María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio, aseguró que el órgano del Estado buscó cualquier excusa o error en los establecimientos para inhabilitarlos

Más de 80% de los comercios no abrió el jueves porque los empleados decidieron acatar el paro cívico nacional de 24 horas, convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Esto causó que los negocios fueran sancionados ayer por el Seniat, con un cierre de 10 días en diferentes ciudades del país como El Tigre, Acarigua, Valencia, Ciudad Bolívar, aseguró María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio.

“El Seniat buscó cualquier error en los comercios que cerraron, para aplicar las sanciones. Como en la ley no hay sanción por paro, entonces se inventaron excusas para atacar aún más el aparato productivo. Tengo información de un negocio que fue sancionado con un cierre de 10 días, porque se había saltado un número de factura. Y así sucedió en muchos casos”, afirmó.

Uzcátegui reiteró que Consecomercio no llamó a ningún paro y que fueron los empleados quienes decidieron faltar a sus trabajos. “Sin trabajadores, los comercios no podían abrir sus santamarías”. Agregó que las sanciones significan un ataque más a los empresarios y a los comercios. Lamentablemente, los comerciantes somos los más vulnerables, porque somos la cara que está más a la vista, tanto en este como en cualquier otro país”, indicó.

Uzcátegui informó que en Ciudad Bolívar se reportó el mismo caso de cierre por 10 días luego de las inspecciones del Seniat. El presidente de Fedecámaras Bolívar, Fernando Cepeda, detalló que 85% de comercios de la entidad cerró principalmente en San Félix, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y Upata. El Seniat hizo un recorrido para verificar los negocios que no facturaron, porque los empleados no fueron a trabajar.

“Nosotros como empresarios respetamos el derecho de manifestar que tienen los trabajadores. Es un derecho ciudadano si quieren declararse en huelga o participar en el paro que convocó la MUD. No somos quienes para oponernos”, añadió Cepeda.

Informó que los pocos que abrieron cerraron después del mediodía, por el temor a los saqueos por parte de colectivos. Recordó que este miedo se agudizó desde los sucesos de diciembre de 2016, cuando más de 650 negocios fueron saqueados. “Los trabajadores quedaron en la calle, porque les saquearon todo: las instalaciones eléctricas, las sanitarias y hasta las puertas. Todo bajo la mirada de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana”.

El nuevo presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, confirmó que el Seniat ha estado fiscalizando los comercios continuamente y agregó que en Falcón también se reportaron presiones por parte de autoridades para multar negocios. “No pueden sancionar establecimientos que hayan paralizado porque los trabajadores no llegaron”.

En el municipio Silva, en Falcón, el Seniat clausuró dos comercios, aseguró el presidente de Fedecámaras de la entidad, Daniel Villa. Sunagro, órgano del Estado que distribuía harina en las panaderías del municipio, aseguró que no proveería más el insumo a las que no abrieron el jueves.

En esta zona se cumplió 95% el llamado de la MUD, porque los trabajadores no asistieron a sus trabajos, según Villa, lo que ocasionó que la presidente de la Cámara de Comercio del municipio Silva y segundo vicepresidente de Fedecámaras Falcón, María Angélica Flores, fuera citada por la GNB y por la policía estadal.

Villa informó que en el municipio Miranda, en Coro, 80% de los comercios trabajó porque hubo presencia de militares alrededor de los establecimientos. Sin embargo, 20% que no laboró fue citado por el Seniat, por la Inspectora del Trabajo y por el Seguro Social. “En Punto Fijo se cumplió el paro en 75%, lo que ocasionó una serie de sanciones por parte del Seniat y Sunagro por cualquier excusa”.

El miércoles el ministro Trabajo, Néstor Ovalles, aseguró que las empresas que participaron en el paro cívico serían sancionadas. Sobre las inspecciones, el funcionario afirmó que habían constituido un cuerpo de inspectores especiales con fiscales del seguro social y supervisores del Ministerio del Trabajo.

Fuente: El Nacional