En esta edición contamos con la colaboración del economista Guillermo Rodríguez González, quien a través de su contribución “Expoliación de la propiedad privada: una política de Estado en Venezuela” hace un recuento y explica por qué la expoliación que se ha blandido desde el poder central, es una estrategia sistemática para acabar con el derecho de propiedad. Además, señala cuáles son las consecuencias de dicha política.

En la sección de Historias ciudadanas se habla de lo ocurrido en los supermercados y las consecuencias de las medidas aplicadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Se explica a la ciudadanía por qué en lugar de pedir que se controlen los precios, se debe abogar por el respeto a la libertad económica y a la propiedad privada.

En la sección Reflexión, la Dra. Andrea Rondón, como parte de la misión del Observatorio de derechos de propiedad, registra la intervención de la cadena mayorista, Makro, como uno de los consecuentes ataques al derecho de propiedad y como una reedición del peligroso precedente que sentaron desde el ejecutivo nacional contra las tiendas de electrodomésticos Daka, obligada a bajar los precios a finales del año 2013, semanas antes de las elecciones.

LA LUPA: Expoliación de la propiedad privada: una política de Estado en Venezuela

Por Guillermo Rodríguez González

Es un gran éxito de la neolengua socialista que quienes critiquen los ataques a la propiedad privada en Venezuela hablen de “expropiaciones” me explicaba esta semana Andrea Rondón, quien es doctora en Derecho, profesora de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello e investigadora del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico CEDICE Libertad. Expropiación, me recordaba, sería únicamente dentro de los límites que para resguardar el derecho de propiedad se establecen al gobernante para la adquisición por causas forzosas. Lo que ocurre con la propiedad en Venezuela, resumía ella, no es un problema de discrecionalidad, sino de arbitrariedad en que la creciente historia de abusos y expoliaciones es una política de Estado.

Aquí los ataques a la propiedad privada por el socialismo en el poder no violan las leyes vigentes. Son de hecho una obligación de los funcionarios bajo tales leyes. Y no podía ser de otra forma si, como afirma la Profesora Rondón, es una política de Estado. Tenemos “leyes” que prohíben y sancionan conductas sociales, inofensivas y morales, mientras propugnan y defienden conductas antisociales, inmorales e incluso criminales. Por desgracia es muy fácil convencer a las masas del que vicios antisociales serían “virtudes” y viceversa. Ya en el siglo XVIII advertía Benjamín Franklin que únicamente pueblos virtuosos pueden vivir en libertad ya que en la medida que “las naciones se hacen corruptas y viciosas crece su necesidad de amos”.

No es detalle menor que Venezuela se rija desde 1999 por una confusa y contradictoria constitución redactada por una asamblea constituyente convocada violando la constitución de 1961. El asunto es que aquél parlamento carecía el recién electo presidente Chávez de una mayoría abrumadora para imponer la reforma constitucional que le exigía la Constitución vigente para adelantar su proyecto constituyente. Que el máximo tribunal de entonces decidiera que podía hacer lo que la Constitución no permitía y no era necesario lo que exigía, prefiguró muy tempranamente al máximo tribunal de hoy. Pero tanto la Constitución de 1961 como la de 1999 señalan que las leyes serían producto del poder legislativo. Únicamente por excepción permiten al ejecutivo legislar temporalmente por decretos.

No son los únicos decretos leyes a tal efecto, pero sí los principales. Esas cuatro “leyes” resultan ser los cuatro jinetes del apocalipsis venezolano. Y no carecen de antecedentes. Durante el socialismo moderado del pasado, garantías constitucionales protectoras de la propiedad privada estuvieron suspendidas por “excepción” ininterrumpida de 1961 a 1989. Al amparo de aquella prolongadísima excepcionalidad se crearon infinidad de controles y privilegios que una vez restablecida la garantía constitucional eran contrarios a la Constitución. Pero el máximo tribunal decidiría que permaneciera en vigor todo aquello, o dicho de otra forma, que en cuanto a propiedad privada y libertad económica la constitución podía ser y sería letra muerta.

De aquellos polvos provienen estos lodos. Y lo que tenemos ya no es un polvoriento entramado de controles burocráticos que entorpecen la actividad económica creando barreras artificiales y privilegios que enriquecen a los cercanos al poder y empobrecen a la sociedad en su conjunto. Es eso y mucho más. Es un lodazal de “leyes” que toleran y amplifican vicios del pasado como marco a una política de Estado cuyo objeto es la destrucción de la propiedad privada para establecer un totalitarismo socialista. Es el terror que impone la miseria material y moral.

Aparte del ser producto de mecanismos de “excepción” con que el ejecutivo decretó casi todos los instrumentos legales más o menos recientes en Venezuela, tienen en común los decretos leyes citados, tres claves de la destrucción progresiva de la propiedad privada.

1. Criminalizan acciones y funciones normales y necesarias para el funcionamiento de una economía de mercando y su proceso de precios libres.
2. Establecen obligaciones de imposible cumplimiento tanto porque fuerzan la destrucción patrimonial como por contradicciones internas de las propias regulaciones.
3. Establecen la confiscación de la propiedad como medida preventiva y/o sancionatoria, principalmente por vía administrativa.

Los efectos de las confiscaciones son notables. El 2009 el Estado se apodera de las dos principales torrefactores del país pasando a controlar totalmente la producción de café. Para abril de 2014 el índice de escasez de café en Venezuela había llegado al 84 %. La Siderúrgica del Orinoco SIDOR, privatizada en 1997 fue retomada por el gobierno en 2008. Comparando 2006 con 2016, su producción de acero cayó 93 %, la de cabillas cayó 92 % y la de tubos y hojalata se redujo en 100 %. Mientras la producción desaparecía el número de empleados se incrementó en 281 %. En 2008 el Estado se apropia de la totalidad de las cementeras de Venezuela. Y mientras el ahora difunto supremo caudillo prometía aumentos de producción que garantizarían la oferta de cemento en todo el territorio, o cierto fue que la producción cayó entre 41 y 67 % en los años para los que es posible obtener información y la escasez de cemento es permanente. Venezuela está destruida. La economía se ha contraído más de dos tercios desde 1998. Sufrimos la peor hiperinflación vigente hoy en el planeta. Hay un desabastecimiento crónico de medicinas. La escasez y carestía de alimentos arroja un cuadro de desnutrición creciente que amenaza con la sombra de la hambruna. Es eso y no otra cosa lo que se logra cuando el poder político se empeña en destruir la propiedad privada.

HISTORIAS CIUDADANAS: El turno de los supermercados

Por Ana María Carrasquero

Entre enero de 2017 y enero de 2018, la presidencia de la república ha decretado 7 aumentos salariales. Ingenuamente se podría pensar que tal cantidad de aumentos sería suficiente para que cualquier trabajador con sueldo mínimo pueda ir a un supermercado y hacer sus compras. Pero esta no es la realidad en Venezuela. Cada vez que se anuncia un decreto la mayoría de los ciudadanos tiembla pensando en el incremento de los bienes y servicios.

El país desciende por una espiral hiperinflacionaria que ha convertido en polvo cósmico el salario de los venezolanos. Razón por lo cual es frecuente oír las exclamaciones de sorpresa o ver las caras de desazón de los compradores en los supermercados. Frente a esto la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realizó una inspección en 26 cadenas de supermercados, específicamente a 214 establecimientos y ordenó bajar los precios.

La consecuencia de tal arbitrariedad fue la presencia masiva de compradores que arrasaron con los inventarios de los supermercados, en algunos casos vandalizaron la mercancía y en otros intentaron saquear. El resultado es palmario, anaqueles vacíos y supermercados que agotaron la mayor parte de sus inventarios y no están haciendo pedidos a los proveedores porque los precios a los que les venden son mayores a los fijados por la Sundde. Los empleados están sumidos en la angustia de no saber si perderán sus puestos de trabajo.

En las redes sociales corrió como pólvora el video de una multitud frenética tomando de una nevera de uno de los supermercados fiscalizados, paquetes de salchichas, ya que el precio astronómico que marcaban estos embutidos después de la medida de la Sundde era ridículamente bajo. Después de esto se recibe la noticia de que muchas de las plantas que compran cerdos como materia prima para sus embutidos, están regresando los pedidos a las granjas.

En Venezuela, ciertamente los precios de cualquier cosa sorprenden y apesadumbran a los consumidores, pero la solución NO son los controles. Esa es una lección que ya deberíamos haber asimilado. Pregúntese ¿quién es el responsable de la hiperinflación?, ¿quién ha expoliado tierras y fábricas productivas y las ha reducido a la nada a punta de corrupción? ¿quién tiene el control de las divisas y las importaciones?

En medio de esta distorsión que hoy es la economía venezolana, seguramente hay muchos pescando en río revuelto y sacando partido de la necesidad, pero los productores, empresarios y comerciantes que después de casi dos décadas de ataques aún están de pie, son ejemplos dignos de admiración y son parte de la esperanza de futuro, ellos no son los responsables de esta debacle.

Los controles de esta mal llamada revolución son los que nos han traído al lodazal en el que estamos. Por favor, no pida más controles, EXIJA libertad, productividad, respeto al estado de derecho y al derecho de propiedad.

REFLEXIÓN: ¡Ahora es Makro! – ¿Una reedición del Dakazo?-

Por Andrea Rondón

El martes 21 de noviembre, el jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, informó a través de una entrevista en Venezolana de Televisión que se inició “un proceso de intervención a la empresa mayorista Makro por irregularidades en la cadena de distribución en todos los establecimientos a nivel nacional”. El Nacional

Adicionalmente, según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias, William Contreras detalló que solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación a esta empresa que también tiene “irregularidades” con respecto a los compromisos laborales hacia sus trabajadores. El Universal

Una reedición del Dakazo

Los ataques selectivos a la propiedad privada de compañías emblemáticas se iniciaron en diciembre de 2013 con Daka, por lo que la forma de actuar del gobierno fue identificada como Dakazo.

Este método de ataque a la propiedad privada, principalmente amparados con la Ley de Precios Justos, se reeditó en el año 2015 con Día a Día y en 2016 con Kreisel y Epk.

Lamentablemente esta crónica no termina y ahora Makro se suma a nuestro reporte en el año 2017.