Boletin 35: Nuevos ataques a la propiedad y humillaciones al ciudadano

 

En esta edición queremos destacar las consecuencias de los recientes ataques del gobierno en contra de los derechos de los venezolanos. No nos referimos solo al derecho de propiedad, cuya defensa es el permanente objetivo del Observatorio de Derechos de Propiedad, queremos además dejar en evidencia “que el ataque a la propiedad también es un ataque al ser humano, porque representa un perfecto ejemplo en el que presenciamos la lenta transformación de un ciudadano que vive en una sociedad libre y democrática en un esclavo -o intento de convertirlo- que deambula atormentado por el despotismo”.

Es así como en la sección La Lupa, Andrea Rondón García y Ramón A. Castro Cortez, nos ilustran casos emblemáticos de recientes ataques tanto a empresas extranjeras que operaban y producían en Venezuela, como las imposiciones aparentemente inocuas a otras tan venezolanas como la Leche Carabobo.

Las Historias Ciudadanas nos traen los casos de Tatiana Sánchez y de Ernesto Delfín, una venezolana y un argentino con corazón venezolano que sortean las barreras de la indiferencia de las instituciones, difundiendo a través de todos los espacios que consiguen abiertos, la necesidad de justicia y la lucha por la reivindicación de sus derechos de propiedad.

En la sección Reflexión, Fanny Migliore nos comenta la situación del campo venezolano a través de las recientes amenazas del gobernador de Táchira, en las que queda claro que el dedo destructor del régimen parece no tener descanso y sigue apuntado al campo, castigando a los productores que estoicamente han sobrevivido a los atropellos y continúan produciendo, pese a las adversidades.

LA LUPA: ¡Otro ataque a la propiedad privada, otra humillación al ciudadano!

Por Ramón A. Castro Cortez* y Andrea Rondón García*

* Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de la Universidad Monteávila. ** Doctora en Derecho, Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Directora del Comité de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

Desde los mismos inicios del régimen tiránico que padece Venezuela hace ya más de 18 años, se ha mantenido una línea de asedio constante y deliberado desconocimiento a la propiedad privada que, a través de los más perversos mecanismos, ha afectado, sin distingo, tanto a individuos como a empresas. Esta lamentable situación se manifiesta con ataques directos a bienes de particulares o con la imposibilidad de acceder a productos otrora esenciales del venezolano, todo lo cual se traduce últimamente en afectación de la propiedad privada. Veamos entonces algunos casos que nos permitan ilustrar lo antes dicho:

2014 y Clorox de Venezuela

En el año 2014, el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo, con fundamento en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo ordenó “La ocupación inmediata de la entidad de trabajo Clorox de Venezuela S.A.” y designó una Junta Administradora Especial. Esta medida fue decretada inmediatamente después que la empresa anunciara la paralización de sus operaciones por las difíciles e inciertas condiciones del país, que como veremos, afectan a toda empresa que ejerce actividades económicas en Venezuela.

2015 y ZulyMilk

Con ocasión a la fuerte escasez e inflación en el país, a través de diversos organismos públicos se dictaron una serie de medidas en contra de reconocidas cadenas de farmacias y alimentos. A comienzos de 2015 fueron varios los casos de atropello a la propiedad privada. Solo tomemos por ejemplo Industrias ZulyMilk C.A., empresa con más de diez años de experiencia en la comercialización de productos lácteos y derivados.

En el mes de enero de 2015, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), durante una inspección en las instalaciones de la empresa detectaron algunas supuestas inconsistencias entre los inventarios físicos y los efectivamente registrados en el Sistema Integral de Control Alimentario (SICA). SUNAGRO acordó medida preventiva de “Ocupación Temporal con acompañamiento operativo”, de conformidad con lo previsto en el artículo 147, numeral 4 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

2016 y Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Venezuela C.A. anunció el cese de sus operaciones en el país y la respuesta del Poder Ejecutivo fue similar a la del caso Clorox y el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo ordenó la ocupación temporal con fundamento en la Ley Orgánica del Trabajo.

Hoy y Leche Carabobo

En la actualidad nos toca ver una muestra más de las infamias de la tiranía comunista, en el que el ataque a la propiedad privada se traduce también en una nueva humillación para el ciudadano.

Aunque no se trata de una abierta violación a la propiedad privada como en los casos anteriores, la misma también resulta afectada. El cambio de envase, el cambio de presentación, y lo que es más evidente, el cambio de producto a vender -de leche a bebida láctea- no es resultado de acciones libres y voluntariamente ejecutadas por el empresario, porque se trata de tomar una decisión ante las pocas opciones que existen y en el contexto de la progresiva eliminación de condiciones para producir en el país.

Lo anterior deja en evidencia que el ataque a la propiedad también es un ataque al ser humano porque representa un perfecto ejemplo en el que presenciamos la lenta transformación de un ciudadano que vive en una sociedad libre y democrática en un esclavo -o intento de convertirlo- que deambula atormentado por el despotismo.

En este caso se trata de la leche líquida o fluida, que por haber sido forzosamente sustituida por agua, estabilizantes y sólidos de leche ya no se llama ni es leche sino «bebida láctea» para perjuicio de los venezolanos que adquieren un producto con menor valor nutricional pero también, irónicamente, para mayor regocijo de los eufemismos impuestos por el régimen que ha ocasionado que ya casi nada puede llamarse por su verdadero nombre. Es así como en el rótulo de este producto de Corporación Inlaca C.A. se exhibe un nuevo nombre “Zulia”, en tanto que la marca “Carabobo”, que por largo tiempo mostrase la estampa de una vaca que, mugiendo, decía “muuuchas gracias”, debió reducirse a su mínima expresión.

HISTORIAS CIUDADANAS

REFLEXIÓN: La expropiación del campo venezolano, entre el robo y el chantaje

Por Fanny Migliore

En una reciente declaración pública, el Gobernador del Táchira reaccionó a la manifestación que el gremio ganadero encabezó a mediados del mes de mayo en esa entidad, en la que desfilaron por vías rurales y carreteras conduciendo sus tractores, para levantar su voz de protesta. Dijo el gobernador a propósito del “Tractorazo”, que “quien preste un vehículo, un tractor, un cisterna, una maquinaria, se les expropiará, como en efecto sucederá con los volteos que aparecen en los videos, y las fincas pasarán a orden del Inti y el ganado pasará a manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) porque están demostrando que no las necesitan”.

Sus palabras retumbaron en los oídos de los venezolanos, haciendo revivir el chantaje del cual han sido objeto los venezolanos desde que el gobierno emprendió la ruta de destrucción de la propiedad privada. Recordemos que ya desde 2001 con la modificación de la Ley de Tierras, la figura del ‘Rescate de Tierras’, comenzó a infundir el terror entre los propietarios de fincas y terrenos en áreas rurales. En aquel momento, bajo la excusa del latifundio, toda propiedad cuya extensión superara las 5 mil has. se consideraba susceptible de intervención, inspección, diagnóstico y finalmente expropiación o expoliación, ya que muchas de las intervenciones no se acompañaron de las debidas negociaciones y compensación a los afectados.

Ya para entonces los requisitos exigidos por el régimen para demostrar la propiedad de los predios, constituyeron una tropelía en contra de quienes, sintiendo la amenaza del despojo de sus bienes, se vieron obligados a desempolvar apolillados documentos en los archivos históricos de todo el país para reconstruir la cadena titulativa, so pena de ser ‘expropiados’. No pasó mucho tiempo para que ni el límite de extensión establecido, ni la demostración de la cadena titulativa, fueran impedimento para intervenir arbitrariamente cualquier fundo por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y sus funcionarios.

Siguieron una serie de atropellos como las regulaciones de precios, imposiciones y limitaciones de vario tipo para acceder a la compra de insumos y muchos otros obstáculos, que aun hoy, obligan a los ganaderos y agricultores a sumergirse en un sinfín de procedimientos burocráticos para poder ejecutar incluso las funciones más básicas del oficio. Los productores reconocen que incumplir con tales obligaciones los expone al riesgo de que los derechos sobre sus posesiones sean intervenidos.

Entre 2005 y 2015, el Observatorio de Derechos de Propiedad, ha registrado a través de la revisión exhaustiva de las Gacetas Nacionales, un total de 176 ‘Rescates de tierra’, lo cual significa que en esos años, cuestionando de entrada los derechos de propiedad de quienes hasta ese momento trabajaban las tierras, el gobierno intervino una gran cantidad de hectáreas productivas (más de 4 millones, aunque la superficie de las mismas, en muchos casos, no aparece reflejada en Gaceta), desatando un proceso acelerado de destrucción de la propiedad rural y en consecuencia, de la producción agrícola del país.

Mientras los resultados nefastos de los fundos zamoranos y otros experimentos fallidos en las fincas invadidas se han hecho estruendosamente evidentes, el dedo destructor del régimen parece no tener descanso y sigue apuntado al campo en su afán de adueñarse de lo que en 18 años no ha logrado construir, castigando a los productores y dejando el campo venezolano en un estado de abandono total, tanto para quienes creyeron en sus promesas, como para quienes han resistido estoicamente los atropellos y continúan produciendo, pese a las adversidades.

En tiempos difíciles como los que vivimos, para ningún venezolano es ya un secreto que el despojo o robo de las tierras, la escasez de insumos como consecuencia de la expoliación de Agoisleña y la comprobada ineficiencia de Agropatria (el gran disparate que la sustituyó), además de la inseguridad jurídica y personal que ha desincentivado el trabajo rural, han determinado la grave escasez de alimentos que padecemos.