La presente edición está dedicada a reflejar cómo las acciones gubernamentales han ahuyentado y siguen ahuyentando la inversión de los capitales nacionales y extranjeros. En la lupa, se aborda el tema relativo al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre inversiones, conocido por sus siglas CIADI. Se detalla la cantidad de demandas introducidas ante este Centro contra el Estado Venezolano. A través de un recorrido que inicia en el año 2000 y finaliza en el presente, constatamos que Venezuela ostenta la penosa cifra de 45 demandas.

En la sección historias ciudadanas se hace un recuento de los días previos a lo que desde el poder se llamaron elecciones presidenciales y cuál fue el registro de los ataques contra el derecho de propiedad en el campo venezolano. Se explica que ocurrieron dos acontecimientos en paralelo, el primero, la política continuada de los llamados “rescates” de tierra y las invasiones. El denominador común de ambos es la evasión de la responsabilidad por parte de las autoridades de resguardos los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, en la Reflexión, a propósito de una anécdota relativa al precio de una hamburguesa, se hace un recorrido por lo que han significado las medidas violatorias a la propiedad y cómo estás afectan todos los órdenes de la vida de los ciudadanos venezolanos y las empresas. Se hace mención especial al caso de las empresas multinacionales que se han reducido a su mínima expresión o que decidieron que Venezuela no ofrece las garantías suficientes para conducir un negocio sano. El resultado del empeño de acabar con el mercado es la deformación de la formulación de los precios.

LA LUPA: La fórmula para ahuyentar las inversiones extranjeras

Por Ana María Carrasquero

El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre inversiones (CIADI) es un organismo perteneciente al Banco Mundial. El CIADI fue creado en 1966 con el objetivo, de acuerdo a lo expresado en el convenio, de “facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones de este Convenio”.

En el caso concreto de Venezuela, el Estado firma el convenio de adhesión en 1993 y entró en vigor dos años después, en 1995. Desde el momento de la entrada en vigencia, el estado venezolano ha sido demandado 45 veces. La primera demanda fue introducida en 1996 por Fedax N.V. una compañía domiciliada en Curazao que argumentaba incumplimiento en el pago de instrumentos de la deuda. La sentencia favoreció a dicha compañía y se ordenó a Venezuela pagar la suma de USD $810.345,14 por concepto de notas vencidas, intereses acumulados y costos del juicio.

La primera demanda introducida ante el centro, durante la autodenominada revolución fue interpuesta el 1ero de marzo del 2000 por la empresa norteamericana GRAD Associates, P.A. Desde ese momento hasta el presente, Venezuela ha sido demandada en 44 oportunidades. En la actualidad hay 21 demandas pendientes. Destaca el importante número de empresas relacionadas directa o indirectamente con la explotación petrolera, así como las compañías mineras y las que producen insumos claves para la economía nacional de cualquier país como el cemento, los derivados siderúrgicos o la producción de envases de vidrio.

El año en el que mayor cantidad demandas fueron introducidas fue el 2011, específicamente 10 empresas acudieron al CIADI. Entre ellas se encuentran:

• Highbury International AVV and Ramstein Trading Inc. (minera)
• Nova Scotia Power Incorporated (suministro de carbón)
• Longreef Investments A.V.V. (café)
• Crystallex International Corporation (minera)
• The Williams Companies (inyección de gas para campos petroleros)
• Koch Minerals Sàr (construcción de planta de fertilizantes)
• Tenaris S.A. (briquetas de hierro)
• Hortensia Margarita Shortt (servicios marítimos)
• OI European Group B.V. (producción de vidrio)
• Gambrinus, Corp (fertilizantes)

En el año 2012, concretamente el 24 de enero, el gobierno nacional presentó un escrito para denunciar el convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71. Esta acción se llevó a cabo con la intención de abandonar el Centro. Sin embargo, durante el 2012 Venezuela fue demandada por 9 compañías. Lo que hace que el 2012 ocupe el segundo puesto en número de demandas.

Desde el 2012 hasta el 2018 en todos los años Venezuela ha sido demandada. El único año que no se registraron demandas fue en el 2015. La demanda más reciente fue interpuesta el 17 de abril de 2018 por Kimberly-Clark.

La salida de Venezuela del CIADI, así como en su momento lo hicieron Bolivia (2007) y Ecuador (2010), no funciona para que el Estado evada las demandas en curso o las posibles demandas. Aunque esté fuera, el país está obligado a responder, ya que en las cláusulas de los tratados bilaterales firmados con otros países de seguro se aceptó sin condiciones el arbitraje del Centro.

El corolario de esta, por llamarle de algún modo, triste colección de demandas es el daño que se le ha hecho al país y a su ciudadanía. Esta es la formula perfecta para ahuyentar las inversiones extranjeras y hacer que cualquiera sienta inseguridad para invertir capital en el suelo venezolano. Toca preguntarse cuántos empleos directos e indirectos se perdieron y que sin duda alguna hoy hace tanta falta.

Recientemente voceros oficiales han invitado de muchas maneras a los inversores extranjeros a traer capitales al país. Desafortunadamente con esta larga lista de demandas ante el CIADI es bien complicado inspirar a cualquier empresario a creer que en Venezuela existen las condiciones para invertir.

HISTORIAS CIUDADANAS: Invasiones y rescates, binomio de la destrucción

Por Fanny Migliore

En medio del clima de fraude electoral que acompañó las elecciones del 20 de mayo 2018, se reactivaron las invasiones a fincas agropecuarias en todo el país. Paralelamente el Instituto Nacional de Tierras (INTI), anuncia el inicio del plan de “rescate” de tierras para entregarlas a colectivos campesinos, quienes son los “beneficiarios” de estas medidas. Recogemos en esta edición la renovada amenaza a los productores agrícolas ante estas últimas incursiones particularmente violentas, en un país azotado por el saqueo, donde el hambre se impone, mientras que la impunidad cubre vergonzosamente la posibilidad de hacer valer los derechos cada vez más pisoteados de los venezolanos.

En la reciente asamblea general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) celebrada en mayo de 2018, el presidente de Fedenaga, dio las cifras de inseguridad referidas a las últimas invasiones de fincas de todo el país: 28 en los últimos 62 días, además de la intervención de una finca en el estado Guárico con más de 200 años en manos de la familia de la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Repasemos algunas denuncias de invasiones:

• La hacienda Sicare (Lara), que produce entre 4.500 y 5.000 kilos de queso de búfalo al mes, fue ocupada por más de 80 invasores que mataron 14 becerros de búfalos sin que la Guardia Nacional cumpliera alguna función de protección.
• Lo mismo ocurrió en La Escondida y El Chavero en Barinas;
• La finca El Casquillo, en el municipio Santa María de Ipire en Guárico, también fue invadida pese a ser, como comenta el presidente de FEDENAGA, “una de las fincas más productivas de leche de esa región”.
• La finca El Corocito, en Anzoátegui, donde 14 delincuentes sometieron a los trabajadores y mataron 25 animales.
• También en Anzoátegui en el fundo Sideral, invasores descuartizaron seis reses.
• El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del estado Anzoátegui (Aprogan), Isaias Farsheg, denunció que en los primeros cinco meses del año fueron sacrificados 180 animales vacunos en ataques armados a las propiedades y que esa situación atañe al 70% de los afiliados a su gremio en la entidad.

Por otro lado, es importante señalar las acciones que paralelamente ha iniciado formalmente el INTI a través de planes de “rescates” de tierra que estimulan y retroalimentan las aspiraciones de invasión y con ellas los saqueos asociados de productos, semovientes, inventarios, maquinarias, equipos, destrucción de infraestructura y fuentes de trabajo. Luis Soteldo, presidente del organismo y viceministro de Tierras, anunció algunas de estas acciones de rescate:

• 26 de abril inicia el plan de inspecciones con el “rescate” de 2.733 hectáreas de los fundos Gavilán y La Chaqueta, en Barinas.
• 749 hectáreas de la finca La Primavera, ubicada en Barinas, propiedad de los hermanos Febres Villalba. Luis Soteldo, destacó en su cuenta de twitter que entregó las tierras a 20 colectivos campesinos.
• 5 de mayo, 107 hectáreas del fundo La Fortuna entregadas al Consejo Campesino Los Guardianes de la Tierra y la Asociación Cooperativa Dame Chocolate del estado Mérida.
• La página web del INTI indica que en lo que va de año han adjudicado 1.134 instrumentos agrarios sobre más de 58.000 hectáreas.
• Nicolás Maduro anunció en abril que el gobierno alcanzó la meta de 6 millones de hectáreas entregadas a los “campesinos productores de nuestra patria” como parte de la guerra contra el “latifundio” que inició Hugo Chávez.

El recuento de estas acciones va acompañado del exhorto del Observatorio de Derechos de Propiedad a la denuncia de estos hechos. No hay que confundirse, el supuesto beneficio a los colectivos campesinos, como se llaman ahora quienes en pasado fueron beneficiarios de los fundos zamoranos o de cuanta otra nomenclatura haya sido utilizada para engañar a los ocupantes de tierras productivas, pisoteando los derechos de sus propietarios, no ha rendido ningún beneficio.

Por el contrario, la obligación constitucional del gobierno de estimular, impulsar, desarrollar y promover la actividad agropecuaria con fines de abastecimiento y de soberanía, y seguridad alimentaria, hoy está cada vez más lejana de su meta: el hambre y la escasez son prueba fehaciente de los efectos que determina cada invasión o “rescate”.

REFLEXIÓN: Breve anécdota de la destruida economía venezolana -El día a día del venezolano-

Por Andrea Rondón

Hace algunos días un amigo me comentaba sobre los excesos de un restaurant con el precio de los platos y lo comparaba con otro restaurant. A mi amigo le parecía escandaloso que aquél que ofrecía hamburguesas (que requiere poca elaboración) resultará mucho más “caro” que el segundo que ofrecía platos más elaborados.

Mi respuesta inicial fue que uno de los alimentos de consumo más afectados por la política sistemática de ataque a la propiedad privada ha sido la carne. Recordemos que las primeras “expropiaciones” (en realidad expoliaciones) fueron de fincas y haciendas y el ganado fue diezmado junto con las tierras. El resultado ha sido oferta insuficiente ante la creciente demanda. Pero, además, la carne importada también es escasa por los innumerables obstáculos que deben ser sorteados.

Mi amigo volvía a ofrecerme otros ejemplos de restaurantes, pero esta vez con propuestas similares. Mi respuesta era que ninguno de los dos puede saber quién se excede al colocar precios porque en una economía excesivamente intervenida lo que menos existe es información.

¿Por qué unos ofrecen platos a precios más competitivos que otros siendo muy similar la oferta?; ¿podría ser que unos tienen acceso a las cadenas de distribución del Estado, pagan muy poco y pueden ofrecer precios más bajos?; ¿o en su afán por no perder clientes dedican horas de búsqueda para obtener precios que le permitan mejorar la oferta?

Puede ser lo primero; puede ser lo segundo; pueden ser todas esas opciones o ninguna. El problema es que una economía con controles desde el 2003, sin aparato productivo, sin prácticamente propiedad privada, el Estado presente en cada uno de los eslabones de la cadena de distribución y comercialización no se puede saber qué es lo que determina el precio. A título de ejemplo, así ha sido el ataque a las compañías multinacionales en Venezuela:

En algunos casos, muchas de estas compañías terminaron siendo ocupadas por el Poder Ejecutivo. Esto es sólo una muestra de lo estatizada que se encuentra la economía venezolana y en la que se evidencia que ninguno de nosotros, ni los proveedores de bienes y servicios ni sus consumidores son los que fijan el precio, siendo esto último una verdadera incertidumbre.

Y la realidad es que en una economía libre esta incertidumbre no existe porque el precio es resultado del juego de la oferta y de la demanda. El precio se formará como resultado de las decisiones que cada uno tome para alcanzar sus fines y propósitos. En una economía libre somos nosotros, los individuos, los que formamos el precio y no el Estado, con todas las consecuencias nefastas que ello conlleva.