Boletín 33 | La Propiedad Privada tiene un único doliente: el dueño

Un ciudadano nos comenta que ha llegado a la conclusión de que en Venezuela “la Propiedad Privada tiene un único doliente: el dueño”. Esa afirmación nos corrobora, una vez más, la importancia de la labor que lleva adelante el Observatorio de Propiedad, en pro de la visibilización de los atropellos de los cuales muchos venezolanos, en toda la geografía territorial, han sido víctimas silenciadas por la indiferencia de las instituciones y cuyo emblema está representado en el caso extremo de Franklin Brito, conocido en el país justamente por haber desafiado los límites de la impotencia.

Esta edición contiene en la sección La Lupa, un recuento de nuestra experiencia en la sistematización de datos que refieren casos de violaciones a los derechos de propiedad de ciudadanos comunes que en busca de apoyo para no dejar morir la esperanza de encontrar justicia, se nos han acercado brindándonos toda la información que permita convertir sus experiencias en oportunidades para informar y reflexionar.

En la sección Historias, encontramos el texto escrito por un ciudadano del estado Lara, quien narra su experiencia con los invasores del grupo FRIO (Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes) y su lucha por afirmar su condición de propietario frente a la indiferencia del Estado.

En la sección Reflexión, la Dra. Andrea Rondón nos presenta una breve reseña del último libro del profesor Vladimir Chelminski “Jaque mate a la sociedad: Controles de precios y de cambio”, en donde se exponen los efectos perversos que derivan de los controles, responsables de los cementerios de empresas y las largas colas para comprar, tan conocidos en nuestra Venezuela de hoy.

Desde el Observatorio de Derechos de Propiedad hemos venido promoviendo la visibilización de casos diversos de violación a los derechos de propiedad de ciudadanos que con esfuerzo han enfrentado una batalla frente a las instituciones correspondientes en pro del restablecimiento pleno de sus atribuciones como propietarios.

Es por ello que desde hace algunos meses se ha levantado un expediente con los datos de estas personas y los bienes que han sido objeto de confiscaciones o afectaciones que impiden total o parcialmente el disfrute de las mismas por parte de sus legítimos poseedores, sistematizando sus historias para darle forma a una denuncia colectiva esperando poder transmitir el drama que ellos han padecido a lo largo de tantos años, algunos de ellos iniciaron hace más de 12 años este calvario.

LA LUPA: Un expediente de denuncia colectiva contra las violaciones a los derechos de propiedad

Desde el Observatorio de Derechos de Propiedad hemos venido promoviendo la visibilización de casos diversos de violación a los derechos de propiedad de ciudadanos que con esfuerzo han enfrentado una batalla frente a las instituciones correspondientes en pro del restablecimiento pleno de sus atribuciones como propietarios.

Es por ello que desde hace algunos meses se ha levantado un expediente con los datos de estas personas y los bienes que han sido objeto de confiscaciones o afectaciones que impiden total o parcialmente el disfrute de las mismas por parte de sus legítimos poseedores, sistematizando sus historias para darle forma a una denuncia colectiva esperando poder transmitir el drama que ellos han padecido a lo largo de tantos años, algunos de ellos iniciaron hace más de 12 años este calvario.

Nos preguntamos de qué manera podíamos ayudarlos, después de todo, hacer una lista no es tan complicado, hacer una denuncia, puede serlo un poco más, pero nuestro deber y nuestra responsabilidad humana, como venezolanos que hemos vivido este proceso, nos impone ir más allá de una lista y es entonces cuando decidimos escuchar cada una de estas historias, en profundidad.

En una reciente investigación del Observatorio, pudimos examinar las Gacetas del Distrito Metropolitano de todo el año 2006 y las Gacetas Oficiales de 2011, filtrando todas las disposiciones que en esos años abarcaron particularmente el tema de la vivienda. Ese análisis nos permitió descubrir y poner el foco en las estrategias de violación a los derechos de propiedad privada, con un total de 282 decretos de expropiación que se emitieron para el área metropolitana de Caracas, tanto por la autoridad local, como por la nacional, que abarcaron una superficie de 320,44 has. Esto con el agravante de que en el año 2006 del total de los decretos de expropiación sólo el 63,75% contenía la superficie afectada, mientras que en el 2011 el 58,73% especificaba la superficie. Lo que implica que no se tiene un número exacto que dé cuenta de la superficie que se afectó.

Es así como aparecieron en las gacetas decretos de expropiación, de ocupaciones temporales, rescates de tierras en áreas rurales, Acuerdos del Cabildo Metropolitano, entre otros. A ello se unen las invasiones organizadas por colectivos o comunidades de inquilinos que en su mayoría no han sido atendidas por las autoridades pese a las denuncias de los afectados y cuyos efectos sobre los derechos de propiedad han sido todos nefastos. En ellas, constatamos las acciones del régimen ejecutando una perversa operación mediante la cual se despoja a unos ciudadanos de sus propiedades, bajo el supuesto amparo moral de favorecer a otros, y con ello cumplir con el solapado designio ideológico de destruir la propiedad privada. Pero en 2016, la situación no ha sido diferente y aunque ya no figuran como expropiaciones o adquisiciones forzosas, se registraron 247 ocupaciones temporales de terrenos e inmuebles urbanos, medidas dictadas en el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para Terrenos y Viviendas.

Esto supuso la afectación de 9.000 Has aproximadamente, distribuidas en 18 estados del país: Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Dtto. Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Zulia.

El primer trimestre del 2017 no ha sido diferente, la arremetida contra las panaderías, la ocupación por parte de los colectivos de los terrenos que fueron objeto de las medidas de ocupación en el 2016 y la amenaza latente sobre los colegios de educación privada, entre otros, son la muestra fehaciente de que el gobierno central no ha cejado en su empeño por seguir violentando el derecho de propiedad de los venezolanos. El marco de estas intervenciones ha sido común, los colectivos fungen como el brazo ejecutor de las acciones violatorias, con la anuencia del Estado.

Han sido encuentros cargados de emoción, porque en cada cita se renueva el dolor de los protagonistas de estas historias que hoy están recogidas en un expediente abierto y siempre dispuesto a nutrirse de otros casos. Escuchándolos hemos podido corroborar que la violación de los derechos de propiedad no se detiene en la simple confiscación de los bienes materiales, sino que va mucho más allá, tiene que ver con la libertad y la vida misma de las personas.

Si bien en manos del Observatorio no está la posibilidad real de dar una solución a los afectados, les ofrecemos la oportunidad de documentar su denuncia para que no caiga en el olvido y contribuir a la sistematización en espera de justicia.

Es una iniciativa que queremos ampliar y dar a conocer porque está dirigida a todo el país, no solamente a Caracas, ciudad que ha sido fuertemente castigada por las expoliaciones. Con este ejercicio hemos venido sistematizando un inventario de atropellos que consideramos deben ser visibilizados, denunciados públicamente y aspirar a que este grupo de venezolanos afectados, sea resarcido como corresponde. El entramado legislativo que ha venido tejiendo este gobierno para simular actuar dentro de un marco legal y así justificar las acciones violatorias perpetradas durante todos estos años en materia de terrenos y vivienda, son herramientas perversas que deben ser execradas.

El primer trimestre del 2017 no ha sido diferente, la arremetida contra las panaderías, la ocupación por parte de los colectivos de los terrenos que fueron objeto de las medidas de ocupación en el 2016 y la amenaza latente sobre los colegios de educación privada, entre otros, son la muestra fehaciente de que el gobierno central no ha cejado en su empeño por seguir violentando el derecho de propiedad de los venezolanos. El marco de estas intervenciones ha sido común, los colectivos fungen como el brazo ejecutor de las acciones violatorias, con la anuencia del Estado.

Los ciudadanos hoy más que nunca debemos estar alertas y oponernos a las violaciones al derecho de propiedad, solo así podremos tener una Venezuela libre y próspera, donde la vida y la propiedad sea protegida, tal y como es la visión del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), construir una sociedad de personas libres y responsables. Desde el Observatorio de Derechos de Propiedad hacemos un llamado a todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos de propiedad para que visiten nuestra página y hagan su denuncia, de esta manera podremos incorporarlos al expediente: MAPA DE VIOLACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA

Historias: Dos oficinas en la Torre Casabera

En esta oportunidad reseñaremos la misiva que nos hiciera llegar por correo un ciudadano del estado Lara, quien se enteró de nuestra iniciativa y decidió contarnos su historia. Hoy se la transcribimos como testimonio del padecimiento de los venezolanos enfrentados a un régimen que niega y atropella los derechos de propiedad a quienes claman justicia.

REFLEXIÓN: Jaque mate a la sociedad: Controles de precios y de cambio -Reseña al último libro del profesor Vladimir Chelminski-

Vladimir Chelminski, quien fue Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas por más de dos décadas y a quien junto con Víctor Maldonado y Rocío Guijarro tengo como referente de la difusión de las ideas de libertad en Venezuela, nuevamente escribe sobre los controles de precios y de cambio, medidas económicas que nos han azotado a los venezolanos por décadas, pero hoy tiene el agravante de ser aplicadas por un régimen socialista abiertamente totalitario.

Chelminski, fellow de la Fundación Francisco Marroquín (en los Estados Unidos) y autor de Los controles de precios. Buenas intenciones y trágicos resultados (Cedice Libertad, 1998), retoma este tema que lamentablemente ha sido una constante en Venezuela, pero esta vez lo hace con la crudeza que esta época impone.

Este libro es ilustrativo de la tragedia que vivimos los venezolanos en números y nos refiere que “Tan mal se ha manejado el país y tanto se han empobrecido los venezolanos, que si bien Bs. 4,30 en enero de 1983 compraban US$1, esos mismos Bs.4,30 al cierre de 2016, solo compraban US$ 0,00000179 (entiéndase 179 cien millonésimas de un dólar). El monto del salario mínimo lo han subido 100.902 veces sin que se hiciera el menor esfuerzo en pensar cuántas personas quedarían desempleadas, ni cuántas empresas tendrían que cerrar tras estas órdenes.”

Este último trabajo de Chelminski nos recuerda a los venezolanos que los controles son dañinos per se y que no existe fórmula para aplicarlos adecuadamente sin que genere efectos nocivos. Sin embargo, este libro también es una advertencia para la región porque lamentablemente “Para la opinión pública, para los políticos y gobernantes, la idea de controlar precios parece a primera vista muy atractiva.”

Lectura recomendada si deseamos superar la situación de atraso que lleva a los gobiernos de la región una y otra vez a aplicar estas medidas y mantener a América Latina como la hija del buen salvaje, la esposa del buen revolucionario y madre predestinada del hombre nuevo como diría Carlos Rangel.