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Boletin 45: El cuento de las sanciones y la guerra económica
Durante el mes de febrero, en Bogotá, tuvieron lugar las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienes presenciaron las audiencias, especialmente la referida al derecho de salud y alimentación, apreciaron el detalle con el que los representantes de la sociedad civil, convocados por la CIDH, dieron cuenta de la situación que atraviesan los ciudadanos venezolanos. Urgieron al estado venezolano a que permita la entrada de ayuda para poder responder a la crisis humanitaria que cada día cobra más vidas.
Los funcionarios venezolanos, en su defensa de lo indefendible, usaron como cortada las declaraciones de un experto de la ONU que explicaba que en Venezuela no hay una emergencia humanitaria. Acto seguido admitieron que sí existen problemas, pero que sus causas son imputables a las sanciones, que según ellos han sido impuestas a Venezuela.
En primer lugar, es necesario aclarar que las sanciones no han sido impuestas al país, sino a funcionarios gubernamentales. En segundo lugar, las causas de la emergencia humanitaria que sí está arrasando a nuestro país son imputables a las políticas que durante casi veinte años han arruinado a todos los sectores de la economía. En esta edición del boletín se recogen tres ejemplos que ilustran con claridad la forma en la que se desalienta la inversión y se convierte en un viacrucis el ejercicio de cualquier actividad económica. Los tres casos dan al traste con el discurso gubernamental de las sanciones y la guerra económica. El socialismo del siglo XXI no necesita ayuda para destruir, se basta y se sobra.
En Una amenaza que se materializó, examinaremos el decreto de expropiación con el cual se afecta al Caraballeda Golf & Yacht Club, con la excusa de construir un complejo educativo para cinco mil alumnos en un estado que ni siquiera goza de suministro de agua regular o cuyas escuelas existentes están en las peores condiciones. En El turno de los comercializadores de queso en Apure se expondrá lo ocurrido con 100 toneladas de queso duro y cómo es que, a través de prácticas ilegales, las autoridades locales quieren arrebatar un porcentaje de la producción y decidieron apresar a quienes se oponen. Finalmente, en Comercio en Venezuela: resistir para no cerrar, a través de una entrevista con una comerciante se sintetizan, de acuerdo a su opinión, los 8 obstáculos que tiene que vencer un comerciante en este país.
LA LUPA: Una amenaza que se materializó
El 20 de febrero, la gobernación del Estado Vargas, anunció la afectación del hoyo 3 del Caraballeda Golf & Yacht Club. La aproximación a estos hechos permite constatar que esta amenaza pesaba sobre el club desde hace ya un tiempo, su materialización es atroz.
Una medida como esta es condenable desde todo punto de vista. Frente al repudio, los funcionarios gubernamentales, como es su costumbre, espetarán ¿cómo se puede estar en contra de la construcción de un centro educativo que albergará a 5.000 alumnos?, ¿cómo el respeto al derecho de propiedad del Club puede estar por encima del derecho de educación? Lo cierto es que nadie está en desacuerdo con que el Gobierno cumpla con su deber de proteger y garantizar el derecho a la educación de los niños varguenses.
De acuerdo a las cifras más recientes, años 2010-2011, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se reporta la existencia de 266 planteles educativos en el estado Vargas. Revisemos los datos proporcionados por la directiva de la Asociación de padres del estado Vargas (Asopadres) para tener una idea del estado del sistema educativo del litoral:
La información proporcionada por el club que ha funcionado por 70 años, indica la disponibilidad de tres terrenos adyacentes que probablemente sean del Estado. Entonces ¿por qué poner en riesgo los puestos de trabajo de 20 personas y perjudicar a sus familias? ¿Por qué violar el derecho de propiedad del Club y afectar toda la inversión que sus accionistas han hecho para su mantenimiento?
Durante dos semanas se ha ilustrado la ineptitud gubernamental aludiendo a una parte de las obras que no se han concretado en esa entidad; se ha mencionado el estadio de béisbol de los Tiburones de La Guaira, la Universidad del Turismo, los hoteles Meliá y Sheraton.
La construcción de la Ciudad Educativa “José María España” para 5.000 estudiantes es una fantasía, un proyecto más de los tantos que con bombos y platillos se han anunciado, que en las actuales circunstancias resulta una bofetada para los ciudadanos varguenses. ¿Por qué en lugar de afectar el derecho de propiedad, dejando a los trabajadores del Club Caraballeda sin sustento para ellos y su familia, el ejecutivo nacional y la gobernación no se ocupan de resolver las graves denuncias de Asopradres?
Educación en el Estado Vargas
HISTORIAS CIUDADANAS: El turno de los comercializadores de queso en Apure
El 5 de marzo se celebra el día del campesino, de esos hombres y mujeres que con su trabajo intentan que los hogares venezolanos puedan disponer de alimentos. Dada la grave situación del país, consecuencia de la implantación de un proyecto político que de forma sostenida ha desmantelado el aparato productivo nacional, esa tarea resulta titánica.
Los gobiernos locales insisten en tratar de retener un porcentaje de los productos que se despachan para su posterior venta, como se reseñó en la edición anterior de este boletín, se intentó hacerlo con la productora Mabel Rojas a quien se le pretendió confiscar una parte de las reses beneficiadas que trasladaba hacia Cumaná. Así como se intentó con los distribuidores de queso en Guárico el 4 de febrero. Ante estos hechos los productores unidos rechazaron estas acciones y lograron proteger el fruto de su trabajo.
Desafortunadamente, esta práctica ilegal se repite, pero esta vez el día del campesino, específicamente en el estado Apure, con 100 toneladas de queso y a manos de la alcaldía de San Fernando de Apure.
Al sitio acudió el presidente de la asociación de ganaderos de Apure (Agapure), el Sr. Manuel Castillo y la Sra. Indira Retureta, en representación de los comercializadores de queso del estado. La respuesta de las autoridades ante la negativa a ser despojados, fue la represión. Se ordenó a los efectivos policiales y de la Guardia Nacional (GN) que se les dispersara, así que se les disparó perdigones y bombas lacrimógenas. Además, fueron apresados y se encuentran en el comando regional de la GN. Para el momento que se escriben estas líneas, se dice que serán imputados. Se desconocen más detalles.
En medio de la emergencia humanitaria que asola al país, producto de la acción deliberada del gobierno, nos preguntamos qué pretenden estos funcionarios despojando a los productores del fruto de su legítimo trabajo.
Es esta la forma en la que se intenta hacerle frente al desabastecimiento que se manifiesta en los millones de hogares venezolanos y que de acuerdo a las cifras más recientes de la Encovi (2017) más del 80% de esos hogares es víctima de la inseguridad alimentaria
Estas medidas solo traerán más hambre, la actividad de los productos no es sostenible en el tiempo si se le sigue sometiendo a estos rigores. Las medidas impuestas a funcionarios del régimen por parte de gobiernos de varios países, no son la causa del hambre, escasez, carestía e hiperinflación. Si el gobierno quiere verles las caras a los responsables, debe empezar por mirarse en el espejo.
Acaben con el ataque a los derechos de los productores, esos sí quieren hacer su trabajo y levantar al país.
En este Camion transportan a Manuel Castillo d 68 años de edad, presidente de la Asoc d Ganaderos d Apure ! Su delito ? PRODUCIR TUS ALIMENTOS ! pic.twitter.com/e7iwHcU47e
— CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) March 6, 2018
REFLEXIÓN: Comercio en Venezuela: Resistir para no cerrar
Una tarde cualquiera, de estas del mes de febrero de 2018 que está ya por cerrar, pasear por el Centro Comercial San Ignacio, uno de los más visitados en Caracas, nos lleva casi automáticamente a recordar cómo era el mismo hace algunos años. Es una construcción cuya calidad arquitectónica invita a disfrutar de sus espacios estéticamente bien concebidos, además de la oferta comercial que, pese a la crisis, aun resiste. Y es que por sus pasillos no pasa desapercibida la debacle económica del país y observamos cómo varios de sus locales han ido cerrando las puertas, confirmando lo que podemos percibir a todo nivel en el comercio nacional.
Nos acercamos a una tienda dedicada al comercio de artículos para bebés donde sus dueños nos comentan acerca de los problemas que enfrenta el comercio ante la crisis que gradualmente ha afectado su patrimonio, obligándolos a ingeniárselas para sortear la cantidad de regulaciones, controles y otros factores que de manera significativa comprometen la posibilidad de seguir operando en el sector, perdiendo el esfuerzo de años y viendo desvanecer el patrimonio por el cual han trabajado.
Muy precisa, la propietaria de la marca nos hace un recuento de las dificultades que padecen (ver cuadro a la derecha). Nos cuentan que, a partir de diciembre 2017, han notado que sus ventas han mermado en un 20% aproximadamente.
«Los clientes entran, preguntan el precio y comentan que no pueden comprar porque sencillamente tienen otras prioridades. Algunos hacen grupos de tres o cuatro personas para comprar un regalo, una práctica que no habíamos visto antes».
Nos relatan con preocupación cómo han cambiado las costumbres de los clientes
«Las nuevas mamás compraban estrenos para los tres días que permanecían en la clínica, ahora se limitan a reusar los artículos que se intercambian en la familia y ahorran para pagar la cesárea, que puede costar alrededor de 200 millones de bolívares».
Dificultades de los comerciantes
Conseguir mercancía que esté a buen precio, que sea de calidad y accesible para el público.
Cumplir con el número mínimo de transacciones exigidas por la entidad bancaria para mantener activo el punto de venta. En el caso específico, el banco exige 100 transacciones mensuales.
Poder cumplir con el pago del alquiler del local y los aumentos que periódicamente les exigen
Los cortes eléctricos y puntos de venta caídos, que impiden el desenvolvimiento regular de la actividad.
Superar los efectos de las supervisiones de diferentes entes como el SENIAT, la SUNDDE, Alcaldía, Seguro Social, etc. la mayoría de las cuales son percibidas como amenazas ya que a menudo terminan en multas, comisos de mercancías o en el peor de los casos obligan a cerrar los locales por la imposibilidad de cubrir las sanciones impuestas, reponer los inventarios decomisados o vendidos bajo la modalidad de ajustes de precios que no cubren los costos de reposición.
La disminución de las ventas acentuada por la merma de ingresos que afecta a más del 80% de los venezolanos.
Las protestas y manifestaciones de calle, que encienden alarmas y en donde es preferible bajar las santamarías que arriesgarse a ser saqueados.
Cumplir con las metas de ventas para pagar los gastos de operación y garantizar los ingresos.
Les preguntamos si tienen una idea de cuántos comercios de ese centro comercial han cerrado y nos comentan que muchos han bajado la santamaría o lo que es más común, «traspasado», refiriéndose con traspaso a la figura en la que el comerciante vende su punto comercial o inclusive hay casos en los que el comerciante migra a otro rubro o sector. «Y tenemos información de que entre marzo y abril hay un 20% de negocios que van a cerrar porque no consiguen productos para vender».
Nuestros entrevistados no saben si este año cerrarán su actividad. Por ahora trabajan en ‘simbiosis comercial’ con algunos proveedores venezolanos, que en un acto de mutua solidaridad, entregan su mercancía a consignación en un desafío constante que busca mantener la calidad de los productos en medio de la escasez de insumos y de mano de obra, esperando que las ventas sostengan la economía tanto del comerciante como del proveedor.
