Estimado Dr. Berdegué
Ante todo queríamos agradecerle la oportunidad de poder compartir con usted y algunos integrantes de la FAO nuestro parecer sobre el contenido de los programas donde lo entrevistaron, específicamente “Globo Economía” de CNN y el programa “Mesa Central” del Canal 13 de Chile, en los cuales se trató como tema central el hambre en Latinoamérica y además de sus consecuencias por la pandemia del COVID19. Ambos programas los pudimos ver gracias a que la FAO los incluyó en su plataforma de internet (ambos el 31 de mayo de 2020). Quisimos hacerlo de esta manera porque en Twitter por lo limitado del espacio, las ideas pueden no quedar claras y a veces hasta lucir antipáticas, que no es la idea, todo lo contrario, si hacemos una observación es con un fin constructivo. Ambos programas fueron interesantes e informativos, lo cual agradecemos, además de la alerta sobre la hambruna que es muy grave. Comenzamos con una síntesis de ambos programas y luego haremos nuestra consideración (siguiendo el hilo del Tuit) sobre el tema de la propiedad privada como factor de apalancamiento en la producción de alimentos:
En el programa “Globo Economía” se dijo:
Que en América Latina había antes de la pandemia 187 millones de personas insuficientemente alimentadas, de las cuales 50 millones no están bien alimentadas y 19 millones de personas en situación extrema (riesgo vital) y que los gobiernos y la gente tiene que ver con el tema se han acostumbrado a manejar esas cifras como algo cotidiano o normal y no con la gravedad que merecen. Adicionalmente, como resultado de la pandemia a las cantidades señaladas habría que sumarle entre 16 y 20 millones de personas más en condiciones de extrema pobreza, lo que hace que en Latinoamérica la extrema pobreza llegue entre 88 y 90 millones de personas lo cual es gravísimo, que hay que tomar en cuenta la pérdida de empleo y caída de ingresos de la población, tanto los que tenían empleos formales, como los informales (que en Latinoamérica la informalidad es el 53%), es decir, personas que viven al día. Hay mucho temor que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. Que los países en Latinoamérica que han tenido avances notables en la reducción del hambre son Brasil, Chile, Perú, Colombia y República Dominicana.
En el tema Agrícola se dijo que las cadenas de suministros de alimentos han funcionado muy bien y que era vital mantener el funcionamiento a como diera lugar.
Las acciones por realizar:
- Detectar, ubicar y enfocarse donde se encuentran esos 90 millones de personas de extrema pobreza, para que no se mueran de hambre. Que el 26% del medio rural no recibe protección social.
- Que no sobra nadie, que las empresas grandes que tienen cadenas de abastecimientos y contacto con el mundo rural hagan un esfuerzo para mantener las relaciones con esos “proveedores rurales”. También deben esforzarse del mismo modo las iglesias, comedores populares, bancos de alimentos y fundamentalmente los programas públicos de alimentos, como por ejemplo la alimentación escolar. Hay 84 millones de niños que se quedaron sin alimentos porque cerraron las escuelas debido al COVID19. Los gobiernos tienen que gastar, tienen que tomar deuda para estos fines y los organismos internacionales también hacer lo suyo.
Que vivimos una guerra contra el hambre y que se debe hacer un gran esfuerzo en los próximos 4 o 5 meses. Que la FAO tiene la vacuna contra el Hambre (en lenguaje figurado) y hay que aplicarla.
En el otro programa de nombre “Mesa Central” del Canal 13 de Chile se dijo:
que hay que evitar que en Latinoamérica lleguemos a la cantidad de 90 millones de personas en pobreza extrema, que eso es muy grave y para ello habría que hacer 4 cosas:
- Que exista y se mantenga el comercio de alimentos entre los países, que no es tanto que no haya alimento en los países, sino que no hay dinero para comprarlos.
- Apoyar a los agricultores que producen los alimentos y también aquellos que los transportan, almacenan y distribuyen. Que hay que evitar que los trabajadores de los mercados de alimentos se contaminen con el COVID19 y tomar medidas preventivas para que esto no motive el cierre de los mercados de alimentos.
- Que a los 90 millones de personas en pobreza extrema les sea dado un ingreso para que puedan comer.
- Definir qué tipo de Agricultura queremos en el futuro.
Actualmente 24 de los 33 países de Latinoamérica utilizan complementos como las canastas de alimentos para su población más vulnerable, se debe seguir así a o en su lugar hacer transferencia de dinero a esas personas. Se están repartiendo 1.5 millones de canastas para niños y niñas en las escuelas. Se deben cuidar las cadenas alimentarias en los países y mantener el comercio mundial de alimentos, no cerrando fronteras.
17 millones de pequeños agricultores y 2 millones de pescadores artesanales que ahora tienen que volver a sembrar (en el caso de los agricultores) no tienen ni asistencia técnica, ni financiera y la mayoría de ellos financiaban su cultivos y actividad agraria con ingresos que generan en la construcción o en el comercio y ahora esos ingresos se han caído como consecuencia del COVID19 y, por tanto, hay que reponer la capacidad de los agricultores para que puedan volver a sembrar. Que los mercados mayoristas, las ferias libres, no se vayan a convertir en focos de infección del COVID19 porque si cierran estamos frente a una calamidad. Hay que proteger la cadena de alimentación que pone la comida disponible todos los días en 150 millones de mesas en Latinoamérica y el Caribe. Los países que más preocupación se tiene por el tema de la falta de alimentación de su población son los siguientes: Haití, Venezuela (necesita ayuda humanitaria urgente), el corredor seco del norte de América Central integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, donde hay 4 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda. Están a una pizca de no retorno y perder sus vidas. El retroceso en los últimos 5 años se debe al decrecimiento económico a partir del 2015 y muchos países recortaron sus programas de protección social.
La ecuación es caída del crecimiento + recorte en los programas sociales = Aumento del hambre.
Chile antes de la pandemia tenía 500.000 de personas en condición de hambre y la proyección de la CEPAL es que se pudiera incrementar en 400.000 personas más, que totalizarían 900.000 personas en condición de hambre en Chile. Es un problema mayúsculo.
Medidas para Chile:
- Asegurarles la alimentación a las 500,000 personas que actualmente están en condición de hambre.
- Hay que inyectarles recursos para que vuelvan a sembrar a 200.000 pequeños productores que obtenían sus recursos contrabajos distintos a la agricultura y que ya no cuentan con ellos para poder financiarse; c) cuidar que las ferias libres y los mercados no se contaminen con el COVID19.
Hay que redoblar las medidas que ya se conocen y que en la FAO conoce la vacuna (en sentido figurado) contra el hambre.
No solo el Estado debe actuar, se deben proponer las ollas de alimentos. Deben apoyarse los bancos de alimentos, organizaciones campesinas e indígenas y demás aliados. En muchos países se están perdiendo las cosechas, porque ha caído la demanda de alimentos por la crisis económica, por tanto, se deberían promover programas de compras públicas para introducirlos en las cadenas de distribución de alimentos.
Nuestras apreciaciones sobre los mencionados programas
Estimado Dr. Berdegué, una vez vistos los programas de Globo Economía transmitido por CNN y “Mesa Central” del Canal 13 de Chile, donde se trató como tema central el hambre en Latinoamérica y además de sus consecuencias por la pandemia del COVID19 y cuyas síntesis de los mismos se la enviamos en el tuit anterior y que forma parte de este hilo, pasamos a considerar el tema de la propiedad privada como factor de apalancamiento en la producción de alimentos el cual no fue tratado en ninguno de los dos programas mencionados:
En el programa “Mesa Central” hace referencia a que en Latinoamérica hay 17 millones de pequeños agricultores, que como no tienen ni asistencia técnica, ni financiamiento, recurren a otras actividades distintas a la agricultura como es el comercio y la construcción para lograr los recursos económicos para poder sembrar, es decir, con una actividad paralela obtienen los recursos para invertir en el campo para producir alimentos y que en vista de la crisis de la pandemia existe un gran riesgo que estos pequeños agricultores se queden sin recursos en virtud que sus actividades paralelas de la construcción o el comercio se verán afectadas por la pandemia para volver a sembrar.
Claramente esta situación se produce porque estos pequeños agricultores, lamentablemente no tienen acceso al crédito para financiar siembras y tienen que buscar una actividad paralela (construcción o comercio) para obtener unos recursos, que por lo demás son muy limitados. Se entiende, además que, aunque es cuesta arriba producir en esas condiciones, algún beneficio ellos deben obtener porque si no se quedarían trabajando en la construcción o en el comercio, lo que denota que la actividad agrícola tiene una rentabilidad para ellos. Es decir, hacerlo de esa manera, aunque complicada siempre será mejor que no hacerlo.
Adicionalmente, algunos gobiernos como por ejemplo el de Venezuela, plantean una política agraria y alimentaria, con directrices populistas como aquella que dice: “La tierra es de quien la trabaja”, haciendo ver que esa es la solución absoluta para lograr el bienestar de la población, cuando es todo lo contrario. La tierra es y debe ser de su propietario independientemente que la trabaje o no. Esto es fundamental, para que haya producción de alimentos en el campo. Al final esa misma propiedad es la que servirá de garantía para que se le otorguen financiamientos al productor agropecuario, si el productor incumple, pues el acreedor podrá ejecutar la garantía para resarcirse del dinero prestado más intereses y gastos, pero ¿quiénes podrán adquirir en remate esa propiedad, si la tierra solo es de quien la trabaja? Allí se presenta el gran problema. Por un lado, el productor moroso o incumplidor siempre tendrá el argumento que es él quien trabaja la tierra independientemente sea ineficiente o no, haya o no, tomado las previsiones de un buen empresario, por tanto, otro no puede ser el propietario de esa tierra, mientras él la esté trabajando y por otro lado, se limita las posibilidades de que un tercero (o una institución o ente) que no sea productor agropecuario o sencillamente que no esté interesado en trabajarlas directamente, pueda invertir en ellas y por tanto, mucho menos prestar dinero o financiar cosechas, sabiendo que las tierras agrícolas no le servirán de garantía para el apalancamiento de los préstamos. En consecuencia, al tener las posibles garantías agropecuarias este plomo en el ala como limitante, los financiamientos para producir alimentos se ven muy afectados y el resultado no puede ser otro que haya más hambre.
Si los 17 millones de pequeños agricultores de Latinoamérica fueran realmente propietarios de sus tierras, y no una suerte de siervos de la gleba de los Estados, la obtención de financiamientos se les facilitaría enormemente, porque tendrían las garantías adecuadas para respaldarlos y no tendrían que dedicarse a actividades paralelas como la construcción o el comercio para financiar sus cosechas, que siempre tendrán como coto la cantidad de dinero que puedan generar en esas actividades alternas, que nunca serán suficientes para poner a producir las tierras a su máxima capacidad para el beneficio de ellos mismos y también de la población en general. Entendemos que empoderar como propietarios reales a todos esos pequeños agricultores no es sencillo, pero hay las vías para hacerlo.
Por otro lado y por deducción, un alto porcentaje de los 90 millones de personas en emergencia alimentaria a que se refieren en las entrevistas, se encuentran en las zonas más golpeadas y según fue expresado allí, son Haití con casi 12 millones de habitantes, Venezuela con casi 30 millones de habitantes y el arco seco del norte de América Central con 4 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda. Es decir, que en gran parte se sabe dónde se encuentran para poder enfocar las políticas de ataque contra el hambre.
En el caso de Venezuela el régimen ha acabado con el 80% de la producción agro y pecuaria, basada en una política de violación generalizada de la propiedad privada. El régimen habla de expropiaciones, para enmascarar la realidad que no es otra que confiscaciones arbitrarias del sistema productivo nacional. En la gran mayoría de los casos, no ha habido ni procedimientos expropiatorios y mucho menos pagos de precios, ni justos, ni mucho menos oportunos. Ha sido un ARREBATO generalizado de propiedades privadas de productores y distribuidores de alimentos y allí se tienen las consecuencias.
Pensamos que la FAO debe considerar el tema de la defensa y protección de la PROPIEDAD PRIVADA y del debido proceso, como parte fundamental de la FORMULA para combatir el HAMBRE.
En los foros donde la FAO participa, o en los medios de difusión, el tema de la Propiedad Privada en el ámbito aquí explicado, ni se menciona. Se habla de financiamientos, apoyos, en que población enfocarse, etc. etc., pero esta parte medular aquí tratada en estas consideraciones es obviada.
Llamamos la atención de la FAO, porque el derecho de propiedad, además, es un derecho fundamental protegido por el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ante todo se le debe exigir a los países, especialmente a Venezuela, su cumplimiento, porque de no hacerlo se puede caer en una situación de complicidad ante el desastre social y económico que vive nuestro país.
Dr. Berdegué, le agradecemos la oportunidad y la atención prestada. Reciba nuestros saludos cordiales,
HACIENDA EL AMPARO
El Vigía, estado Mérida, Venezuela
Junio 3, 2020
elamparohacienda@gmail.com @HdaElAmparo