3 propuestas de ley para erigir una Venezuela libre, un país de propietarios

Los actuales momentos obligan a poner sobre la mesa todas las propuestas orientadas a la edificación de una sociedad de personas libres y responsables, capaces de generar riqueza y bienestar, para superar la pobreza y el subdesarrollo.

Hoy más que nunca, se hace evidente la necesidad de construir un país de propietarios, ya que las libertades políticas y civiles que sostienen la democracia, son imposibles sin ciudadanos que gocen de plenas libertades económicas, de derechos de propiedad y libre iniciativa. El socialismo del siglo XXI tenía esto muy claro, razón por la que enfiló todos sus esfuerzos a vulnerar a éstas últimas, para subyugar a los venezolanos.

Un país de propietarios hará posible la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos, por consiguiente, protegerá su libertad. En tal sentido, a través de tres propuestas de ley, se aspira a contribuir a generar las garantías jurídicas que promuevan y protejan las libertades económicas, los derechos de propiedad y la libre iniciativa en Venezuela.

Invitamos a la discusión y al debate de estas ideas.

El 2 de febrero del 2019, el chavismo y su proyecto político denominado socialismo del siglo XXI, cumplieron 20 años en el poder. A lo largo de estas dos décadas confeccionaron un marco legal e institucional a la medida de sus intereses, con el que progresivamente, fueron acabando con el estado de derecho, la separación de poderes y con cualquier obstáculo que entorpeciera su carrera hacia el sometimiento de Venezuela. Desde el Observatorio de derechos de propiedad de Cedice Libertad se ha sostenido de forma consistente, que la política sistemática de ataque en contra del derecho de propiedad de los venezolanos, ha sido el mecanismo empleado para la opresión de la población.

Detrás de las cifras de desnutrición, inseguridad alimentaria, escasez de medicinas, se encuentran los rostros de miedo y angustia de las madres y padres que se preguntan con qué alimentarán a sus hijos, los cuerpos de seres humanos famélicos, la triste estampa de quienes escarban en la basura para poder comer o de aquellos que se debaten entre la desesperación y la resignación porque se sospechan sentenciados por una enfermedad repentina o crónica. O de quienes se han visto forzados a huir del país, porque el quedarse significaría la muerte. Estas historias que despedazan el corazón de cualquiera, tienen su correlato, iniciaron con un proyecto político que se alimentó del resentimiento, que creció con una falsa promesa de quitar a quienes tenían -tierras, apartamentos, casas, empresas, negocios- para dar los desposeídos. Así, este proyecto cabalgó sobre destrucción y desposeyó a todo un país.

Se inició una guerra, no contra una amenaza extranjera, no. Una guerra desde el Estado contra sus ciudadanos.

La primera que se declaró fue contra el campo, se le llamó guerra contra el latifundio. De esta forma empezó la ruina. Los venezolanos escogían entre distintas marcas de arroz, azúcar, café, aceite o diferentes cortes de carnes, todos producidos enteramente en este país. El campo venezolano era tan fecundo, gracias al trabajo honesto de mujeres y hombres, que alimentaba al país y tenía la capacidad suficiente de exportar los frutos de algunos rubros a otras partes del mundo. El campo como tierra arrasada, es el doloroso saldo de esta guerra endógena. Lo poco que queda, está sobre los hombros de los indoblegables campesinos venezolanos, quienes cuentan con el conocimiento, la experiencia y el empuje necesario para volver a alimentar al país.

Mientras la guerra contra el campo ocurría, llegó el turno de las empresas. Los conflictos no resueltos entre los empresarios y la fuerza laboral y el resentimiento acumulado, fue capitalizado por la autodenominada revolución. Se echó mano de un viejo y vil recurso, la lucha de clases. Todos los medios gubernamentales orientaron sus esfuerzos a la destrucción de la empresa privada, así el ministerio del trabajo, la inspectoría del trabajo, los diferentes institutos (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales conocido como Inpsasel o el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, conocido por sus siglas Inces), alentaron a los sindicatos a sumarse a esa lucha. A la par de las estatizaciones, expropiaciones, expoliaciones, intervenciones, los sindicatos clamaban por la toma de las empresas. El balance, zonas industriales pujantes que en algún momento hablaron de futuro, hoy, son cementerios de empresas, trabajadores que una vez aclamaron la toma de sus sitios de trabajo por parte del Estado, actualmente manifiestan el más amargo arrepentimiento. Los puestos de trabajo, los bienes y servicios, el valor que agregaban a la sociedad, fueron asaltados, no sólo a los dueños de estas empresas, sino a todo el país. Como en el caso de los campesinos, un número importante de empresarios y comerciantes que han resistido estas dos décadas de ensañamiento, siguen allí, tratando de resistir, aferrados a la promesa cierta de ser actores fundamentales de la reconstrucción de un país.

En las ciudades otro tipo de guerra se gestó. Se le susurró al oído a quienes no tenían vivienda, a quienes por años vivieron alquilados y a aquellos que quedaron damnificados por las lluvias de 2006 y 2010. Se sacó ventaja de esta legítima aspiración y de las tropelías de unos pocos arrendadores, y se dio puerta franca a las tomas de propiedades. De esta forma, arrendatarios optaron por no pagar los cánones y permanecer en las viviendas en calidad de invasores, o quienes vivían en pensiones, decidieron apoderarse del cuarto que rentaban y echar a la calle a los propietarios. Quienes encontraron en la construcción de inmuebles y su respectivo alquiler, un medio de vida, vieron truncados sus planes. El 2011 fue un año nefasto para el mercado inmobiliario, se sancionaron leyes perversas como la Ley para la regularización y control de los arrendamientos y viviendas, la Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda y la Ley de emergencia en terrenos y viviendas. El chavismo entendió que la vivienda era un mecanismo ideal, tanto para la obtención de rédito político, como de control social, por lo que, en el 2011, lanzaron la Gran Misión Vivienda Venezuela, que supuso que se decretara la expropiación de un sin número de bienes para la construcción de estos urbanismos. La basta mayoría de los propietarios afectados por estos decretos, no han sido resarcidos. Todas estas acciones, liquidaron el mercado de alquiler y construcción de viviendas. Los propietarios perdieron sus propiedades, pero paradójicamente, ni los invasores, ni los beneficiarios de la misión vivienda, se convirtieron en propietarios.

Este apretadísimo recuento, deja ver las heridas, aún abiertas, infligidas a todo un país. Las lecciones se hacen evidentes, nada se puede edificar si lo que anima es el resentimiento, la sed de venganza, la lucha de clases. Por el contrario, es la vía perfecta para arrojar por el despeñadero a un país.

Justo ahora que se vislumbran tiempos que invitan a proponer, a pensar que el futuro no se nos ha arrebatado, que cada uno de los habitantes de esta tierra debe participar en la fundación de un nuevo país, desde el Observatorio de derechos de propiedad de Cedice Libertad queremos invitar a considerar tres propuestas de ley que responden a la imperiosa necesidad de cerrar las heridas y reparar los daños.

En un momento en el que todo está por hacer, es imprescindible que los cimientos sobre los que se erigirá la Venezuela de libertad y prosperidad para sus ciudadanos, sean sólidos. De modo tal que se presentan 3 proyectos de ley orientados en esa dirección:

1. Ley especial de restitución, y garantía de la propiedad privada
2. Ley de titularización de tierras agrarias y otros bienes
3. Ley de arrendamientos inmobiliarios

Seguidamente, de cada uno de estos proyectos, se exponen los aspectos más resaltantes contenidos en sus respectivas exposiciones de motivo:

Ley especial de restitución, y garantía de la propiedad privada

Tomando en cuenta las experiencias exitosas de países de Europa del Este y de Cen­troamérica, que transitaron en el siglo XX de regímenes autoritarios hacia sistemas democráticos, con economías abiertas y Estado de Derecho, resulta indispensable como medida de justicia hacia las víctimas, pero también como paso esencial para recuperar la confianza en la economía nacional y crear condiciones adecuadas para la reacti­vación de la inversión privada en el país, dictar una legislación especial, orientada por los principios de la justicia transicional (medidas extraordinarias para reparar graves violaciones e impedir que haya impunidad para los re­sponsables), dirigida, en:

1. Primer lugar, a restituir los derechos de propiedad privada violados por el Estado venezolano,
2. Segundo lugar, a establecer vías concretas para hacer efectiva esa restitución y al mismo tiempo impedir nuevas violaciones a los derechos de propiedad, y
3. Tercer lugar, ofrecer garantías jurídicas, mediante prohibiciones y de­rogatorias, de que no ocurrirán nuevas violaciones a los derechos de propiedad privada.

Se propone este proyecto de Ley Especial de Restitución y Garantía de la Propiedad Privada, a fin de adoptar una medida indispensable en la creación de las condiciones necesarias para la recuperación, en el más breve plazo, de la economía de los venezolanos, en especial de los más pobres, cuya prosperidad depende, entre otras co­sas, del acceso a la propiedad privada, de la garantía jurídica a este derecho fundamental, de la competencia, de la libre empresa, del respeto a los contratos y de la inversión nacional y extranjera en los más diversos sectores de la economía nacional.

Ley de titularización de tierras agrarias y otros bienes

Esta ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico que permitirá al Estado venezolano, transferir a particulares las tierras agrarias que se encuentran bajo régimen de dominio público a la fecha de su entrada en vigencia, y otorgarles títulos de propiedad, poniendo fin a más de medio siglo de improductividad, inseguridad jurídica y falta de desarrollo en el agro venezolano, derivado de ideologías políticas populistas, contrarias tanto a la economía, como a las necesidades de los venezolanos.

Se busca sentar las bases de una nueva política agraria que apunta a revertir el balance en los derechos de propiedad sobre las tierras agrarias en Venezuela, en el que la mayor cantidad posible de tierras agrarias, sean aprovechadas con todas las garantías jurídicas bajo régimen de propiedad privada.

La función empresarial no corresponde al Estado, sino a los particulares, y en el caso de la producción agraria, específicamente a los emprendedores o inversionistas, nacionales o extranjeros, que poseen los talentos, capacidades, incentivos, conocimientos y recursos para lograr, con eficiencia, respeto al marco jurídico y sustentabilidad ambiental, el mejor aprovechamiento de las tierras agrarias, y así generar producción suficiente de alimentos y servicios en este sector económico, que satisfaga la demanda interna, y también para lograr que Venezuela compita en mercados internacionales con los productos agroindustriales que se generan dentro de su territorio.

Ningún funcionario o gobernante puede a través de decretos, reglamentos o de leyes contrarias a la acción humana, la función empresarial, el sistema de libre formación de precios y las preferencias de las personas, lograr lo que éstas sí pueden, cuando se brindan garantías a la propiedad privada para que ésta dé sus frutos, en beneficio tanto de sus titulares, como del resto de la sociedad; de allí que, salvo las prudentes restricciones derivadas de la seguridad nacional, no importa si los futuros propietarios serán nacionales o extranjeros, siendo lo más importante su capacidad para, en libre competencia, desarrollar la mayor productividad en beneficio de los venezolanos.

Ley de arrendamientos inmobiliarios

El Estado tiene como obligación promover y fomentar las acciones privadas que hagan posible y contribuyan a la satisfacción y disfrute de necesidades básicas como la vivienda. En lugar de eso ha promovido una legislación y regulaciones arrendaticias que han funcionado bajo un esquema policial, sancionatorio, intervencionista, generador de corrupción. Originando injusticias, demoras y desincentivos a la inversión, así como una costosa burocracia innecesaria. Es así que el mercado de los arrendamientos de viviendas y locales comerciales, prácticamente desapareció y fue sustituido por infames mercados negros

Los siete aspectos más resaltantes del Proyecto de Ley de Arrendamientos inmobiliarios son:

1. Garantiza la propiedad privada de toda persona sobre inmuebles en alquiler para uso como vivienda o para otros usos que también quedan sujetos a ella.
2. Garantiza la plena autonomía contractual de las partes, y excluye toda forma de intervencionismo administrativo del Estado en la determinación de la relación arrendaticia.
3. Garantiza medios alternativos y procedimientos judiciales céleres y eficaces para resolver las controversias arrendaticias.
4. Garantiza el equilibrio entre las partes del contrato en el desalojo del inmueble.
5. Eliminará toda forma de intervención administrativa en materia de alquiler de inmuebles para vivienda. La intervención política vía Administración Pública del Gobierno en esta materia ha sido un absoluto fracaso.
6. Esta Ley propone derogar sin excepción toda la legislación y las regulaciones dictadas por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (SUNAVI) vigentes en la materia
7. Esta Ley remite a la ley especial en la cual se deberá reconocer y reparar en nombre del Estado venezolano las graves violaciones a la propiedad privada que se han cometido con base en la legislación derogada, en el caso de esta materia a partir del año 2011, para que las víctimas obtengan resarcimiento pleno y no queden impunes los autores de esas violaciones a un derecho humano fundamental.

Debe evitarse toda apelación a la lucha de clases, estigmatización de los propietarios y victimización de los inquilinos carentes de vivienda propia en esta materia. Nadie es culpable de que haya personas que no tengan derechos de propiedad privada sobre bienes para uso como viviendas. Y de existir un culpable, sería el propio Estado, no precisamente por no entregar sin costo inmuebles para ese uso a todas las personas que carecen de uno, sino por adoptar políticas públicas, normas y criterios judiciales que no promueven ni incentivan el desarrollo de un país de propietarios, que incluya la construcción sostenible, permanente y segura en todo el territorio nacional de bienes con ese fin, y, por el contrario, adoptar medidas que más bien impiden que ese país sea una realidad.