Decir que el sistema socialista que el actual gobierno intenta imponer al país es la peor idea que se ha podido concebir para el futuro de los venezolanos, no debe tomarse como un ataque histérico contra la actual situación de nuestra nación, ni una opinión sesgada sobre la realidad, sino una verdad del tamaño de un templo apelando a cifras y hechos fácilmente comprobables. La cuestión está en tratar de deducir la motivación de la inmensa irracionalidad de acumular poder en todos los ámbitos de la vida del venezolano para luego utilizarlo de la manera más ineficiente posible ¿Cómo esta casta de “cruzados morales dispuestos a vencer el egoísmo intrínseco al capitalismo y la democracia liberal” han generado el sistema más corrupto e ineficiente que ha conocido Venezuela en toda su existencia como república?
Un sistema, sea político o económico, no es virtuoso o eficiente porque le manejen hombres sabios u honestos, sino entonces sería todo muy fácil. Un sistema funciona aun cuando tenga como gobernantes a las personas más incapaces y deshonestas posible y éste sigue funcionando y hasta prospera, porque existen en él, mecanismos intrínsecos que corrigen los desmanes e ineptitudes de quienes gobiernan en un momento dado. Caso comprobado de la economía de mercado y la democracia liberal. El socialismo del siglo XXI se basa en una concepción de poder absoluto del Estado, control sin contrapesos que hace que cuando existe la más mínima falla en el sistema (sean líderes y subordinados) todo falla, teniendo como consecuencia crisis política, desabastecimiento, conflictividad social e inflación de cuatro dígitos. Porque la verdadera corrupción de un sistema no está en la naturaleza de quienes la dirigen sino en la forma en que se controla su poder. Un Estado sobredimensionado siempre será poder sin contrapesos, un poder corrupto por naturaleza. Combatir la corrupción humana incrementando el radio de poder del Estado es como verter gasolina para apagar un incendio.
Y ese poder desmedido que degenera en mayor corrupción e ineficiencia en un sistema que supuestamente tiene como objetivo la pureza y eficiencia en lo político, económico y social del país se traduce en las noticias recogidas en esta edición del Observador de Coyuntura. La estatización de MONACA junto con la expropiación de miles de hectáreas de cultivos de maíz y el control de precios gubernamental han alertado esta semana la paralización de la planta de harina de maíz según sus trabajadores. Igualmente se reporta que la creación y militarización de la empresa estatal Abastos Bicentenario ha degenerado en corrupción, incumplimiento de acuerdos salariales y amedrentamiento de personal, justamente los imperativos morales con los que se construye toda revolución socialista que se precie de su nombre.
Añadimos a esta crónica, en donde queda claro que el poder absoluto del Estado se traduce en la corrupción total de todo lo que maneja, la pérdida de potestad gubernamental en la mediación que requiere el surgimiento de conflictos relacionados con el derecho de propiedad de los ciudadanos. Tres noticias nos dan contexto para afirmarlo: a la 1:00 de la tarde del domingo 16 de abril, un grupo de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños, intentó apropiarse de los espacios donde se ubica la Cámara de Industriales en la avenida Sur 17 de la parroquia La Candelaria de Caracas; el consorcio estadounidense General Motors anuncia el cese inmediato de sus operaciones en Venezuela, “después de que las autoridades tomaron el control de una planta”, una decisión que de acuerdo con la automotriz con la mayor capacidad instalada para la producción de vehículos en el país, “es un embargo judicial ilegal de sus activos”, que ha causado enormes daños no solo a la empresa, sino a sus más de dos mil trabajadores; el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), insiste en que las autoridades centrales, estatales y municipales no pueden desentenderse de la obligación de impedir que las protestas populares terminen destruyendo establecimientos comerciales y prestadores de servicios.
Cerramos este editorial citando lo que decía Milovan Djilas: “La verdadera corrupción del gobernante no reside en robar los dineros públicos, sino en ejercer el poder de manera desmesurada, sin controles, lastimando y robando los derechos de quienes supuestamente, debería proteger».
Las 5 noticias clave:
1) Alertan sobre paralización de planta de Monaca
Los trabajadores de la planta de maíz de Monaca, localizada en Ciudad Bolívar, alertaron sobre una posible paralización de la producción por falta de materia prima. Jean Carlos Díaz, secretario general del sindicato de trabajadores de la planta, señaló que después de 4 meses paralizados y de haber logrado una producción de 1.500 toneladas de maíz hace 25 días, las proyecciones actuales arrojan que se van a paralizar en las próximas horas.
2) Abastos Bicentenario: el fracaso de la “gerencia” militar y expropiadora
Una larga lista de manejos irregulares crece desde que el presidente Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de Abastos Bicentenario el 17 de febrero de 2016. Despidos masivos, incumplimiento de la contratación colectiva, corrupción y amedrentamiento al personal son solo algunos de los episodios denunciados por los trabajadores.
3) Colectivo intentó invadir sede de la Cámara de Industriales en La Candelaria
A la 1:00 de la tarde de este domingo 16 de abril un grupo de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños, intentó apropiarse de los espacios donde se ubica la Cámara de Industriales en la avenida Sur 17 de la parroquia La Candelaria de Caracas.
4) General Motors suspende operaciones en Venezuela tras el embargo de una planta
El consorcio estadounidense General Motors ha anunciado este jueves el cese inmediato de sus operaciones en Venezuela. La decisión se produce después que el gigante automovilístico denunciara, el pasado miércoles, la confiscación por parte de las autoridades locales de su instalación industrial en la ciudad de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas.
5) Consecomercio: saqueos son promovidos por delincuentes profesionales
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios insiste en que las autoridades centrales, estatales y municipales no pueden desentenderse de la obligación de impedir que las protestas populares terminen destruyendo establecimientos comerciales y prestadores de servicios. ||
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Elaborado por: Rafael Quiñónes – colaborador del Observatorio de Derechos de Propiedad
Para más información: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com
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