Desde el poder se intenta imponer la narrativa oficial que asegura que las sanciones son la explicación a la emergencia humanitaria compleja que martiriza a los venezolanos desde el 2015. En las redes sociales se encuentran etiquetas como #TrumDesbloqueaVenezuela y los voceros encargados de pregonar esa versión recitan los cuantiosos montos que, según ellos, producto de las sanciones están «secuestrados» y, por tanto, no se podrán usar para la importación de alimentos y medicinas. El motivo ulterior es conducir a Venezuela al colapso, según dicen.
Lo que convenientemente deciden obviar del libreto, es que durante las dos décadas que tienen en el poder, confeccionaron un marco legal a la medida de sus intereses, que les permitió desmembrar el aparato productivo nacional y vulnerar de todas las formas posibles las libertades económicas y el derecho de propiedad para someter a todo un país.
La clase política gobernante no necesita ayudantes para conducir a Venezuela colapso, es la única empresa «exitosa» en manos del Socialismo del SXXI. De allí que no cejan en su empeño de someter. Es así que se anuncia la intervención de los aeropuertos Oscar Machado Zuloaga, Aeropuerto Metropolitano de Ocumare del Tuy y el Aeropuerto de Higuerote, se reciben reportes de los comerciantes que operan negocios dentro del Aeropuerto Internacional de La Chinita que aseguran que se les vulneran sus derechos por órdenes de quien detenta la gobernación.
Quienes han sufrido afectaciones a su derecho de propiedad encuentran en las instancias internacionales, una alternativa, como lo demuestra el fallo del tribunal arbitral de La Haya que recientemente dictaminó el pago de $366 millones por concepto de indemnización por la expropiación ilegal de las compañías Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. ocurridas en 2010. Es necesario recordar que en el Centro internacional de arreglo de diferencias (CIADI) desde el año 2.000 Venezuela ha sido demandada 47 veces y hay 19 demandas pendientes. Al hacer una sumatoria simple de los montos, sin considerar los intereses que se ordena pagar en los casos en los que hubo un fallo, se obtiene que el Estado venezolano debe pagar USD$ 12.611.459.087,04, cantidad que resulta pavorosa tomando en cuenta lo que se podría haber hecho con este dinero.
Las 5 noticias más importantes:
1. Tribunal arbitral de La Haya condenó a gobierno de Maduro a pagar $366 millones por expropiaciones
Un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, condenó a Venezuela a pagar aproximadamente $366 millones en favor de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. en concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías que tuvo lugar en 2010.
2. Fedeagro: Con la llegada de semillas de maíz queda en evidencia que sanciones de EEUU no afectan al país
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, aseguró que la llegada de un cargamento de semillas de maíz queda en evidencia que las sanciones de Estados Unidos no afectan al país.
3. Gobierno declara 18 rubros alimenticios como «cultivos y crías de guerra»
El decreto llega en momentos en que el país atraviesa su peor crisis económica y donde la producción agrícola se ha desplomado debido a la falta de insumos, así como a la política de expropiaciones de empresas y tierras.
4. Kellogg’s puede demandar a la República de Venezuela por uso ilegal de su marca
El abogado Cástor González, especialista en Propiedad Intelectual y presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC), indicó que en el registro de la marca Zucaritas de Kellogg’s, disponible en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no se observa ninguna anotación en la que Kellogg Company autorice al gobierno de Maduro el empleo de su marca, de manera que si el producto circula en el mercado sin contar con su autorización se estaría cometiendo un ilícito.
5. 3 puntos políticos y militares que explican la expropiación del aeropuerto Caracas
Desde el punto de vista de su resguardo, no hay manera de justificar tal acción de reversión, cuando desde siempre el Estado ha sido el encargado de ello, y tiene el control de la seguridad de los aeropuertos con comandos operativo de la Guardia Nacional Bolivariana y en el caso del Aeropuerto Caracas, un hangar de operaciones de la división aérea del Ejercito.
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Elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad
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