Resulta paradójico pensar que el comunismo logre aun vender sus ideas detrás de una serie de falsas promesas revestidas de superioridad moral; desde el Observatorio de Derechos de Propiedad, con base en nuestro trabajo e ideas, tenemos la confianza de poder contrastar y dejar clara evidencia del fracaso de este modelo.

En la sección La Lupa, Isabel Pereira se sumerge en el análisis del reciente libro de Federico Jiménez Losantos, Memorias del Comunismo, recoge la idea clave de esa lectura, el comunismo es una propuesta de destrucción de la propiedad, un sistema edificado sobre el terror que domina la vida, los bienes y la libertad de las personas y acota que no existe estado de derecho en una sociedad donde la propiedad de todo lo que produce riqueza está concentrada en manos del Estado.

En este sentido, en el caso de Venezuela ha sido enorme la avalancha de injusticias y la arremetida del gobierno contra los derechos de los ciudadanos. En esta destrucción el único que ha alimentado sus arcas es el Estado, apropiado de más de cerca de 600 empresas, todas sumidas en una total ineficiencia que ha impregnado el desenvolvimiento de la vida en el país. La existencia del ciudadano se torna difícil, la cotidianidad es una tarea titánica, la vida se escurre entre renuncias y colas en búsqueda de comida, medicinas, dinero en efectivo, pensiones y cuanto sea necesario para seguir sobreviviendo. Con frecuencia no hay luz, los servicios fallan y se nos acaban los últimos vestigios de vida civilizada sumergiéndonos en un caos de carencias y dificultades.

En Historias Ciudadanas, se hace un recuento de la actual contingencia del campo, la escasez de insumos para la siembra de 2018 y la abundancia de planes y leyes implementadas por el gobierno que lejos de resolver, amenaza con entorpecer y profundizar más la crisis de alimentos para los próximos meses.

Finalmente en la sección Reflexión, Fanny Migliore nos introduce en un análisis del informe que recientemente el Observatorio de Propiedad ha publicado sobre 18 años de ataques a los derechos de propiedad en Venezuela.

LA LUPA: Memorias del Comunismo de Federico Jiménez Losantos

Por Isabel Pereira Pizani

Federico Jiménez Losantos ha publicado “Memorias del Comunismo”, un éxito en España (40 horas antes de salir a la venta ya estaban dos ediciones agotadas). El autor confiesa que trabajó durante 20 años para integrar textos, no eran anécdotas sobre los crímenes de Lenin o Stalin. Ha sido buscar la explicación al imbatible retorno de un sistema atroz, culpable de más de 100 millones de muertes, hambrunas, gulags y destierros. Al final las piezas encajaron, la clave se impuso: el comunismo es una ideología contra la propiedad. Un sistema edificado sobre el terror que domina la vida, los bienes y la libertad de las personas. Oponerse cuesta la vida. La propiedad se revela en su dimensión de hecho moral y no solamente económico, perteneciente a la integridad del ser humano.

En principio la propiedad solo puede surgir como producto del accionar humano. La propiedad no emerge espontáneamente, está allí cuando el ser humano actúa, crea, produce, transforma y establece relaciones con base al acatamiento de derechos, deberes y responsabilidades.

Esto es lo que contiene la expresión de John Locke cuando define la propiedad “Poder decidir sobre mi vida, mis bienes y mi libertad, cosas que constituyen la esencia de la propiedad”.

Al reconocer la propiedad de tu vida, la existencia humana está en juego, todo aquello que el individuo es y lo que agrega en el transcurso natural de la vida, es valorar los códigos culturales que otorgan significación a la existencia humana en contra de la violencia y la represión. Decidir cómo quiere vivir, con quién desea vivir, ser libre para pensar, crear algo nuevo.

En un segundo plano, está el aprecio de las cosas, objetos, materiales e inmateriales que la persona ha producido con su esfuerzo y conocimiento. Universo de pertenencias inalienables que expresan toda la potencialidad del ser humano. Nuestra ilimitada posibilidad de agregar al mundo natural, visiones y aspiraciones convertidas en objetos, en palabras, libros, maquinas, vestidos, música, tecnología.

A partir de allí Locke integra la propiedad de la libertad. Pensar en situaciones donde la libertad es arrebatada, libertad para decidir en todos los planos de la vida, lo afectivo, ideológico, cultural, político y filosófico. El poder de elegir un camino, una manera de ser, escribir poesía, fabricar, inventar. La pregunta gravita sobre lo que se decide escoger, autonomía o sumisión. Indagar sobre la dimensión de la renuncia, si acepto que alguien decida por mí ¿qué significa en el plano de mi existencia personal?

En el modo comunista, el modelo de propiedad que nos domina, de tanto ser opresivo y estar presente no lo logramos ver, es como el aire, no lo tocamos, pero si no lo tenemos morimos, le arrebata a la persona el derecho a ser, ser humano. El propietario es el Estado, tras la mentira de que así estamos todos representados. Pensemos, ¿será cierto que si el Estado es propietario, todos somos propietarios? Si vemos el Estado como una institución, una armadura de reglas de juego, normas, límites, permisos y restricciones, la delimitación de un campo casi físico, que nos domina ¿estamos o no estamos allí como personas? Ese campo casi físico, como un nous presocrático, impone unos límites, nosotros ponemos la vida con nuestras acciones, nuestras obras, nuestras preferencias.

Luchar por un modelo de propiedad distinto es batallar por nuestra existencia y por la libertad. No existe estado de derecho en una sociedad donde la propiedad de todo lo que produce riqueza está concentrada en el Estado. El mercado y la libertad económica son fantasmas, desaparecen cuando la propiedad está en las manos de quien gobierna, imposible opinar o disentir.

Cien millones de personas asesinadas y miles de millones medio muertos de hambre es el balance del comunismo que roba la propiedad de nuestras vidas. No hay cambio en Venezuela sin modificar el monopolio del Estado sobre nuestras riquezas. El Estado cierra la participación de los ciudadanos en la prestación de servicios públicos, hoy estamos sin agua y sin electricidad. Gracias a Jiménez Losantos por persistir en la lucha contra la mentira comunista revestida de falsa superioridad moral, en esta tierra caribeña sabemos reconocer su olor a muerte.

HISTORIAS CIUDADANAS: Falsas promesas gubernamentales. No más planes, sino insumos para producir.

Llega el mes de abril y leemos con frecuencia la alarma que los productores lanzan al país, precisamente cuando el campo se prepara para la siembra, advirtien la grave situación que representa el desabastecimiento de insumos (semillas, fertilizantes, plaguicidas, equipos), para la provisión de alimentos en los próximos meses.

En contraste flotan los anuncios de planes y propuestas descabelladas que el gobierno nacional sigue promoviendo sin ofrecer resultados concretos más allá de la devastación de la producción, la escasez, el desempleo, el irrespeto a la propiedad y al esfuerzo de los venezolanos.

Paradójicamente, el vicepresidente Tareck El Aissami, asegura que no está previsto destinar dólares para importar alimentos como maíz, soya, arroz y otros cereales para apoyar la producción nacional. De allí que la agencia de Alimentación y Agricultura de la ONU advirtiera en su informe sobre seguridad alimentaria del mes de marzo, que el hambre en Venezuela seguirá creciendo, afectando al 13% de la población.

Un simple recuento de estos planes, leyes, decretos, estrategias, ministerios que el gobierno ha puesto en marcha desde 1999, es suficiente para argumentar la historia del fracaso, ninguno de ellos ha sido sostenible, no se han podido posicionar como mecanismos efectivos para cubrir las necesidades y demanda de la población nacional. Comencemos con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (que establece los mecanismos para “acabar con el latifundio”, a través de la expropiación de fundos productivos considerados ‘terrenos ociosos en manos de la burguesía agraria’), el “Plan  Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación” del 2000, la Ley de Pesca y Agricultura, el Plan de Desarrollo Endógeno, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, así como la creación  del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), la creación del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Plan Zamora, la macroempresa CASA, la red de supermercados Bicentenario, el “Plan Manos a la Siembra”, la creación de Agropatria (luego de depredar la empresa Agroisleña), la Misión AgroVenezuela,  el “Plan de Siembra 2016” (con el cual se anunciaba el cultivo de 2.4 millones de hectáreas de alimentos y un rendimiento promedio de 19 millones toneladas de productos), la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano, la creación de Agrofanb, el Plan de Agricultura Urbana y el recién anunciado Plan Chamba Juvenil del Campo, con el que se decreta que “al menos 200.000 jóvenes se vayan al campo a producir alimentos” apoyados y supervisados por un Gobierno cuyo gran resultado ha sido resucitar la miseria en el campo y provocar hambrunas nunca vistas en más de un siglo en nuestras ciudades. Un gobierno que se contenta con falsas promesas mientras arremete contra la propiedad y el trabajo de los venezolanos, autor irresponsable de todos los planes que han fracasado en estos últimos 20 años.

REFLEXIÓN: 18 años de ataques a los derechos de propiedad

Por Fanny Migliore

Recientemente el Observatorio de Derechos de Propiedad presentó a la opinión pública las cifras y estadísticas de afectaciones a los derechos de propiedad correspondientes al año 2017 y los resultados de su evaluación con respecto a los años anteriores, específicamente a partir del año 2005. Al revelar los hallazgos del informe, se destacaron algunas inquietudes que resultan reiterativas tanto en los periodistas como en la opinión de ciudadanos comunes.

En primer lugar es importante resaltar el desconocimiento de la importancia de la propiedad como derecho humano consagrado en todos los instrumentos que tutelan los derechos fundamentales de la humanidad. Es así como en los 30 artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17 proclama:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Convencidos de la importancia de cada uno de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos, el derecho a la propiedad privada, al libre comercio, a la inversión de capitales para la producción individual de riquezas y cada uno de los atributos de las sociedades de libre mercado, se insiste en su respeto, por ser imprescindibles e insustituibles en el establecimiento y en la institucionalización de una sociedad democrática. Enfatizar y divulgar esta realidad ha sido y seguirá siendo parte de los objetivos fundamentales de nuestro Observatorio.

Partiendo de esta importantísima premisa, nos dedicamos al análisis de los datos más allá de la adversa evidencia que arrojan los números, 11.852 acciones contrarias a los derechos de propiedad solo en 2017, cifra que comprueba el ataque sistemático a los derechos de propiedad de los venezolanos emprendido por el gobierno desde sus inicios, en consonancia con los principios e ideales del socialismo del siglo XXI, que calca la matriz ideológica de regímenes comunistas como el cubano, por nombrar solo el caso más cercano aún vigente en nuestro continente americano.

En este sentido, podemos caracterizar una primera etapa que va desde 2005 hasta 2013, y una segunda desde 2013 hasta la actualidad, período de gobierno de Nicolás Maduro.

En la primera etapa, se inicia el ataque a los derechos de propiedad con la modificación de la ley de tierras y la declarada “guerra al latifundio”, ocurren expoliaciones masivas de predios de producción agropecuaria, se desmantela brutalmente el sector primario de la economía para dar paso a ocupaciones, estatizaciones y cierres de industrias y empresas de transformación de materias primas. El Instituto Nacional de Tierras (INTI) se convierte en el brazo ejecutor más evidente de estas medidas, verdugo no solo de propietarios, sino y sobre todo, de la producción de alimentos y bienes, así como de la destrucción de una importante fuente de empleo para los venezolanos.

En ese mismo período a raíz de importantes fenómenos meteorológicos, el deslave de Vargas en diciembre 1999, lluvias de febrero 2005 y diciembre 2010 surge un gran número de damnificados que incrementan de manera significativa el ya grave déficit de viviendas a nivel nacional. En respuesta, el gobierno nacional impulsa leyes y decretos que atiende la demanda de los afectados, ocupando, expoliando y promoviendo la invasión de propiedades ciudadanas, terrenos en el centro de Caracas y otras ciudades del país, viviendas y habitaciones en régimen de alquiler, hoteles y otras infraestructuras privadas fueron utilizadas como refugios, muchas de ellas confiscadas o devueltas a sus dueños totalmente desmanteladas.

El régimen teje un marco legal que encubre el mecanismo perverso que formaliza el estatus de invasores para quienes se quedaron en las viviendas y acorralaron en un limbo jurídico a los propietarios de los bienes afectados: la ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, decretos de congelación de alquileres, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Los brazos ejecutores de las medidas son el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Alcaldía Mayor, con sus Acuerdos de Cabildo Metropolitano, los Consejos Comunales de impronta oficialista del centro de Caracas, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras^[i].

[i] Consejos Comunales, Campamentos de Pioneros, las Nuevas Comunidades Socialistas, el Movimiento de Inquilinos, el Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados, el Frente de Grupos Organizados por el Buen Vivir, Organizaciones Comunitarias de Vivienda, etc, todos agrupados en el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela.

En 2013 se abre una nueva fase en la arremetida contra la propiedad. Luego del azote a los medios de producción rural, de haber diezmado en un 70% la industria nacional, interviniéndolas u obligándolas a salir del país por falta de proveedores de materias primas, carencia de divisas y la inseguridad que genera la incertidumbre política en la que se encuentra el país, el estruendoso ‘Exprópiese’ parece silenciarse, pero el ataque sistemático a los derechos de propiedad y las consecuencias gravísimas sobre la vida y la libertad de los venezolanos son ahora mucho más graves.

Han transcurrido 5 años en los que hemos asistido al asalto desmedido al comercio, a ese músculo que aún se sostenía y colmaba parte de las necesidades básicas de los venezolanos que detrás de leyes como la Ley Orgánica de Precios Justos, regulaciones y controles de varios tipos, falta de intervención oportuna y hasta complicidad en algunos casos de saqueos (1.189 comercios saqueados en 2017), racionamiento del servicio eléctrico, etc. han obligado al cierre de muchos establecimientos comerciales.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE) asume el rol de ejecutor de brutales medidas de fiscalización, ajustes forzados de precios, ventas fiscalizadas, comisos, multas y cierres de comercios, infundiendo terror a través de sus fiscales y de los planes y operativos contra panaderías, carnicerías, tiendas de calzado y textiles, electrodomésticos, juguetes, auto repuestos, etc. Tropelías que de manera estacional se organizan con el falso objetivo declarado de ‘beneficiar’ a las familias y al pueblo.

Más allá de los inexistentes objetivos declarados por la propaganda del gobierno y de sus brazos ejecutores, es importante destacar que el comercio es el mayor sector empleador del país, con un 91,5% en 2017 según los datos de la última encuesta ENCOVI, por lo que la destrucción del comercio conlleva no solamente a agravar la escasez que hoy padecemos, sino que también empuja cada vez más a la pobreza a una cantidad de personas que con cada cierre de negocio queda desempleada y obligada a refugiarse en la informalidad y en la precariedad de un futuro incierto.

Luego de la depredación del sector primario de la economía, atacar las industrias de transformación llevándolas al cierre de las dos terceras partes del total existente en 1999 y arremeter contra el comercio, ataques sistemáticos perpetrados, durante los casi 20 años del Socialismo del Siglo XXI en contra de los derechos de los ciudadanos, se revelan nuevos focos contra la propiedad de nuestra vida y libertad: el carnet de la patria y las cajas CLAP, herramientas de esclavización que intentan doblegar la dignidad de los ciudadanos.

La misión del Observatorios es y será denunciar las cifras de este horror, permitir que a través de nuestra lectura y análisis pueda generarse una conciencia ciudadana que divise y asuma la necesidad de construir un futuro diferente, donde impere el respeto por los derechos de propiedad como pilar fundamental para la recuperación de la confianza y la creación de una economía de mercado libre y de oportunidades para todos los que creemos en el trabajo y la prosperidad del país del que anhelamos formar parte.