Boletín 65

La «Ley Antibloqueo», seis meses después

En octubre del año pasado (2020), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobó una ley que le otorga poderes extraordinarios al presidente Nicolás Maduro y le permite firmar nuevos acuerdos petroleros con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras. Bautizada como la «Ley Antibloqueo», su objetivo es eludir las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro a raíz de las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas del año 2017.

Esta nueva ley anula vías legales para administrar las propiedades del Estado venezolano, un margen de maniobra para administrar activos gubernamentales y exime de la obligación de rendir cuentas ante la sociedad venezolana. Por ejemplo, el artículo 19 del texto, el Ejecutivo «procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sub-legal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente» de ser necesario para «superar los obstáculos» o «compensar los daños de las sanciones”. Además, la ley le otorga el carácter de «reservado, confidencial o de divulgación limitada» a cualquier «expediente, documento, información, hecho o circunstancia» que se considere pertinente, prohibiendo así el acceso a toda «documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada».

En añadidura, dicha legislación permite al ejecutivo realizar cambios en la propiedad de las empresas conjuntas entre la estatal petrolera PDVSA y empresas privadas, sin especificar el porcentaje de participación que tendría PDVSA en dichas empresas. Este paso del poder deja en claro que su prioridad es obtener recursos para las exiguas arcas fiscales. En la práctica más que colectivizar los medios de producción privados como la ideología marxista proclamaba, quienes detentan el poder han privatizado el espacio y los servicios públicos de Venezuela. ¿No recibe agua? Compre una cisterna o construya un pozo ¿No tiene electricidad? Compre un generador y obtenga de manera informal combustible para hacerlo funcionar ¿No patrulla la policía por su zona? Contrate un servicio de seguridad ¿Quiere una vacuna para el Covid 19? Acuda al mercado negro.

A seis meses, se ven algunos resultados de esta legislación que se ejecuta a la sombra de todos los venezolanos. Una de ellas es en la empresa Agropatria, la entidad estatal que tomó control de los activos de la histórica Agroisleña, una entidad suplidora de insumos y financiamiento muy importante para el sector agropecuario, durante más de seis décadas. Sin aviso previo, los trabajadores de las tiendas Agropatria recibieron un oficio donde se les notifica que su patrono ya no será el estado venezolano, sino una empresa denominada Grupo Agrollano 2910 C.A, a partir del pasado 1 de noviembre de 2020. Ya en esta situación comenzaron los problemas asociados a estas transferencias que se pueden definir como privatizaciones, hechas al amparo del secreto que autoriza la Ley Antibloqueo. Las primeras víctimas son los trabajadores, cuyas condiciones laborales no están claras. En el caso de Agropatria se habla de una Alianza Estratégica del gobierno con una empresa de capital iraní sobre la que no se aportan detalles de ningún tipo. Tampoco se sabe en qué condiciones de distribución de capital queda la empresa. Oscuridad total luego de todo un carnaval de celebraciones públicas cuando Agroisleña fue estatizada para convertirla en Agropatria.

Otro caso fue el del Central «Pío Tamayo», en el estado Lara, la nueva empresa que asumió la operación de la procesadora anunció a más de 500 trabajadores que habría contrato para el personal heredado por un lapso de 3 meses, luego de que el gobierno no los liquidara de acuerdo con los términos de la ley. Pero quizás el caso más emblemático ha sido Lácteos Los Andes, donde hace unas semanas, se denunciaron actos de corrupción de su directiva, lo que llevó al arresto de su gerente general y al suicido de uno de sus gerentes regionales. Lo que no se ha comunicado formalmente es que la planta de Lácteos Los Andes, ubicada en Cabudare, estado Lara, habría sido entregada a un grupo empresarial iraní, en el marco de la Ley Antibloqueo.

Después de veinte años de llevar a cabo una política sistemática en contra del derecho de propiedad de los venezolanos, que entre otras cosas ha destruido el aparato productivo nacional, ahora, en medio de la opacidad, ocurren movimientos “privatizadores”. Es necesario recordar que la Ley de Privatizaciones vigente en Venezuela, establece que los objetivos de la política de privatización deben ser: