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Boletin 37: La importancia de rescatar el derecho a propiedad
En estos momentos en los que nos aproximamos a cambios importantes para el país, nuestro interés se vuelca en despejar el escenario de desánimo ante las dificultades que seguiremos enfrentando hasta lograr el cambio de rumbo necesario que nos aparte de la barbarie y la servidumbre hacia donde pretende empujarnos este régimen.
En la sección La Lupa, Isabel Pereira inicia un análisis que continuará en otras entregas, sobre ‘la dimensión subjetiva del derecho a la propiedad’, una perspectiva integral e incluyente que incorpora además de la propiedad material de los bienes, la dimensión subjetiva referida a la propiedad de la vida y de la libertad, el planteamiento y la propuesta del pensamiento liberal contemporáneo, que rescata el valor de las diferencias como garantía para el respeto de las individualidades.
Las Historias ciudadanas, nos traen los casos de Nelly Llacsa y su hospedaje en Santa Rosalía y el de Silvestre Ferrer, dueño de un apartamento en Camurí Chico, quien ha sido víctima de las leyes y decretos en materia de vivienda impuestas por el régimen y contrarias al respeto de la propiedad.
En la sección Reflexiones, Fanny Migliore resume la labor y el compromiso del Observatorio de Derechos de Propiedad frente al reciente fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, así como los riesgos que la misma representa para el respeto de los derechos de propiedad de los venezolanos, habida cuenta de la ausencia de instituciones imparciales y de la voluntad de profundizar los lineamientos de un modelo ampliamente rechazado.
LA LUPA: La dimensión subjetiva de los derechos de propiedad
Por Isabel Pereira
Hay momentos trascendentales que imponen la necesidad de replantear conceptos y prefigurar guías fundamentales para reconstruir una sociedad libre, dejando atrás la barbarie, la represión y la servidumbre. En esta primera entrega, iniciamos un acercamiento al tema de la propiedad desde una perspectiva integral e incluyente que incorpora además de la propiedad material de los bienes, la dimensión subjetiva referida a la propiedad de la vida y de la libertad. Reflexión que consideramos oportuna en estos momentos de profundización del autoritarismo y de coerción de las libertades individuales en Venezuela.
Cuando la democracia se fractura, el primer aspecto afectado es el derecho a la vida como propiedad primigenia del ser humano. Se trata de un nuevo enfoque que considera la centralidad de la persona humana, con criterios éticos normativos a favor de las libertades intrínsecamente asociadas a las condiciones reales de una existencia plena.
Por el contrario, cuando en la sociedad impera el Estado de Derecho, la propiedad de tu vida, el derecho a la vida está totalmente garantizado, promover el desarrollo de una vida justa y digna para todos se convierte en una gran meta compartida.
El derecho a la vida significa mucho más que la satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia, tales como hábitat, alimentos, salud, incluye también la potencialidad de crecer y lograr concretar las particularidades que hacen de cada ser humano, un ser especial. Nuestra Constitución establece en el artículo 20 de forma taxativa: «Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social»
Aun reconociendo el marcado tinte hacia los aspectos ligados a la socialización presentes en la Constitución venezolana, este postulado abre una pequeña brecha que garantiza que podemos ejercer un derecho a la vida con todas las particularidades y heterogeneidades propias del ser humano. El libre desenvolvimiento de la personalidad podemos entenderlo como la posibilidad de existencia de la dimensión subjetiva que particulariza a todo ser humano.
En un plano ideológico -político es imprescindible resaltar que la propiedad de la vida está en riesgo en aquellas sociedades donde no se acepta la particularidad y heterogeneidad de cada individuo, donde el objetivo es alcanzar la igualdad, lo cual refiere a los intentos utópicos de creación de seres humanos iguales (Rojas, Mauricio), formados en el mismo molde y con condiciones similares de vida. Para lograrlo, el control de la educación es clave. Este ha sido el elemento común a todos los socialismos, ya sean de corte socialdemócrata (evolutivo) o marxista-leninista (revolucionario): el hombre nuevo del socialismo lo forma el Estado docente, que monopoliza y uniforma la educación desde la más temprana infancia hasta la adultez.
El pensamiento liberal contemporáneo ha tratado de enfrentar este desafío de la igualdad de forma tal que amplíe la libertad y la diversidad. Su punto de partida es el valor o dignidad igual de los individuos y sus proyectos de vida. Por ello trata, por una parte, de limitar las intervenciones políticas que nos impongan formas de vida ajenas a nuestra voluntad. Por otra parte, reconoce la necesidad de ir más allá de la igualdad ante la ley, buscando darles a todos un acceso justo a las premisas o condiciones del ejercicio de la libertad.
Nuestra conclusión sobre el espectro que cubre el derecho de la propiedad de la vida, implica aceptar una esencialidad que no puede ser opacada por ninguna visión ideológica que trate de imponerse sobre los individuos. Todos los intentos desarrollados por las distintas utopías políticas que prefiguran un molde de la vida humana y tratan de imponerla a la fuerza han fracasado. La libertad espiritual, el individuo como versión única, dueño de si mimo siempre termina imponiéndose. Nos atrevemos a concluir que la vida como parte esencial del concepto de propiedad resume la dimensión material de la propiedad y la subjetividad de la libertad como posibilidad de elegir el desarrollo de capacidades que cada ser humano considere lo mejor para sí en armonía con los otros. Un derecho a la vida que en su plenitud solo es posible allí donde las capacidades humanas puedan crecer en libertad como expresión de la existencia del derecho a la propiedad, propio de las sociedades libres constituidas bajo el imperio de la ley.
REFLEXIÓN: La labor del Observatorio de Derechos de Propiedad frente al fraude de la Asamblea Nacional Constituyente
Por Fanny Migliore
Este texto fue escrito el 31 de julio de 2017, un día después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, un evento que generó mucha tensión y rechazo en la sociedad venezolana. Momento en el cual comprobamos la sumisión de la institución electoral del régimen, la predictibilidad del pronunciamiento fraudulento de unos resultados falsos, que solo confirman la intención totalitaria de quienes están en el gobierno.
En estos meses hemos sido testigos de la violencia desmedida del régimen en contra de los ciudadanos que debería estar protegiendo, víctimas de un régimen que pese a sus promesas no ha sido capaz de proveer los servicios esenciales que debe garantizar a sus ciudadanos para funcionar correctamente, como son la seguridad y estabilidad.
No existen espacios de la economía que el Estado no haya invadido y destruido, como productor, distribuidor, comercializador de bienes en sus reiterados intentos que ratifican la incapacidad y el fracaso rotundo de las empresas expoliadas, arrastrándonos cada vez más a la pobreza y a la pretendida, mas no lograda, sumisión del ciudadano frente al régimen.
Frente a la sensación de impotencia que genera la acción avasalladora de un régimen que ostenta el control sobre la mayoría de las instituciones (Fuerzas armadas, TSJ, Defensoría del Pueblo y Poder electoral), valoramos la labor del Observatorio de Derechos de Propiedad y de las Organizaciones de la Sociedad Civil que hacen vida en Venezuela en la documentación y denuncia de los desmanes de este régimen, responsable, hoy más que nunca de los ataques sistemáticos a los derechos humanos de los venezolanos.
El balance de estos últimos cuatro meses es trágico, más de cien muertes derivadas de enfrentamientos directos con los cuerpos represivos del régimen, policías, guardias, civiles reclutados y armados conocidos como colectivos, contra una población desarmada, víctima de disparos de proyectiles, metras, bombas lacrimógenas al cuerpo y cabezas de los manifestantes.
Han sido múltiples las evidencias de nuevas forma de violencia dirigida a los hogares de la familia venezolana, allanamientos ilegales, con daños materiales a la propiedad generando intimidación a sus residentes, detenciones violentas con juicios en tribunales militares, tratos degradantes, abusos, robos y chantaje.
En el plano de los derechos de propiedad, ha sido alarmante el balance de las cifras de saqueos a locales comerciales (1180 desde el 1 de abril hasta el 25 de julio de 2017), cuyos efectos se han incrementado gracias a la indiferencia y en algunos casos participación directa de funcionarios de la GN y policía, como se evidencia en numerosos videos y testimonios de los mismos ciudadanos, que circulan por las redes sociales dentro y fuera del país, al igual que el ataque, la violación de espacios privados y la vandalización, en algunos casos reiterada, de residencias, vehículos, áreas comunes de edificios, portones, ascensores, etc.
Hoy reconocemos que existe una relación directa e indisoluble entre los efectos del modelo impuesto por el régimen y la crisis humanitaria que hoy vivimos en Venezuela y que podemos clasificar como Emergencia Humanitaria Compleja, definición que según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, deriva de la interrelación de diversos factores políticos, económicos y socioculturales como son:
El debilitamiento e incluso la quiebra y fragmentación del Estado.
El hundimiento de la economía formal y el auge de la economía informal articulada mediante redes clandestinas.
El conflicto civil o interno.
La hambruna, como proceso de incremento de la desnutrición, la pobreza y las epidemias.
El éxodo y las migraciones forzosas, causados por la necesidad de la búsqueda de ayuda y, sobre todo, por prácticas de persecución.
A pesar de las opiniones contrarias de los voceros del régimen, cumplimos con cada uno de los señalamientos que configuran nuestra situación actual como una Emergencia Humanitaria Compleja, otros expertos indican que estamos en presencia de un Estado fallido, que ha violentado la Carta Magna a su conveniencia y medida, desoyendo las opiniones de quienes disienten y aspiran a rescatar sus derechos, a conquistar la libertad.
Conscientes de esta dramática situación desde el Observatorio de Derechos de Propiedad nos comprometemos a llevar adelante nuestra labor de documentación y denuncia para demostrar las violaciones de los derechos de propiedad. En esa misión que hemos asumido desde el 2005, nos proponemos no solamente seguir, sino transmitir confianza y optimismo a los venezolanos, ofrecer nuestra disponibilidad y apertura frente a la ausencia de instituciones imparciales y difundir entre los ciudadanos la importancia de la defensa de este derecho fundamental estrechamente vinculado con la libertad y el ejercicio de la democracia.
Nuestra obligación es levantarnos y desde nuestro espacio invitar a cada ciudadano a asumir el puesto que ocupa en este enorme y maltrecho engranaje que es hoy nuestro país, poner a andar y recuperar esta gran maquinaria, con el aporte y el esfuerzo de todos para lograr cambiar el rumbo y destino de Venezuela y alcanzar la paz y la prosperidad que solo en democracia será posible obtener.
A manera de información y conscientes de los riesgos que comporta la instalación de la ANC, transcribimos la declaración conjunta de ciudadanos y organizaciones que fue redactada y leída en ocasión del evento “Asamblea ciudadana por la defensa de los derechos de propiedad y el hogar” celebrada el 14 de julio de 2017: