La historia de Venezuela, así como la de otras Naciones, ha demostrado que sin acceso a la propiedad privada ganada con el propio esfuerzo sobre bienes aptos para generar riqueza y progreso individual y social, la persona humana se halla en situación de servidumbre y expuesto a la explotación de otras personas, en especial, a la explotación del Estado, pues una persona que no tenga capacidad de autofinanciar sus necesidades básicas, sus decisiones de vida y que dependa para ello de la voluntad de otras, no es un individuo libre y autónomo, aún menos ciudadano, sino un siervo, un súbdito, una víctima de la pura voluntad arbitraria de quienes sí son propietarios y están en situación de decidir por sí mismos sobre sus vidas y sobre las de todos quienes no sean propietarios.

No por casualidad, en las primeras experiencias democráticas de diferentes países, sólo las personas que tenían propiedad privada tenían derecho a ejercer el sufragio, pues se entendía que sólo aquéllas no dependían de la        voluntad política o económica dominante en la sociedad al momento de hacer su elección.

En las democracias modernas todas las personas tienen derecho al sufragio pues éste es un derecho humano, pero el mismo debería estar respaldado a su vez por el derecho a la propiedad privada, para que al decidir los destinos públicos de su comunidad cada elector lo hiciera según sus preferencias políticas y no a cambio de un mínimo de recursos siempre insuficiente para salir de la pobreza.