Las expropiaciones forman parte del empeño del gobierno en “imponer el socialismo del siglo XXI”, afirma Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio. Dirigentes socialistas achacan las fallas al modelo de gestión y se niegan a la reprivatización.

“Exprópiese”, dijo en más de una ocasión el presidente fallecido, Hugo Chávez. Empresas abandonadas por sus dueños, empresas que –según sus propietarios– no estaban en condiciones de producir por falta de materia prima, empresas que el Ejecutivo consideró que debían ser públicas pasaron a estar bajo control gubernamental. El caso de Agroisleña (que se convirtió en Agropatria tras ser expropiada en 2010) es, tal vez, uno de los casos emblemáticos, porque los productores agrícolas se quejan de la escasez de productos o su llegada tardía.

Según el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, entre 2005 y 2011 se efectuaron 1.167 expropiaciones en sectores como alimentos, agroindustria, turismo, petrolero y construcción. Entre 2002 y 2013 más de 1.200 empresas fueron intervenidas, reporta el Cedice.

Juan Bautista Arias, al frente del recién creado Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, declaró en julio pasado, al Correo del Orinoco, que hay más de 100 empresas adscritas a ese despacho. Arias se desempeñó con anterioridad como comisionado presidencial para el sistema de empresas ocupadas, recuperadas, nacionalizadas y creadas, y en declaraciones al mismo medio de comunicación, pero en 2015, dijo que ese sistema estaba integrado por unas 300 compañías. En esa oportunidad –es decir, hace más de un año– el ministro estimó que, de las 300 “la mayoría está produciendo en condiciones de baja rentabilidad», mientras unas 30 producían con rentabilidad más o menos alta.

¿Quién tiene la culpa de que buena parte de las empresas expropiadas por el Gobierno Nacional no funcionen plenamente o, sencillamente, estén paralizadas? Las opiniones de dividen.

Para Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), las expropiaciones de empresas por parte del Estado forman parte de “su afán de querer erradicar el capitalismo e imponer el socialismo del siglo XXI” y “no han generado el mayor de los éxitos”. Por el contrario, aseguró Ramos a Contrapunto, “son empresas que ya no existen porque dejaron de producir y ellos no lo quieren reconocer. Ante ello, nos hemos mantenido en lucha y seguiremos trabajando porque este es el país que queremos y por el que tenemos que luchar”.

Otra voz: el problema es el modelo

Las y los integrantes del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora opinan lo contrario. Para ellas y ellos, el problema no es la expropiación, sino el modelo de gestión. Por eso, crearon el movimiento nacional por la defensa y la transformación revolucionaria de las empresas públicas, a fin de “seguir avanzando” en “defensa de esas empresas que han sido nacionalizadas, que han sido recuperadas por los trabajadores y trabajadoras con participación del Estado venezolano y que hoy se pretende, desde distintas tendencias y corrientes, reprivatizar y privatizar”.

El diputado y dirigente comunista Yul Jabour ratificó la posición “en contra de esas tendencias entreguistas que hoy pretenden aplicar una política, señalando que ha sido una política de fracaso, una política errada que ha generado gastos y costos al Estado venezolano”. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) considera que ha sido “una política correcta” la de nacionalizar, y asegura que “lo incorrecto ha sido la falta de control, la falta de supervisión, la falta de canales de participación de los trabajadores y trabajadoras bajo una gestión de control obrero y popular”.

Los comunistas llamaron al gobierno a tomar en cuenta lo que sucede con las empresas recuperadas y advirtieron que los trabajadores no son escuchados.

“Se está haciendo un levantamiento para ver cuáles son las empresas que realmente están funcionando al 100%, cuáles están funcionando a media máquina, cuáles están inactivas o paralizadas”, detalló Jabour. Hay empresas en las que se les paga el sueldo a los trabajadores, aun cuando no producen, lo cual es rechazado por la masa trabajadora.

Las propuestas para la recuperación han sido presentadas el ejecutivo y al Parlamento, pero la realidad es que el proyecto de ley de consejos socialistas no fue aprobado por la anterior Asamblea Nacional (AN). “Consideramos que faltó voluntad política para la aprobación de ese instrumento que beneficia la organización de trabajadores y trabajadoras”, reprochó el parlamentario.

La premisa del frente es que las empresas que no están operativas deben ser puestas en marcha con sus trabajadores, que son «quienes las conocen bien».

Fuente: http://contrapunto.com/