El control asfixia y a su vez desmoviliza. Esto lo sabe muy bien el socialismo del siglo XXI, por lo que no han cejado en su proyecto de abolir la libertad de los venezolanos vía la supresión de sus derechos. Tal y como lo reflejan las secciones contenidas en esta edición.

En la sección la lupa se examinarán los ataques más recientes al derecho de propiedad de los venezolanos, que, aunque ocurren todos y cada uno de los días, se pondrá la mirada sobre casos representativos del ataque a los pequeños comerciantes, los productores agropecuarios y a las empresas. Representados por las “expropiaciones” de los negocios en el centro de Caracas; los “decomisos” de carne, queso y hortalizas; y el mandato dictado a la Duncan para la aplicación de rebajas forzadas, respectivamente

En la Historias Ciudadanas se hablará de las invasiones. Como se recordará fueron originalmente promovidas desde el ejecutivo nacional. Esta categoría de agresión al derecho de propiedad dio lugar a los invasores que hicieron de este delito un oficio.  Estos individuos son los mismos que al irrumpir en tierras de propiedad privada izan banderas como señal de conquista, pero no son más que la señal de la destrucción y el preludio de tierra arrasada. Se explorarán las 2 más recientes invasiones perpetradas a la Universidad de Los Andes, que ocurren en medio de un silencio gubernamental muy elocuente. Tanto el silencio, como la inacción, son parte de una política de cómplices que ha aupado el latrocinio y el despojo.

Finalmente, en la sección Reflexión, se hablará de las distintas Venezuelas que parecieran coexistir, una en la que sus habitantes viven en una dimensión paralela, en la que no son alcanzados por ninguno de los horrores que sí persiguen al común de los venezolanos, que subsisten y que son hechos trizas por la hiperinflación. En esa otra dimensión, a pesar de los controles, el mercando -esa dimensión a la que han tratado de anular- como quiera que sea se abre paso.

LA LUPA: La destrucción como política gubernamental

Por Ana María Carrasquero

Día que transcurre, día en el que se registren múltiples formas en las que se agrede el derecho de propiedad de los venezolanos. De esto pueden dar testimonios los productores agropecuarios, los empresarios sin importar el tamaño de su empresa, los comerciantes y cada uno de los ciudadanos que son cobijados bajo el cielo venezolano. El resultado de todas estas tropelías es pagado por los consumidores, quienes deben estar conscientes de que estas acciones desincentivan a los pocos que aún producen algo en el país y hacen que la ya diezmada oferta de productos, disminuya y por consiguiente se encarezcan aún más.

La hiperinflación y la aniquilación del poder adquisitivo del venezolano son consecuencia directa de las políticas gubernamentales. Aplicar rebajas forzadas de precios a productos, decomisar alimentos y expropiar a comerciantes sólo agudiza más la emergencia humanitaria causada por el régimen. Casi 20 años de este tipo de medidas son la prueba fehaciente de que este es el camino errado. Examinemos lo que ha ocurrido en la segunda quincena de abril.

Estos sucesos son la prueba de que el régimen insiste en el ataque al derecho de propiedad como parte de una política para destruir lo poco que queda en pie del aparato productivo nacional, para así profundizar la dependencia de la ciudadanía y por tanto la capacidad gubernamental para dominar a cada uno de los venezolanos.

El pasado 17 de abril la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) acusó de “especulación, condicionamiento de venta y desestabilización económica” a la empresa Acumuladores Duncan y ordenó la disminución de sus precios entre un 48% y 51%. Antes de esta medida una batería de 600 amperios costaba un poco más de 10 millones de bolívares, después de la medida el precio disminuyó a la mitad. La experiencia acumulada en casi dos décadas de controles permite prever que, gracias a la intervención de la Sundde, las baterías desaparecerán.

Para desgracia del país, entre las formas en las que se vulnera los derechos de propiedad de los productores del campo, no solo se cuenta la actuación de los delincuentes a través del abigeato, sino que se deben enumerar los saqueos de los que son víctimas a manos de las autoridades, quienes sustraen un porcentaje de la producción que intentan comercializar, bien sea de las reses (en pie o canales), queso u hortalizas. En los estados de vocación agrícola, funcionarios gubernamentales continúan con el decomiso a los productores de carne, queso, verduras y hortalizas que son trasladados por tierra para su venta en las ferias y mercados populares que tienen lugar en las ciudades. Entre los casos destaca el pronunciamiento del director de Asuntos Agropecuarios de Fedecámaras Táchira, el Sr. Óscar García, quien denunció el 21 de abril el decomiso del que han sido víctima productores tachirenses a manos de efectivos militares adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Apure.

Una vez que los productos llegan a los sitios en los que son comercializados, han superado un sinfín de obstáculos, impuestos por los entes que están llamados a incentivar y proteger la producción para satisfacer las necesidades de los ciudadanos venezolanos. Dicho en buen criollo, la matraca sólo perjudica a los consumidores.

El 23 de abril trascendió que la Alcaldía de Caracas publicó en la gaceta Municipal N°4303-1 el decreto de expropiación de 7 locales situados en torno a la Plaza El Venezolano en los que estaban ubicados desde hace más de 50 años, piñaterías, artesanos y un restaurante. La razón que se argumenta es el inicio del “proceso de recuperación integral de cada una de las manzanas fundacionales que forman parte del casco histórico de Caracas” como se lee textualmente en el cartel de notificación. Los comerciantes indignados por esta medida no tuvieron más remedio que rematar la mercancía antes de ser desalojados. Llaman la atención las declaraciones recogidas por un portal de noticias, en las que uno de los afectados aseguraba estar sorprendido por la medida, ya que nunca había dejado de votar por la revolución, con lo cual se evidencia que los derechos de todos los venezolanos están en riesgo, sin importar su lealtad política. Después de todos estos años de vulneraciones, debería estar claro que el respeto a la libertad y los DDHH está reñido con el socialismo del siglo XXI.

Estos sucesos son la prueba de que el régimen insiste en el ataque al derecho de propiedad como parte de una política para destruir lo poco que queda en pie del aparato productivo nacional, para así profundizar la dependencia de la ciudadanía y por tanto la capacidad gubernamental para dominar a cada uno de los venezolanos.

HISTORIAS CIUDADANAS: La Universidad de Los Andes

En el estado Mérida, específicamente en El Vigía, la Universidad de los Andes (ULA) posee un una Finca llamada La Judibana. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Superior Agrario del estado Mérida, estas tierras están destinadas al uso educativo, de investigación y extensión de la ULA. Allí los estudiantes pueden cursar estudios técnicos, tanto agrarios como pecuarios.

El 13 abril del 2018 esta finca fue objeto de una invasión por un centenar de personas, desafortunadamente no es la primera vez que esto ocurre. Se habla de que entre los invasores hay personas dedicadas a la invasión como un oficio. En esta ocasión tanto el rector de la ULA, Mario Bonucci, como el director del núcleo universitario, Domingo Alarcón, han denunciado el hecho. En primera instancia acudieron a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que informó que no podían actuar hasta recibir una orden superior. Posteriormente exigieron al Tribunal Agrario Superior que ordene la ejecución del desalojo de los invasores, quienes a su vez argumentan que usarán las tierras para el cultivo. Al momento evitaron el acceso a la finca usando cadenas y candados para trancar los accesos.

Han transcurrido más de 20 días y aún las autoridades competentes no han actuado. En el ínterin los invasores, de acuerdo a lo informado por la ULA, han sacrificado animales y se han repartido la leche del ordeño.

Además, han impedido que se desempeñen las labores que de forma diaria tienen lugar en la finca. Los potreros que son empleados para rotar el rebaño de animales, fueron tomados para sembrar otros rubros. Los invasores han amenazado a profesores y estudiantes, dificultando el trabajo que a pesar de estos hechos continúa en los laboratorios.

Esta historia no es inédita para la ULA, ya que un caso similar tiene lugar en la estación experimental del Caparo, situada en el estado Barinas. Esta área de investigación, en la que se conducen investigaciones científicas que tienen más de 50 años en marcha, es parte de un bosque que tenía 174 mil hectáreas, de las que sólo quedan 7 mil hectáreas, ya que han sido arrasadas mediante talas árboles para comercializar la madera. Estas tierras, confiadas en comodato a la ULA en 1968, son el último bosque de los llanos occidentales y refugio del mono araña, especie en peligro de extinción. Existe una orden de desalojo que la GNB no ha ejecutado. Ninguna de las autoridades del estado Barinas se ha pronunciado durante los 4 meses de invasión. Únicamente el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, aseguró que llegaría a un acuerdo para el desalojo. Sin embargo, los días y la destrucción siguen sucediendo.

REFLEXIÓN: Venezuela, un país de contradicciones ¡Gracias socialismo!

Por Andrea Rondón

Recientemente Sergio Dahbar escribió “Así viven los ricos de Venezuela”, un artículo publicado en el portal m.revistadonjuan.com y que es presentado con esta introducción

“Sergio Dahbar se le midió indagar sobre el tema del que nadie habla ni quiere hablar: cómo viven los ricos en Venezuela a cuerpo de rey y, casi de manera clandestina, sirviéndose de conductores y escoltas que les hacen mandados. Se fue a los restaurantes en donde corren botellas de Petrus y de Möet & Chandon. Llegó hasta donde los chavistas gastan fortunas con mujeres Miss Venezuela amparados en un ambiente en el que nadie los ve. Visitó mercados en donde venden carne traída de Manhattan. Estuvo en las tiendas de ropa que han organizado su negocio `a domicilio´ para los miembros del gobierno que pagan, sin ruborizarse, cuentas de 20.000 dólares. Bienvenidos al lujo chavista.” 

El artículo refiere una Venezuela que no todos conocen, pero se presume su existencia. Estas dos Venezuelas no se ven sólo en estos temas a los que alguien podría decir que son muy específicos o se requirió de una investigación para evidenciarlo. Pero en realidad las vemos en todos y cada uno de los momentos de nuestro día a día.

Venezuela está viviendo desde hace algunos años –tan solo que hoy en día no hay quién discuta esta situación- un proceso hiperinflacionario que pone al descubierto la destrucción de nuestra moneda, el bolívar, y la consecuente necesidad de defendernos frente a esta destrucción buscando una moneda dura, a pesar del control de cambio instaurado por el régimen en el año 2003.

El bolívar perdió su calidad de dinero, es decir, (i) no sirve como instrumento de intercambio y (ii) no constituye un ahorro. De hecho, podemos ver en distintos locales comerciales aceptar a cambio de sus servicios distintos bienes y productos. Hemos regresado a lo más básico, a la economía del trueque porque cualquier bien o servicio cumple más y mejor las funciones de dinero que el bolívar.

Ahora bien, tampoco podemos afirmar que nuestra economía está dolarizada de facto, porque si bien algunos servicios ya se deben pagar en una moneda distinta al bolívar, por ejemplo, en realidad no existe un flujo libre de divisas. Son pocos los que pueden costear las aventuras contadas por Sergio Dahbar en su artículo o sin ir muy lejos, son pocos los que pueden costear una consulta odontológica.

Nuestra economía es un mar de contradicciones: El bolívar ya no es dinero, pero es la moneda que recibe la inmensa mayoría de los venezolanos. Todos los bienes y servicios (salvo los regulados con su consecuente desaparición) se valoran en términos de dólares, pero son pocos los que reciben ingresos en esta moneda y las remesas no son suficientes en muchos casos. Hemos regresado a la economía del trueque por la precariedad de nuestra situación y al mismo tiempo, nos hemos convertido en unos expertos en materia de criptomonedas (¿el dinero del mañana?, tal vez).

Siempre tengo presente este pasaje del libro de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas en Diálogo de conversos: “El socialismo puede echar al mercado por la puerta, pero le entra de vuelta por la ventana del mercado negro. Creen que pueden controlar los precios, así como creen controlar las conciencias, pero esto último puede resultar más fácil que lo primero” (Diálogo de conversos, Suramericana, Santiago de Chile, 2015, p. 128). Con la aspiración a controlarlo todo, no sólo generan mercados negros, sino también estas contradicciones que vivimos los venezolanos a diario.