Boletin 34: La vida, libertad y propiedad de los venezolanos durante 45 días de protestas

Venezuela está en medio de la peor crisis por la cual ha atravesado durante su historia republicana, como consecuencia de la pretensión confesa, por parte del gobierno que ha estado en el poder cerca de dos décadas, de implantar el socialismo del siglo XXI, que no es más que una propuesta estatocéntrica de cuño autoritario. De acuerdo a las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) UCAB-USB-UCV, aproximadamente el 80% de la población vive en condiciones de pobreza. Cada uno de los hogares venezolanos es flagelado por la inflación más alta del mundo, con lo cual un salario mínimo de 37 dólares se escurre como agua entre los dedos de las manos de los que cuentan con la fortuna de tener un empleo, ya que la política gubernamental ha acabado con la empresa privada a través de las expropiaciones y el control de cambio implantado hace 14 años. Así los trabajadores que a duras penas pueden llevar alimentos a sus hogares, tienen que sortear el desabastecimiento y la carestía. Sin dejar de mencionar la escasez de medicinas que se agudiza cada día más, algunas cifras la ubican en un 80%.

En este contexto han tenido lugar protestas contra el gobierno, exigiendo el respeto al orden constitucional. La respuesta gubernamental ha sido la represión desmedida contra los manifestantes por parte de la fuerza pública, sin importar los principios que deben guiar la actuación de dichos funcionarios, entre los que destacan el uso progresivo y diferenciado de la fuerza pública. Los testimonios registrados tanto en video como en fotos son elocuentes, se ha hecho un uso desmedido de la fuerza. Situación que contrasta con la actuación de estos mismos funcionarios frente a la acción de grupos paramilitares o aquellos individuos que han perpetrado saqueos y han atentado contra la vida y bienes de los ciudadanos.

Muchos son los testimonios de los afectados que reclaman la mirada indiferente o la participación deliberada de los funcionarios en la agresión a sus viviendas o comercios. ¿Es que acaso se les olvida que su misión es el respeto y garantía del derecho humano a la vida como valor supremo?

En esta edición número 34 se hará una revisión de la actuación de los grupos paramilitares en contra de la vida, libertad y propiedad de los venezolanos. En la sección de Historias Ciudadanas se presentarán dos casos, el de Calogero Aloto y el de José Díaz. En la tercera sección se analizará los saqueos que han tenido lugar en el país en los últimos 2 años y cuáles son sus implicaciones.

LA LUPA: Los colectivos y la vulneración de la vida, libertad y propiedad de los venezolanos

Por Ana María Carrasquero

La mayoría de los artículos de opinión que se han escrito sobre Venezuela en los tiempos que corren, necesariamente harán alusión al contexto actual, desde hace 45 días el país ha estado sacudido por protestas en contra de la ruptura del orden constitucional a manos del régimen gobernante. Las protestas tienen lugar para exigir al gobierno la convocatoria de elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, liberar a los 186 presos políticos, implementar un canal humanitario y desarmar a los grupos de civiles armados. En ese lapso, 39 asesinatos de venezolanos han tenido lugar.

Durante las protestas, esos civiles armados, autodenominados colectivos, que no son otra cosa que grupos paramilitares, se han hecho presentes. En las redes sociales han circulado y siguen circulando ingente cantidad de testimonios fotográficos que retratan el papel de estos grupos armados que de forma reiterada han manifestado su apoyo al actual gobierno y en reciprocidad han contado con su aquiescencia.

Una consulta rápida de la historia de este hemisferio, evidenciará que los grupos paramilitares y la lógica con la que éstos actúan no son novedosos, pero no por eso deja de ser trágica.

Muy cerca, nuestros vecinos colombianos sufrieron en carne propia los efectos del paramilitarismo, así como en Brasil surgieron los escuadrones de la muerte y quizás una de las referencias más mencionadas estuvo en Haití con los Tonton macoutes de Jean-Claude Duvalier, quienes actuaron como el brazo armado del dictador, imponiendo y sosteniendo a sangre y fuego la dictadura.

Quienes hemos atestiguado estos días podemos dar cuenta de la actuación de estos grupos que han atentado contra la vida, la libertad y la propiedad de los venezolanos. En un futuro no muy lejano todo cuanto ha sucedido en estos días será material suficiente para ser inmortalizado en películas. No es una exageración decir que esas películas seguramente guardarán cierta semejanza con aquellas que narran lo sucedido con los “camisas pardas” de Hitler, por ejemplo. Las acciones de los colectivos tienen lugar ante la mirada complaciente del poder. Blanden y accionan sus armas, en presencia de la fuerza pública, con la intención de intimidar a los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 del texto constitucional venezolano. Su misión es amedrentar a aquellos que se oponen a que les asesinen, opriman y roben.

Abundan los testimonios de las acciones de estos grupos. Destacaremos lo sucedido en dos Estados, en el Distrito Capital y en Trujillo. En Caracas, específicamente en El Paraíso, en el “Conjunto Residencial El Paraíso” popularmente conocido como Los Verdes, hacia finales del mes de abril se vivieron noches de auténtico terror, en las que los colectivos aparecían a bordo de motocicletas, fuertemente armados e intentaban entrar en estos edificios para acallar las protestas de los vecinos. Algunos propietarios de estas residencias declararon que tuvieron que esconderse dentro de sus viviendas por temor a resultar heridos por los disparos que efectuaban estos individuos. Una situación similar se vivió el 2 de mayo en La Urbina, específicamente en el Edificio Los Mangos, nuevamente los colectivos arremetieron contra los propietarios de un edificio. En esta oportunidad abrieron un hueco en una de las paredes perimetrales del edificio, esto ocurrió en presencia de efectivos de la Guardia Nacional. Una vez dentro del estacionamiento del edificio, dispararon contra los apartamentos, robaron y vandalizaron los carros que encontraron a su paso.

Lo único que aún no hemos visto es a la fuerza pública garantizando los derechos humanos de todos los ciudadanos, aún no los hemos visto protegiendo la vida, la libertad y la propiedad de los venezolanos.

HISTORIAS CIUDADANAS: Calogero Alotto y José Díaz

REFLEXIÓN: Saqueos, atentado a los derechos de propiedad y a la calidad de vida de los venezolanos

Por Fanny Migliore

En los últimos cuarenta días hemos estado sumergidos en un clima de crisis política a la cual se suma la tensión social que deriva de los atropellos a los derechos ciudadanos por los efectos de la escasez, del fracaso de las políticas públicas y de los azotes de la inflación a los bolsillos de los venezolanos.

La inconformidad social se ha venido manifestando con episodios de emociones colectivas, dentro de las cuales las marchas y las protestas han representado en estos últimos años y particularmente a partir de abril de este año, el reflejo de un sentimiento nacional medido a través de la creciente capacidad de convocatoria y consenso generada por líderes políticos y otras personalidades que sin profesar necesariamente alguna afinidad partidista, han venido construyendo sus liderazgos desde abajo.

En medio de toda esta situación en donde las fuerzas del orden han obedecido incondicionalmente al llamado a ejercer una represión desmedida contra los manifestantes, se han generado elevados riesgos de inseguridad para los comercios y depósitos que ofrecen los mermados inventarios de alimentos y todo tipo de mercancía, que en ocasiones suelen ser blancos predilectos de grupos violentos.

Si examinamos las cifras del último año, recordaremos que en abril de 2016, ocurrió el saqueo de 73 locales comerciales en Zulia. En esa oportunidad, el detonante fue el doble turno del racionamiento del servicio eléctrico que enardeció los ánimos de protesta de la población y desencadenó una ola de destrucción por parte de grupos violentos. El resultado: detención de 25 personas y 24 negocios completamente destruidos.

En junio del mismo año, ante la escasez de alimentos, comercios de diferentes lugares de la cuidad de Cumaná fueron víctimas de otros saqueos, 78 según el presidente de la cámara de comercio de la ciudad, quien además en recientes declaraciones comentó que a distancia de un año, solo el 60% de los negocios afectados logró restablecer sus actividades.

En diciembre de 2016 fue el turno del estado Bolívar, con un balance penoso en materia de saqueos: 450 comercios desvalijados y destruidos ante la protesta por la falta de dinero en efectivo. La capital del estado y otras ciudades de la entidad fueron devastadas por el vandalismo, que dejó además un saldo de 5 muertos y decenas de heridos.

En abril de 2017, las recientes protestas han sido nuevamente acompañadas de actos vandálicos en 9 entidades del país: desde el 12 de abril hasta el 10 de mayo, el Observatorio de los Derechos de Propiedad ha contabilizado cerca de 220 saqueos a comercios y desde enero de este año hasta la fecha, cerca de 1520 gandolas y camiones desvalijados en las vías públicas de todo el país.

El sesgo ideológico de este gobierno, deja en cada acción la evidencia de su aversión por la propiedad privada y el irrespeto por el trabajo de los ciudadanos, por ello nos preguntamos si la actuación a destiempo, nula o en algunos casos cómplice (como se evidencia en algunos videos que circulan por las redes sociales), por parte de las autoridades para el control de estos episodios de vandalismo, responden a una perversa intención de generar caos y permitir de tal manera paliar la desesperación y el hambre que el mismo gobierno ha creado.