Cuando ocurre un hecho tan abominable por su brutalidad y desproporción contra las personas como fue el asalto militar y policial con métodos de terrorismo de Estado en contra de los habitantes de las Residencias El Paraíso, en Caracas, mejor conocidas como “Los Verdes”, con su saldo de violaciones a derechos humanos como la integridad personal, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros, es difícil hablar de una violación no menos grave ocurrida durante el hecho, como es la violación a la propiedad privada de los residentes de «Los Verdes». Sobre cómo se produjeron estas violaciones, El Pitazo nos proporciona los detalles de la repudiable acción de los órganos represivos del Gobierno nacional: “En El Paraíso, fueron funcionarios de la Guardia Nacional y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) quienes ingresaron en “Los Verdes”, tomaron por asalto el edificio, tumbaron los portones, rompieron vidrios de los carros y, según denunciaron usuarios en la red social Twitter, también robaron reproductores y objetos dejados dentro de los vehículos (…) La excusa de los cuerpos de seguridad fue que desde dentro del edificio habían accionado armas de fuego contra los funcionarios, hiriendo a tres guardias nacionales”. A las 10 de la noche la represión se intensificó. Según denuncias de los habitantes, los efectivos destrozaron varios vehículos en el primer sótano del edificio, robando incluso hasta baterías, al tiempo que tocaban las puertas de los apartamentos. Si algún residente se negaba a abrirles, proferían amenazas y tumbaban las puertas. En los apartamentos inspeccionaban todo y, si había jóvenes, eran detenidos de inmediato. Una cosa es describir y otra diferente es presenciar y percibir las violaciones a la propiedad privada, como tuvo oportunidad de hacerlo quien suscribe estas líneas. Contemplar el dolor de las personas afectadas ante escenas como la de los ascensores destruidos, puertas destrozadas y abaleadas, rejas derribadas como si de un ejército de ocupación se tratara, apartamentos de los que se llevaron objetos, mascotas asesinadas, vehículos violentados, robados y golpeados en parabrisas, ventanas y faros, sin justificación ni necesidad alguna, solo con el propósito de sembrar terror, inhibir la protesta ciudadana, empeorar las condiciones de vida de los habitantes de Los Verdes y, desde luego, empujarlos más a la pobreza, ante la gran dificultad que implica costear la reparación tanto de la propiedad común como de la particular devastada por la represión socialista. Este abyecto episodio de la política oficial de desconocimiento y violación sistemática de la propiedad privada se suma a los miles de casos de violaciones a este derecho fundamental, que tendrá más temprano que tarde ser objeto de reparaciones integrales por parte del Estado venezolano, a través de una ley especial en el marco de la justicia transicional a la que habremos de apelar para, en lo posible, compensar esta destrucción y violencia criminal.