Como altamente positivo, califica el abogado e investigador del Observatorio Económico Legislativo, Luis Alfonso Herrera Orrellana, el proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Gran Misión Vivienda Venezuela.

En entrevista con Dhameliz Díaz, en el programa Primera Voz de El Carabobeño Radio (ECradio), el especialista en leyes destacó, que este proyecto habla de un contrato de compra-venta entre la República, como persona jurídica y los actuales o futuros beneficiarios de la adjudicación de viviendas, en donde el financiamiento es directo. “Aunque este proyecto, y esto es algo que nos preocupa, no define claramente cómo va a ser ese mecanismo de compra-venta”.

Para Herrera Orellano, hay cosas de esta ley aprobada por la AN en su primera discusión, las cuales deben ser revisadas. Advierte que esta no cuestionan la violaciones urbanísticas, ambientales, en materia de servicios y otros derechos de propiedad que fueron violados en la ejecución de ese proyecto; y el segundo punto, el más grave de todos, es que no reconoce la condición de víctimas de desafueros a la propiedad privada (a dueños de terrenos, inmuebles, edificaciones).

Eso es tratar de adoptar una nueva política sobre la base de la injusticia y la discriminación, como si existieran ciudadanos de primera o de segunda; ya que estas víctimas son tan ciudadanos y venezolanos como los beneficiarios de la política de la GMVV; y por tanto, ellos deberían también tener una respuesta inmediata dentro de esta legislación”, sugirió.

Finalmente expuso su preocupación sobre el hecho de que se sabe que en muchos casos estas edificaciones hechas a través de la GMVV, fueron construidas sin ningún tipo de legislación urbanística y ambiental, transgrediendo normativas municipales, que incluso ponen en riesgo a las personas que allí habitan.

Eso debería tener algún tipo de evaluación por parte del ente legislativo antes de tomar la decisión final de legitimar todas esas construcciones. Inclusive para advertir a los actuales propietarios de los riesgos de permanecer en estas estructuras, sin que se hagan arreglos pertinentes, entre otras adecuaciones necesaria de orden jurídico”, sentenció el jurista.  

Fuente: El Carabobeño