Boletín 63

15 Abril 2021 | ¿Cuál liberalización? Un trimestre lleno de controles

Mucho se ha hablado de una liberalización como parte de las medidas tomadas por el poder en los últimos meses. Sin embargo, el seguimiento diario que hace el Observatorio de Derechos de propiedad de Cedice Libertad habla de una realidad diametralmente opuesta a esa referida liberalización. Los controles, como mecanismo de afectación al derecho de propiedad, no han cesado, se mantienen y son usados a conveniencia y discrecionalidad del poder, que ha abierto ciertos compases de flexibilización que responden a sus propias necesidades. En tal sentido, no  se puede hablar de liberalización de mercado, porque los reglamentos de esos controles siguen presentes. Estas aseveraciones están fundamentadas en los resultados del monitoreo del primer trimestre del 2021 que se presentan seguidamente.

Durante el primer trimestre de 2021, se registraron un total de 616 afectaciones al derecho de propiedad a nivel nacional. Desagregadas de la siguiente manera: el 83% corresponde a fiscalizaciones y ajustes de precios, el 8% corresponde a regulaciones confiscatorias emanadas del Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Comercio Nacional, el 5% corresponde a invasión e intento de invasión, y el 2% corresponde a ocupación temporal. (Tabla N° 1)

Por otro lado, al evaluar la distribución por sector económico se aprecia que el sector que presenta mayor número de afectaciones es el comercio con 72%, seguido del farmacéutico con 12%, el industrial e inmobiliario con 3% y el agropecuario con 2% de las afectaciones totales. (Tabla N° 2)

Tabla N° 1. Distribución porcentual de las afectaciones al derecho de propiedad, según la vía de hecho

Tabla N° 2. Distribución porcentual de las afectaciones al derecho de propiedad por sector económico

En cuanto a la distribución territorial de las afectaciones, se visualiza una concentración de las acciones en Dto. Capital con 10%, seguido de Barinas y Trujillo con 6% y finalmente Anzoátegui, Carabobo y Zulia con 5%.

Si bien, el 9% de las afectaciones se encuentran bajo la categoría de “Nacional”, estas fueron regulaciones implementadas por el gobierno, específicamente desde el Ministerio de Comercio Nacional, con incidencia en todo el territorio nacional. (Tabla N° 3)

Tabla N° 3. Distribución porcentual de las afectaciones al derecho de propiedad por Estado

Seguidamente, de las afectaciones totales se pudieron identificar el 54% de los sujetos, destacando el Edo. Dto. Capital con 16%, Edo. Zulia y Bolívar con 6% y los Edo. Falcón, Barinas y Carabobo con 5% (Tabla N° 4); Y, en relación con los sectores económicos, se presentó la siguiente clasificación: comercio con 61%, farmacéutico con 13% y, para finalizar inmobiliario e industrial con 4%. (Tabla N° 5)

Tabla N° 4. Distribución porcentual de los sujetos identificados por Estado.

Tabla N° 5. Distribución porcentual de los sujetos identificados por sector económico.

Otro rasgo que observamos tiene que ver con las publicaciones que realiza la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) en sus redes sociales, estas se han caracterizado por el detalle que indican sobre las acciones que realizan en materia de fiscalizaciones, por lo cual, una variación en ella ha de ser relevante en nuestro registro.

A lo largo del primer trimestre se observó que si bien, en el mes de enero no hubo variaciones en el estilo y detalle, para el mes de febrero éstas disminuyeron de forma significativa, sin embargo, a pesar que en el mes de marzo se retomó el detalle, estas fueron publicadas por el Ministerio de Comercio Nacional.

Es importante resaltar que desde el Ministerio de Comercio Nacional se están impulsando 6 proyectos de leyes, a través de la Asamblea Nacional donde se destacan:

• Revisión de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) (durante el mes de marzo, se han realizado reuniones referentes a este tema y vigilancia al mecanismo implementado “Plan 101”),
• Ley de Protección a la Producción y el Mercado Nacional,
• Ley de Comercio Electrónico y
• Ley de Propiedad Intelectual (destacando que en el mes de marzo se reinauguró el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, por sus siglas SAPI)

En enero se dio inicio al “Plan 101”. Este proyecto tiene el objetivo de: “verificar los precios acordados de los 27 productos en establecimiento comerciales de 101 municipios escogidos aleatoriamente”, plan piloto que tiene el fin de realizar nuevos ajustes a la Ley de Precios Justos. Resalta que del número total de sujetos identificados es el 31% han sido fiscalizados bajo este concepto.

En febrero se supervisaron 5 Terminales de transporte terrestre: La Bandera y Oriente en la zona capital, La Guaira y Catia la Mar en el Edo. La Guaira y Big Low de Valencia, en el Edo. Carabobo, bajo el marco del “Plan Carnavales Seguros 2021”.

En marzo, el Ministerio de Comercio se reunió con las siguientes empresas, con el objetivo de: “establecer el cumplimiento de la L.O.P.J” y “afinar estrategias que impidan la distorsión/especulación en el mercado” a continuación, podemos ver clasificadas por sector económico dichas empresas:

En las fincas Agropecuaria Boralito, propiedad del Sr. José Ramón España, y Finca La 75, propiedad de la Sra. Nancy España, ubicadas en el Edo. Barinas, con una extensión total de 310 hectáreas productivas, tras años de asedio y amenazas, conatos de invasión y procesos administrativos, en marzo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) aplicó, lo que ellos llaman, una medida de rescate, a pesar de que los propietarios tienen cadena titulativa cercana a 200 años y una medida de protección agroalimentaria. En razón de esto sus propietarios exigen a las autoridades que estas medidas queden sin efecto, sin embargo, no han obtenido respuesta.

En el estado Portuguesa, en el municipio Araure, en las fincas El Terronal, El Beremal, La Coca y La Soledad de Armo, distribuidas en 580 has. propiedad del Sr. Antonio Saladino, se denunció el intento de invasión por parte de un grupo de personas que alegaron ser adjudicados por el INTI puesto que las tierras estaban improductivas. Frente a esto el propietario sostuvo que tiene más de 60 años trabajando las tierras que en el algún tiempo “produjeron alrededor de 5 millones de kg de arroz al año, en dos cosechas”, aseguró que no ha sido notificado por el INTI de ninguna medida en su contra.

El pasado mes de febrero en el esto Miranda, 11 familias fueron desalojadas de forma arbitraria por funcionarios del Instituto de Vivienda del Estado Miranda (INVIAMI) junto al CICPC y la GNB, destruyendo y sustituyendo las cerraduras de sus hogares. Estos hechos tuvieron lugar a pesar de que las familias pagaron por sus viviendas al Instituto y en ningún momento recibieron título de propiedad.

Tuvo lugar el cierre de 5 comercios por el incumplimiento de las reglas sanitarias y de la semana de flexibilidad laboral: Concesionario Chery Resertec Caracas, C.A. en el Dto. Capital, y 4 comercios del Edo. Aragua.

En la ciudad de Barcelona el Supermercado Hyper Líder, C.A. fue cerrado por un periodo de 72 horas, según la Sundde por no ajustar sus precios y reincidir en infracciones.

Asimismo, hubo ajuste de precios por parte de la SUNDDE, en el Supermercado SUCASA del Edo. Trujillo y en 2 Bodegones: El Llanero y La Pollera del Edo. Lara.

En vista de la dolarización informal presente en la economía venezolana, uno de los problemas de los consumidores es poder pagar de forma “exacta” la transacción económica. Con un cono monetario nacional deficitario, en asincronía por la volatilidad de la inflación, y sin dólares de baja denominación, se dificulta la continuidad de las operaciones comerciales.

Es por ello, que algunos comercios decidieron ofrecer a sus clientes la opción de vales o billeteras digitales, como respuesta a la dificultan de dar cambio. Sin embargo, alegando que se “condiciona al consumidor” la SUNDDE dictó medida de prohibición de este método a El Restaurante Gourmet Market, Tiendas BECO y Excelsior Gama en la ciudad capital, y medida sancionatoria a todo aquel comercio que aplique este método en un futuro.

Una vez instalada la Asamblea Nacional para el período 2021-2026, el pasado mes de enero, inició una serie de comisiones de discusiones con el fin de promulgar o, en algunos casos, reformar 34 leyes.

Enfocados en los temas de interés al Observatorio, se mencionan:

1. Ley de Zona Económica Especial y Distritos Motores de Desarrollo, “es una nueva ley de la cual va a disponer el país para la promoción de la inversión privada y con la inversión privada la generación de ingresos y con esto la creación de riquezas y de condiciones para el bienestar del pueblo” indicó Jesús Faría (link)

Objetivos que desea alcanzar: (link)

1. Generar confianza en el capital nacional y las inversiones extranjera directa,
2. Promover el comercio exterior,
3. Fortalecer el bienestar de los venezolanos,
4. Generar un fortalecimiento del PIB por producción de mercadería,

Leyes conexas:

1. Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y garantía de los derechos humanos,
2. Ley de Regionalización para el desarrollo socio-productivo de la Patria,
3. Ley Constitucional de inversiones extranjeras y
4. Zona de regulación:
   1. Zonas económicas exclusivas,
   2. Zonas económicas especiales,
   3. Puertos libres,
   4. Zonas libres,
   5. Regímenes especiales y tributarios.
   6. Ley de Nuevos Emprendimientos,
   7. Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil,
   8. Ley Orgánica de las Ciudades Comunales,
   9. Ley Orgánica del Parlamento Comunal,
   10. Ley Orgánica para la Planificación Territorial,
   11. Ley para el Uso y Disfrute del Tiempo Libre y la Recreación bajo situaciones Sobrevenidas,
   12. Ley de Protección de la Familia.

22 de enero se publicó: “el baremo para la contabilidad, evaluación y análisis de costos de los cuidados médicos de salud de los pacientes con Covid-19.”

Ocupación Temporal de los entes mencionados, a continuación:

Se registraron un total de 32 invasiones al cierre del primer trimestre de 2021.

El sector con mayor número de invasiones o intentos, fue el inmobiliario con 38%, seguido del agropecuario y comercio con 28% cada uno.

Enero fue el mes de mayor incidencia con 38%, seguido de febrero y marzo con 34% y 28%, respectivamente.

El 41% de los casos no se obtuvo respuesta por parte de las autoridades, solo en el 28% se logró el desalojo por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin embargo, se debe resaltar que en 22% de los casos el desalojo fue promovido gracias a la presión de la comunidad vecinal.

En el 92% de los casos que se mantienen invadidos, es por falta de respuesta de las autoridades.

Si bien, en el 45% de los casos clasificados como intento de invasión, se logró el desalojo por parte del PNB o GNB, en el 30% se logró el desalojo por presión de la comunidad vecinal.

En cuanto a la distribución territorial, el Dto. Capital fue el Estado con mayor incidencia con 53%, seguido del Edo. Barinas y Zulia con 16% y el Edo. Bolívar con 9%.