumerables alternativas para retrasar una solución que es inevitable si se mantienen los precios de los productos congelados, si no se otorgan divisas para importar, etc. En los últimos 2 años la situación empeoró irremediablemente. Si ya era difícil para la empresa manejar su contabilidad con el control de cambio y el control de precios, hoy en día, con varias tasas de cambio, la dificultad es mayor.

    Con los casos recientes de empresas que han cerrado sus operaciones en el país y que han sido objeto de medidas de ocupación por parte del Gobierno, podemos ver una vez más los ataques contra la propiedad privada. En el primer caso, aunque de forma tal vez silente, está igualmente presente la amenaza a los derechos de propiedad. En estos casos, las violaciones contra la propiedad no se concretan solo con las medidas de ocupación, que son las medidas más claras y obvias. Las violaciones a la propiedad privada también se concretan con una aplicación sistemática de políticas (monetarias que generan inflación, por ejemplo) y mecanismos desde las diversas instancias administrativas bajo la forma de criterios “técnicos”, “interpretaciones”, “prácticas administrativas” que se traducen en verdaderos cercos para el desarrollo de la actividad económica de empresas.

    HISTORIAS CIUDADANAS: Edificio Coro y Vera

    Por Observatorio de Derechos de Propiedad

    “…Es una estructura del período de modernidad en Caracas de los años cincuenta en la zona de Chacao; y una de las pocas edificaciones que fueron diseñadas en función del automóvil, lo cual no se desarrolló en las demás edificaciones vecinas construidas anteriormente…”

    Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2005, página 32.

    Cuando usted camine por las calles de Chacao, específicamente por la Calle Monseñor Juan Grilic, ubicada entre la Avenida San Ignacio de Loyola y la calle Guaicaipuro, podrá ver el conjunto multifamiliar Coro y Vera. Estas edificaciones constan de 13 apartamentos cada una, distribuidos en 4 niveles por edificio. Forman parte del patrimonio arquitectónico del Municipio Chacao. Su administración solía estar bajo la responsabilidad de la empresa Aragón C.A.

    Con la finalidad de iniciar la negociación de venta de los apartamentos a los inquilinos y terceros interesados, a finales del año 2006, se iniciaron los trámites administrativos ante la Dirección de Ingeniería Municipal de Chacao. Estas diligencias llevaron a que en febrero de 2007, gracias a la participación tanto de diferentes concejales como de la Comisión de Calidad, Vida y Servicios  Públicos del Concejo Municipal de Chacao se acordara que: los propietarios de los inmuebles desistirían de las demandas de desalojo incoadas contra los inquilinos; se constituyó una comisión tripartita para negociar la compra venta; se acordó la regularización del pago por parte de los inquilinos y los inquilinos se comprometieron con el pago del mantenimiento de las áreas comunes.

    A pesar del avance de las negociaciones y los acuerdos pactados, en la Gaceta Oficial Ordinaria del Distrito Metropolitano de Caracas N°00194 de fecha 8 de marzo de 2007 se decretó “la adquisición forzosa para la ejecución a cargo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas del Proyecto “Dotación de viviendas para las familias que habitan en condición de arrendatarios en inmuebles ubicados en el área metropolitana de Caracas”. Así, se dio al traste con la operación de compra venta y se violó la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social, ya que las partes habían convenido la transacción.

    Esta breve crónica resume el inicio de un calvario padecido por los legítimos propietarios del inmueble, que durante casi 10 años han acudido al Ministerio de Interior y Justicia, a la Procuraduría General de la República, a la Superintendencia de arrendamiento de Viviendas, a la Policía, por mencionar sólo alguna de las instancias. Todos han hecho oídos sordos ante la exigencia de justicia. Los propietarios no han recibido indemnización alguna.

    La fachada de los edificios Coro y Vera, que alguna vez representó la modernidad briosa que arropaba al país, hoy, con su aspecto ruinoso, ocupado ilegalmente por individuos que se sumaron a esta violación de la propiedad, es una de las tantas alegorías que resume el atraso y la barbarie a la que ha condenado el socialismo del siglo XXI a una nación entera.

    REFLEXIÓN: La ética de la propiedad privada –Caracas: librerías, birras e ideas–

    Por Andrea Rondón

    “El socialismo puede echar al mercado por la puerta, pero le entra de vuelta por la ventana del mercado negro. Creen que pueden controlar los precios, así como creen controlar las conciencias, pero esto último puede resultar más fácil que lo primero”

    (Ampuero, Roberto y Rojas, Mauricio: Diálogo de conversos, Suramericana, Santiago de Chile, 2015, p. 128)

    Mi tesis doctoral fue sobre la propiedad privada. Además de rescatar la importancia de la propiedad como derecho, mi intención era destacarla como una institución necesaria como contrapeso del poder. Considero que una vez que han sido destruidas todas las instituciones propias del Estado de Derecho, la última línea de acción que queda es el ciudadano, pero el ciudadano propietario.

    Esto último me ha llevado a tener otro tema recurrente y es el de mantener mi condición de ciudadana independientemente de la dictadura que se vive, de hecho, considero que es una forma de resistirla.

    Ahora bien, una dictadura como la actual no solo ataca la propiedad para fortalecerse y hacernos dependientes del Estado. La propiedad privada es principalmente ética (definida por Fernando Savater como el arte de vivir) porque es la que permite al individuo elegir libremente su proyecto de vida –sin que sea impuesto por otro– y es la que le permite elegir cómo llevar a cabo ese proyecto de vida –y que otro no te diga cómo–.

    Puedo afirmar que la propiedad, al ser principalmente ética, es lo que nos permite comportarnos como ciudadanos y no como esclavos y cuando se ataca a la propiedad te afectan en lo físico y espiritual.

     

     

    “No, no hay forma de doblarle la mano invisible al mercado, y eso lo demuestran especialmente los países socialistas”

    (Diálogo de conversos, p. 129)

    Justamente por este motivo, además de mi ejercicio profesional y académico, me pareció importante y necesario emprender otros proyectos. Esos que definitivamente me darían la fuerza para continuar en este país. Hace 2 años inicié las charlas Liberalismo y literatura en librerías como una forma de difundir estas ideas y para mostrar los espacios de civilidad que todavía conservamos. Lo hice con mi segunda casa, la que me formó como liberal, con Cedice Libertad.

    Poco a poco vi que las librerías eran uno de tantos lugares que todavía tenemos para compartir ideas. Por referencia de amigos, recientemente descubrí El Garage, Birra Jardín, espacio en el que se puede compartir con familia y amigos y beber su cerveza artesanal. Se trata también de una microempresa que fabrica su propia cerveza artesanal. Sería aquí en donde haría el primer Birras e ideas, discutir ideas de libertad en un espacio que es resultado de ello. Esta vez, junto con Cedice Libertad, también conté con el apoyo del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela y del Centro de Cultura Jurídica.

    Los próximos lugares serán similares a estos, es decir, espacios que solo son posibles con libre emprendimiento e iniciativa privada.

    Todos estos encuentros nacieron gracias a una sola idea, la de resistir la dictadura actual, y que con el tiempo efectivamente se convirtió en un proyecto, mi proyecto de vida.