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Anteproyecto de Ley de titularización de tierras agrarias y otros bienes
La presente ley viene a establecer el marco jurídico que permitirá al Estado venezolano transferir a particulares las tierras agrarias que se encuentran bajo régimen de dominio público a la fecha de su entrada en vigencia, y otorgarles títulos de propiedad, esto es, titularizarlos, poniendo fin a más de medio siglo de improductividad, inseguridad jurídica y falta de desarrollo en el agro venezolano, derivado de ideologías políticas populistas, contrarias tanto económica como a las necesidades de los venezolanos.
Por tanto, su finalidad es clara: sentar las bases de una nueva política agraria que apunta a revertir el balance en los derechos de propiedad sobre las tierras agrarias en Venezuela, para pasar del actual régimen jurídico de estatización de aquéllas al régimen jurídico contrario, en el que la mayor cantidad posible de tierras agrarias sean aprovechadas con todas las garantías jurídicas bajo régimen de propiedad privada.
La función empresarial no corresponde al Estado, sino a los particulares, y en el caso de la producción agraria específicamente a los emprendedores o inversionistas, nacionales o extranjeros, que poseen los talentos, capacidades, incentivos, conocimientos y recursos para lograr, con eficiencia, respeto al marco jurídico y sustentabilidad ambiental, el mejor aprovechamiento de las tierras agrarias, y así generar producción suficiente de alimentos y servicios en este sector económico que satisfaga la demanda interna, y también para lograr que Venezuela compita en mercados internacionales con los productos agroindustriales que se generan dentro de su territorio.
Ningún funcionario o gobernante puede a través de decretos, reglamentos o de leyes contrarias a la acción humana, la función empresarial, el sistema de libre formación de precios y las preferencias de las personas, lograr lo que éstas sí pueden cuando se brindan garantías a la propiedad privada para que ésta dé sus frutos, en beneficio tanto de sus titulares como del resto de la sociedad; de allí que, salvo las prudentes restricciones derivadas de la seguridad nacional, no importa si los futuros propietarios serán nacionales o extranjeros, siendo lo más importante su capacidad para, en libre competencia, desarrollar la mayor productividad en beneficio de los venezolanos.
La ley se aplicará en todo el territorio nacional a todas las tierras agrarias bajo dominio, ocupación, intervención o proceso de expropiación de la República, los Estados y los Municipios, por ser el actual estado actual de monopolio estatal de tierras agrarias consecuencia de la aplicación de leyes nacionales.
