Exponer el caso de Empresas Puig tiene un doble propósito. En primer lugar, remite a la historia de la empresarialidad, cómo desde hace 108 años su fundador vio en Venezuela una tierra de oportunidades, cómo una familia de la mano de sus trabajadores ha agregado valor al país durante un siglo, creando fuentes de empleo, fabricando y distribuyendo productos con calidad de exportación. Habla de la mística y del trabajo esforzado de generaciones.
En segundo lugar, el incendio de una de las plantas de Puig ubicada en Las Tejerías (Aragua), permite ilustrar la situación en la que se encuentran todos quienes intentan llevar a adelante una actividad económica dentro de nuestras fronteras. Las formas en las que se vulneran las libertades económicas y el derecho de propiedad en Venezuela pueden ser directas o indirectas. Por un lado, se tiene que la política sistemática ejecutada por el Estado para doblegar al aparato productivo nacional, manifiestamente a través del marco legal, un traje a la medida para la implantación del socialismo del siglo XXI, se ha convertido en una camisa de fuerza que ha cobrado, de acuerdo a los gremios de empresarios e industriales, el 80% de la capacidad industrial venezolana. Un aparato institucional diseñado para derruir la economía y lograr el sometimiento de la ciudadanía.
Por otro lado, tiene lugar la inacción del Estado frente a bandas criminales que, en todo el territorio nacional, como ha sido ampliamente difundido a través de los medios de comunicación, demandan a las empresas y a particulares el pago de vacunas. Aún no hay un comunicado oficial de Empresas Puig, sobre lo ocurrido, pero hay versiones que aseguran que el llamado Tren de Aragua es responsable del incendio. La destrucción de la planta es la consecuencia de la negativa de la empresa a ser extorsionada por dicha organización criminal. Esperemos que la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visita Venezuela entre el 8 y 12 de julio sea informada de estos hechos.
En paralelo, los controles no cesan. Los primeros días de julio dan cuenta de ello, se registran amenazas y multas sobre clínicas privadas, la promulgación de un impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela aprobado por la írrita Asamblea Constituyente, la publicación del Sistema autónomo de registros y notarias (Saren) de nuevos montos para el registro de empresas lo que hará aún más cuesta arriba que pequeños y medianos empresarios puedan formalizar su empresa.
De esta forma resulta coherente el lugar que ocupa Venezuela en el Índice de Calidad Institucional, que como asevera el profesor Víctor Maldonado en el prólogo 3 del índice correspondiente al 2018 “Venezuela es el contraejemplo. En el índice de calidad institucional del 2018 es el único país iberoamericano que se encuentra entre los veinte peores del mundo. Al estar en la posición 183 de 191 países, también integra el penoso grupo de los diez que tienen pésimo desempeño. Todos ellos tienen en común el talante autoritario de sus gobiernos, y su incapacidad para resolver problemas de orden social, el escaso respeto por el derecho, la violación de los derechos de propiedad, la inestabilidad política, el aislamiento internacional, el colapso económico y el poco respeto por los estándares democráticos”.
Las 5 noticias más importantes:
1.Planta de Galletas Puig en Aragua fue consumida por incendio supuestamente provocado
La planta Productora El Símbolo, propiedad de C.A. Sucesora de José Puig & Cía, fabricante de diversas líneas de galletas y otros productos, fue destruida por un incendio que se desató en la madrugada de este lunes 8 de julio y que, presuntamente, afectó toda la infraestructura productiva en un área de 1.200 metros cuadrados. Fuente: http://www.bancaynegocios.com
2. La Constituyente chavista aprueba un impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada por militantes del chavismo, aprobó la creación de un impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela, que cobrará hasta el 1,5 % a personas naturales con más de 250.000 euros (282.500 dólares) de activos y a empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros (734.500 dólares). || Fuente: https://www.efe.com
3.Confiscación y multas: amenazas del régimen contra clínicas privadas
El ministerio de Comercio del régimen estableció una serie de sanciones contra varias clínicas privadas, por violar la Ley de Precios Justos. Las sanciones van desde multas sobre 20% del valor de los ingresos netos anuales. Fuente: http://caraotalibre.cf
4.Controles estatales y distorsiones económicas perjudican al turismo venezolano
Venezuela carece de infraestructura, los hoteles están descuidados, los servicios del suministro de agua y de energía eléctrica no funcionan con normalidad. || Fuente: http://www.descifrado.com
5.Comisión de la OIT en Venezuela
Sin la pompa de la reciente visita de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet, esta semana nos visita desde el 8 hasta el 12 de julio, un organismo de jerarquía mundial, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se encargará de verificar las quejas planteadas por organizaciones de trabajadores y empleadores ante las sucesivas violaciones a los convenios internacionales laborales firmados por el Estado venezolano. ||Fuente: http://elestimulo.com
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Elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad
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