Andrea Rondón, Miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad

Lo que antes eran los bodegones, hoy son las canchas de pádel. Estos son símbolos de una sociedad que ya tiene más de 2 décadas bajo este régimen y que no sólo nos ha afectado en los político, económico, social y cultural, sino también en nuestros patrones de conducta y en nuestras preferencias.

Aunque seamos libres de consumir lo que queramos y podamos costear, no cabe duda que los bodegones o el pádel son símbolos de la decadencia de estos tiempos y a la que, lamentablemente, todos estamos expuestos.

En el caso específico de las canchas de pádel, recientemente fueron el objeto de la lucha entre la Alcaldía de Baruta y los vecinos de la urbanización La Alameda. Los vecinos tenían el legítimo reclamo de ver en riesgo su propiedad, la cual fue adquirida bajo ciertas condiciones que se varían drásticamente cambiadas de continuarse con el proyecto de las canchas.

¿Cómo se resolvió?, siendo pragmáticos. Los vecinos acudieron al Ministerio de Ecosocialismo. En medios de comunicación se reseñó que «la abogada Fabiana Garantón entregó a Marlyn Jiménez Reina, directora encargada de la Unidad Territorial de Ecosocialismo del Distrito Capital, un recurso de oposición al estudio de impacto ambiental asociado al proyecto al cual la funcionaria le otorgó la acreditación técnica, argumentando que la zona puede ser considerada un bosque, que el documento de la empresa Aguas Subterráneas Consulting C.A. tiene errores y contradicciones, que tienen dudas sobre la propiedad del terreno y que existen opiniones acerca de posibles riesgos geológicos» (https://talcualdigital.com/minec-paraliza-proyecto-de-canchas-de-padel-en-la-alameda-a-la-espera-de-mas-estudios/).

Podemos presumir, porque es la experiencia que hemos tenido en los últimos años, que el Ministerio lamentablemente no decidiría pensando en interés de los derechos de los vecinos, sino por razones políticas. ¿Esto es una victoria?, la verdad no. Esto sólo muestra lo desprotegidos que estamos. Hacer valer nuestros derechos con el propio régimen. Se trata de un perder-perder.

Pero más allá de lo pragmático, nos gustaría dejar un recordatorio. Desde el liberalismo defendemos soluciones en manos de privados y sin intervención estatal. El origen de las ciudades fue a través del orden espontáneo. Así como somos críticos de la planificación centralizada de la economía, también los somos respecto de la centralización en el urbanismo.

Claro, esto supone un mayor reto, porque la discusión no se reduce al derecho de propiedad de cada quien, esto va mucho más allá en cuanto a espacio. No es un tema sencillo, incluso en el debate liberal se rehúye. Sin embargo, se ha hecho y de forma muy seria, por mencionar sólo algunos ejemplos, tenemos a Joaquín Azpitarte con Urbanismo y Libertad de Unión Editorial (2019) y la obra colectiva coordinada por Alicia Monagas, Ciudades Inteligentes de FUNEDA (2023).

Azpitarte es categórico al señalar que «Frente a este paradigma estatal del urbanismo, se propone la necesidad de realizar la paulatina liberalización del suelo y de sus usos, es decir, una privatización de la gestión que permita a los empresarios ofrecer soluciones más diversas, en un entorno más flexible y propicio a la innovación, frente a las actuales soluciones urbanas, ridículamente encorsetadas por conservadoras regulaciones estatales».

Claro, esto último supone que los patrones de consumo y nuestras preferencias de nuestro sector privado y de nuestros ciudadanos no este mediado por los símbolos propios de la decadencia chavista. Allí radica nuestra responsabilidad como ciudadanos, es no claudicar frente a este entorno.

De momento, sólo nos queda aprovechar estas incidencias para recordar las lecciones que nos deja el liberalismo y, que en los hechos, no somos más que nosotros los únicos que tenemos en nuestras manos la solución que nos llevará a tener una mejor calidad de vida.