Cientos de protestas sociales por fallas de servicios, escasez de alimentos, medicinas y reivindicaciones por mejores salarios, son la coreografía que podemos apreciar a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sin nombrar la larga lista de situaciones creadas por un régimen tan claramente irrespetuoso de los derechos humanos, como fuertemente intencionado a  perpetuar su destructiva  permanencia en el poder.

Ante el inexorable deterioro de los servicios básicos que han sido estatizados en su totalidad, Ana María Carrasquero pone La Lupa en los mecanismos empleados por los ciudadanos para sortear la falta de cualquiera de ellos y en este caso, acota que el poder adquisitivo es básicamente el mecanismo por excelencia.

La sección Historias Ciudadanas nos lleva nuevamente al campo venezolano, con una historia, la de la Hacienda El Amparo (El Vigía, estado Mérida), que resume el modus operandi de la destrucción: invasión, anarquía y rescate. Son esas las fases documentadas en un amplio expediente, por las que sus dueños han debido transitar en la lucha por recuperar su propiedad y hacer justicia.

Finalmente, en la sección Reflexiones, Rafael Quiñones diserta entorno a la reciente implementación del “Plan 50”, “otra escalada de la insensatez del actual gobierno, que cree que desde la burocracia estatal se puede eficientemente fijar los precios en el mercado de los productos (…). Los efectos que causará esta medida son fáciles de predecir: más escasez en el corto plazo de los bienes “regulados a precios justos” o más bien confiscados por el gobierno, e inflación aún más agresiva en el mediano plazo”.

Hoy somos los habitantes cada vez más empobrecidos de una Venezuela en crisis, cuya única causa es, usando una frase de Isabel Pereira usada en su más reciente artículo “El premio al país más miserable del mundo”, la anacrónica furia ideológica del régimen en el poder. Sembremos conciencia para enfrentarla y focalizar la libertad como gran objetivo de nuestro esfuerzo cotidiano en la impostergable tarea de construir un nuevo país.

LA LUPA: La privatización de facto de los servicios públicos, estrategia de supervivencia

Por Ana María Carrasquero

Iniciamos estas líneas informando a nuestros lectores internacionales, en caso de que no lo sepan, que el suministro de agua, electricidad y telefonía fija, en Venezuela, es prestado por empresas del Estado. De igual forma les aclaramos que en medio de la crisis humanitaria compleja que sufren los venezolanos, el descalabro en la capacidad para prestar dichos servicios, no tiene precedentes.

Este artículo no es un llamado a privatizar o no dichas empresas, aunque sí pensamos que es una discusión que debe ser puesta sobre la mesa. Como podrá inferir por el título, queremos hablar de por qué aseveramos que los servicios públicos, en la práctica y gracias a la autodenominada revolución, son más privados que nunca.

Vamos por partes. Lo primero sería decir que los servicios públicos, su eficacia y la escala en la que son prestados, dicen mucho de la modernidad en la que vive o no una sociedad.

Las ciudades modernas se caracterizan por servicios públicos considerados elementos estructurales, ya que nadie puede imaginar una sociedad pujante con individuos y empresas productivas en las que la vida se paraliza porque hay interrupciones del servicio de agua, electricidad o telefonía.

En el caso que nos ocupa, al hablar de privatización, necesariamente implica la introducción de las fuerzas de mercado en el manejo de servicios que son prestados con exclusividad por el Estado. Quienes defienden la privatización, hablan de la consecuente generación de competencia, puesto que al privatizar se elimina el monopolio de las empresas del Estado que en el caso venezolano no tienen nada bueno que decir en materia de eficacia o transparencia. La privatización además supone la ampliación de la oferta de servicios públicos, así como también mecanismos regulatorios combinados con un fuerte proceso de desarrollo institucional.

En las discusiones sobre la privatización de los servicios públicos, un argumento que usted siempre escuchará es el relativo al interés que tiene el dueño de la empresa. Los defensores de que las empresas prestadoras de los servicios básicos sean públicas, dirán que el interés público es la prestación de un servicio adecuado, al precio más bajo posible. Mientras que los detractores de las empresas privadas, le hablarán que el interés de estas últimas, es la maximización de utilidades

Al revisar los trabajos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), específicamente los relativos a las experiencias de privatización de servicios en Latinoamérica, se obtiene que existen diversidad de formas para concretar la privatización entre las que se puede mencionar: los arrendamientos de infraestructura, los contratos de gestión, la concesión, y como una medida complementaria, la fragmentación de los sistemas en partes.

De acuerdo a Charles Phillips (1993), en su libro Regulation of Public Utilities: Theory and Practice define que existen al menos cuatro obligaciones básicas que asumen quienes se convierten en concesionarios de servicios públicos:

Invitamos a los usuarios de estos servicios en Venezuela a preguntarse por qué si una empresa privada tiene que cumplir con estas obligaciones básicas, las empresas públicas no lo hacen. Basta con consultar las redes sociales que han servido como mecanismos de queja de los usuarios, para darse cuenta de que no transcurre un solo día en el que los usuarios no reporten cortes inesperados y prolongados en el suministro de agua, electricidad o telefonía. La prestación de todos estos servicios está comprometida, la gravedad varía entre los estados y a lo interno de ellos.

¿Qué mecanismos son empleados para sortear la falta de cualquiera de estos servicios? El poder adquisitivo es básicamente el mecanismo por excelencia.

Quienes tienen elevado poder de compra, pueden sortear las dificultades. Es así que, en el caso del suministro del agua, quienes pueden pagar, destinan grandes sumas de dinero para comprar cisternas. Al momento de escribir estas líneas, el valor de una cisterna en la ciudad de Caracas ronda los 60 millones de bolívares por 12 mil litros. El tanque de un edificio con capacidad para 70 mil litros necesitaría casi 6 cisternas, que equivalen a 360 millones de bolívares (tome en cuenta que el salario mínimo más el bono de alimentación es de Bs. 5.196.000,00). Si se administra muy bien el agua, a razón de 30 minutos de agua por día, podría durar 1 semana. Lo que significa que, para tener agua durante el mes, serían necesarias 24 cisternas. Frente a esta realidad cabe preguntar cuántos venezolanos pueden costear esto. O cuántos son capaces de costear la excavación de pozos de agua en sus conjuntos residenciales.

Algo similar ocurre con la electricidad. Quienes tienen un alto poder adquisitivo han optado por adquirir plantas generadoras de energía eléctrica. O en el caso de avería de un transformador, que la empresa del Estado debería proporcionar, optan por comprarlo o mandarlo a reparar. Recientemente el concejal Jesús Armas denunció que a tres edificios del oeste caraqueño, afectados por la explosión de un transformador, Corpoelec les propuso que gestionaran la reparación por cuenta propia a través de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC) cuyos talleres están en el estado Carabobo.

La mayoría de los hogares venezolanos no disponen del dinero para resolver la ineficacia de las empresas del Estado que supuestamente prestan estos servicios públicos. Así que, en medio de su desesperación y orfandad, son presa fácil de la corrupción. Infinidad de notas periodísticas se han escrito dando cuenta de los acuerdos por debajo de cuerda que son sugeridos por empleados de estas empresas para resolver las fallas, así como se ha escrito sobre la aparición de enfermedades por falta de agua, como la sarna.

En suma, aquellos privados que pueden pagar para sortear la ineficacia del gobierno, lo harán. Quienes no pueden, están condenados a la subsistencia, al descalabro de su patrimonio.

Mientras esto sucede ¿Qué pasa con la capacidad productiva de las empresas y comercios? que trabajan sin los servicios básicos ¿Qué ocurre con los centros de enseñanza que por falta de agua o electricidad deben suspender actividades? ¿Qué tienen que decir estas empresas públicas sobre la pulverización de la calidad de vida de los habitantes de Venezuela? Es así como se postra un país.

HISTORIAS CIUDADANAS: Hacienda El Amparo (El Vigía, estado Mérida)

Por Fanny Migliore

Producir en una finca en Venezuela es, desde hace algunos años, 17 exactamente, un desafío, el gobierno actual inclusive lo asume como una provocación a nivel personal que choca con las aspiraciones del modelo del socialismo del siglo XXI, adversario de la propiedad y de los propietarios privados.

El tema de las expropiaciones o robo de la mayoría de las fincas agropecuarias intervenidas a partir de 2001 con la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, es uno de los aspectos más mencionados dentro y fuera del país, inicialmente por el impacto que causó entre los propietarios ante la imposibilidad de acudir a una instancia que garantizara sus derechos; en segundo lugar, por la crisis que sume al país en medio de una emergencia humanitaria compleja, lo que hace imposible no reconocer la vinculación entre la política de confiscación de las propiedades rurales y la escasez y el hambre que derivaron como consecuencia directa de la falta de producción, al haber sustituido fincas productivas por modelos destacadamente ineficientes, es decir por la nada.

La tan cacareada soberanía alimentaria en virtud de la cual se han escrito numerosos párrafos de leyes, decretos, manifiestos y letreros en gorras y franelas rojas, no es más que una consigna que hoy muestra los peores resultados y las consecuencias más nefastas que se le pueden atribuir a este gobierno.

Cada finca ocupada, deja en poco tiempo uno o varios anaqueles vacíos, cientos de venezolanos que al no poder comprar los alimentos básicos, dejan de alimentarse, niños que no regresan a las escuelas por temor a desmayarse,  familias enteras condenadas a mendigar las cajas de la subsistencia, de la esclavitud, de la sumisión.

Cada finca ocupada representa también una historia de despojo, que merece ser comentada y en esta oportunidad, resumiremos el caso de la hacienda El Amparo, 340 hectáreas confiscadas a sus propietarios, en procedimientos harto cuestionables, contaminados de arbitrariedades, contradicciones y violaciones a la propiedad privada y al debido proceso.

El ministro @wcastroPSUV esta poniendo la carreta delante de los caballos. Ahora resulta que la guerrilla #TUPAMARO son unas Carmelitas Descalzas. El objetivo lo han alcanzado invadiendo y acabando fincas como marabuntas y ustedes premiándolos. No sabemos de qué se queja pic.twitter.com/fS92XsTCUg

— Hacienda El Amparo (@HdaElAmparo) 22 de julio de 2018

Uno de sus propietarios nos cuenta en una entrevista telefónica del 26 de junio 2018:

Esquema del caso Hacienda El Amparo

Diciembre 2014:

Hacienda El Amparo en plena producción, verificada por el INTI

2014-2016:

Ataques y violencia reiterados y estratégicos contra la producción. Allanan camino pra invasión (Fuerza pública no actúa)

23 Julio de 2016:

Hacienda El Amparo es invadoda totalmente. INTI / Fuerza Pública no actúan (Desacato medida de protección)

10 meses después:

INTI abre proceso arbitrario de rescate

27 de agosto 2017:

INTI acuerda rescate arbitrario de Hacienda El Amparo

Barbarie Triunfa:

Estado de Derecho es violado. Atacantes invasores son premiados / beneficiados

Pese a las numerosas denuncias que hoy nutren los gruesos expedientes con detalles e imploraciones de justicia nunca escuchadas a lo largo de 8 años (contados desde la confiscación de las primeras 100 Has), el acto administrativo que en octubre de 2017 notifica a sus dueños el rescate de la finca en cuestión, deja en evidencia la debilidad de sus argumentos, especialmente cuando afirma que las tierras son ociosas, obviando completamente que las condiciones actuales de la propiedad son consecuencia de los reiterados ataques a manos de delincuentes e invasores.

La Hacienda El Amparo es propiedad privada con cadena titulativa desde el 6 de febrero de 1590, cuando se desprendió de la Corona Española y no se encontraba en estado de ociosidad, sino a partir de la invasión y ataques que sufriera, por tanto el haber acordado irregularmente el rescate, ha impedido la continuidad de la actividad productiva y deja clara evidencia de la ineficiencia, en términos del aporte a la soberanía alimentaria, de esta operación.

El 8 de diciembre de 2017 se introdujo un Recurso de Nulidad ante el Tribunal Superior del estado Mérida contra el acto administrativo que acordó el rescate, desde entonces no ha habido un pronunciamiento concreto.

El relato de uno de los dueños de la hacienda continúa y concluye lanzando una alerta: “Este es un asunto serio y de gravedad porque no es solo nosotros que lo padecemos directamente, sino que es un plan muy bien orquestado para controlar y someter el territorio agrario nacional, por vías de hecho y violencia, convalidadas y apoyadas por actos del gobierno”.

Se percibe claramente el efecto de una estrategia planificada que como dijimos al principio, penaliza la producción, la propiedad y somete a los supuestos beneficiarios, conduciéndolos a un camino de servidumbre que niega cualquier posibilidad de autorrealización y de libertad.

REFLEXIÓN: Poder, locura y control de precios

Por Rafael Quiñones

El martes 10 de julio del 2018, luego de semanas de espera, los venezolanos amanecimos enterados que las premisas del famoso “Plan 50” del gobierno nacional ya se habían implementado. Dicho plan implicaba que 50 rubros de productos esenciales para la vida de los venezolanos serían fijados por el Ejecutivo nacional para combatir los males como “la especulación” y “el acaparamiento”, que según el gobierno actual son los verdaderos culpables de la hiper inflación que vive actualmente el país, fenómeno que hace que los precios se incrementen de manera diaria en todas las áreas económicas de Venezuela.

Igualmente, que el 70% de la producción de dichos rubros debía ser destinada al Ejecutivo Nacional que a su vez los destinará a sus programas sociales.

Según el presidente Nicolás Maduro, los precios se fijarían luego de tres semanas de intensas conversaciones con productores y comerciantes y luego serían anunciados por el vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami, el sábado 8 de julio del 2018, cosa que no sucedió.

Para dar más detalles de las implicaciones que tiene la fijación de precios del famoso Plan 50, hay que recurrir a fuentes todavía extraoficiales: el precio fijado para el kilo de maíz fue de 250.000 bolívares y el del arroz en 200.000 bolívares al productor. El precio “justo” del kilo de arroz para el consumidor se habría convenido en 1.273.082 bolívares. Mientras que el de café estaría entre 7,6 millones y 5,7 millones de bolívares, dependiendo del grado, que oscila entre 3 y 5. El precio de los niveles 1 y 2 no se habría fijado cuando aún estamos redactando esta nota.

El acta de la reunión con los productores y comerciantes indica que sancionarán a quienes “no respeten las condiciones acordadas, aumento desmedido del quintal de café verde por especulación, compromisos con el Estado para dejar el precio convenido por dos meses y revisarlo previo inicio de la cosecha de 2018-2019; aporte de 20% del café tostado y molido por parte de torrefactoras para los CLAP administrado por la CVC”. 

Fedeagro, gremio que reúne a agropecuarios que producen el 80% de los alimentos de origen agrícola vegetal, sostiene que las reuniones y acuerdos se están haciendo a espaldas de los sectores productivos. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, informó que los mecanismos de fijación de precios son en buena parte la causa de los bajos niveles de producción, de desabastecimiento y de la crisis económica que hay.

Lo anterior es otra escalada de la insensatez del actual gobierno, que cree que desde la burocracia estatal se puede eficientemente fijar los precios en el mercado de los productos, entre productores, comerciantes y consumidores. Los efectos que causará esta medida son fáciles de predecir: más escasez en el corto plazo de los bienes “regulados a precios justos” o más bien confiscados por el gobierno, e inflación aún más agresiva en el mediano plazo.

Los controles de precios han sido recurrentes en la historia de Venezuela. Al finalizar la dictadura de Juan Vicente Gómez y al comienzo del gobierno de su sucesor Eleazar López Contreras en 1936, se empiezan con los primeros experimentos para orquestar un sistema de controles de precios para contener cualquier proceso de inflación. Pero es en la década de los 80 del siglo XX, con el gobierno democrático de Jaime Lusinchi, donde la implementación abierta de dichos controles se consolida, especialmente dentro de los productos de mayor consumo de las clases populares. El resultado de estas políticas fue evidente: La inflación nunca fue contenida, generando la escasez de productos debido a que la demanda de los mismos superaba a la oferta gracias a la congelación de precios, siendo necesario que desde el Estado se hiciera un “ajuste” de los precios fijados que se tradujo en más inflación que deterioró el bolsillo de los consumidores, especialmente los más pobres. Aun así, se ha repetido una y otra vez este ciclo hasta los actuales momentos en que este mecanismo se lleva a unos niveles de delirio que sólo pueden justificarse por razones de ceguera ideológica u oscuros beneficios para la élite que gobierna el actual país.

Vencer a la inflación quizás si es tarea de los Estados y gobiernos del mundo, pero para nada es a través de un control de precios fijados por una burocracia estatal que intenta establecerlos a través de una subjetiva medición de los costos de los productos. El Estado en cambio puede vencer la inflación si tiene una fuerte institucionalidad económica de carácter inclusivo a través de un sistema de libre mercado, junto con un sistema de precios definidos por el mercado, y no por el Estado; y un alto nivel de competencia. De allí se desprende, como corolario, la necesaria prohibición de monopolios y carteles a través de una legislación inteligente y sistemas judiciales independientes; y no a capricho de la burocracia estatal.

Otras condiciones serían las siguientes:

Pero hay que tener en cuenta que todos los esfuerzos para alcanzar un orden de competencia son en vano si no está asegurada una política monetaria independiente del Ejecutivo Nacional que asegure una estabilidad de precios. En una economía libre de mercado, el orden de libre competencia debe conceder al ser humano un máximo de libertad y poner límites tanto al poder del Estado como al poder de los monopolios de los particulares. En Venezuela en cambio, el Estado trata de ser el gran monopolizador en cada área productiva de la economía e imprime dinero inorgánico desde el Banco Central a capricho, sin tomar en cuenta que esa última medida dispara la inflación desde la lógica de las ciencias económicas más elementales.

El control de precios es la esclavitud que se le impone al productor, al mismo tiempo que crea en el consumidor la falsa sensación que le está ganando en cualquier transacción a quien oferta sus bienes. Es todo lo contrario: Los controles de precios nos roban a todos en el corto y largo plazo, primero arrebatando la libertad al productor y comerciante de que sea él el que establezca el precio de sus productos y luego hace víctima el consumidor de la inflación represada por el control de precios. Todos tratamos de robarnos mutuamente cuando en verdad, quien roba a todos es el Estado a través del perverso sistema de control de precios.