Boletín 70

Latifundios y campesinos como excusa

Cada grupo social construye su pasado de acuerdo a lo que quiere o puede ser en el futuro. En el caso venezolano puede verse cuan diferentes son las narraciones del pasado en cada en dichos grupos que forman la población venezolana. Para este boletín, se hará referencia a un grupo esencial para la sobrevivencia de Venezuela: el agricultor.

El sector agrario venezolano ha sido uno de los más castigados dentro de nuestras fronteras durante casi toda su historia republicana. Fue el foco de saqueo y destrucción en las diferentes guerras civiles que vivió Venezuela desde 1859 hasta la consolidación del Estado venezolano durante el gomecismo. Ha sido un sector, hasta bien entrado el siglo XX, caracterizado por el atraso tecnológico y la falta de apoyo institucional para su financiamiento, lo que se ha traducido en una baja productividad comparada con la de sus pares latinoamericanos. Y en los últimos 20 años, ha sufrido una política de acoso y coacción por parte del Estado venezolano.

Uno de los elementos más significativo de esta política estatal contra el agro fue y sigue siendo la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA), promulgada a través de la Ley Habilitante en noviembre del 2001. Dicha legislación aseguraba tener como objetivo el poner fin a la concentración de la propiedad de tierras cultivables, aunque en la realidad se tradujo en el debilitamiento de la institución de la propiedad privada en el agro nacional, ya que establecía que las tierras productivas cumplían una función social de seguridad agro-productiva, arrebatando al productor y al propietario la libertad para determinar qué hacer con su propiedad y subordinando su actividad a los designios del Estado; la LDTDA establece que el otorgamiento de la tierra será a través de la adjudicación mediante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), y que el adjudicatario no puede realizar ningún tipo de transacción que implica disponer de lo adjudicado (enajenarlo, venderlo, etc.); la ley define como latifundio toda tierra que no alcance el rendimiento idóneo del 80% (casi imposible de lograr a nivel técnico), so pena de amenaza de expropiación por parte del Estado; además se eliminó la tercerización como equivalente a explotación indirecta de la tierra, catalogándolo como una forma de producción contraria al interés social.

La LDTDA y otras legislaciones estatales anti-agro de los últimos 20 años, aunado a la falta de seguridad en el campo, que se tradujo en invasiones a tierras productivas, desembocó en una crisis de productividad en el mundo rural donde está a la vista la caída de las cosechas y los productos agrícolas nacionales en los mercados venezolanos. El deterioro de la infraestructura agraria, la falta de financiamiento público y privado al sector, la crisis del combustible y las estatizaciones a empresas agroindustriales claves, han terminado de hacer aún más caótico el universo del agricultor venezolano, convirtiendo en casi un milagro el poder continuar con su actividad económica. El agricultor venezolano se ha comportado en las últimas décadas como el habitante de una fortaleza sitiada, al que un ejército invasor trate de obligarlo a capitular bajo la amenaza del hambre o un asalto directo.

Es bueno recordar todo esto, porque en ciertos sectores del agro venezolano se trata de vender que la política de colectivizar y estatizar la tierra por parte del Estado venezolano desde 2001 no ha sido la culpable de nuestra crisis agrícola. A través de modernos sofismas discursivos, nos venden que este proyecto colectivista no era malo en sí, sino que fracasó debido a la corrupción de la burocracia gubernamental, falta de voluntad de los funcionarios públicos de aplicarla, ocultando el papel de las expoliaciones agrícolas entorno a la caída de nuestra capacidad productiva agraria. En fin, como se dijo al inicio, sectores que para sobrevivir a futuro, tratan de reinterpretar el pasado de forma errónea (tal vez de forma sincera o bajo oscuros intereses). El pasado, luego, no es todo lo que ha pasado sino lo que recordamos del pasado o los que nos quieren imponer que fue el pasado, en este caso, en la política estatal ante el agro venezolano. Pero como decía Hannah Arendt, hay verdades de hechos (lo que sucede) y verdades de opinión (lo que pensamos), y las verdades de hechos es que la socialización del campo venezolano estaba destinada a fracasar desde el principio.

Según las ideologías colectivistas, que siempre apelan a los mayores imperativos morales para justificarse, es que no hay un vínculo claro entre el esfuerzo y la recompensa, lo que hará que la estructura de incentivos para la producción se vea dañada. En consecuencia, el rendimiento total en cualquier sector de la economía disminuirá y aquellos que agreguen valor extra al grupo serán tratados injustamente y, por lo tanto, no tendrán motivación alguna para ser más trabajadores e innovadores. Esto se hace más evidente cuando el trabajador es propietario de la unidad de producción que trabaja, pero el Estado que debería garantizar ese derecho le dice que el mismo está subordinado a lo que el gobierno de turno defina como “social”, estando en peligro de que se le quite el medio de su subsistencia por capricho de la burocracia gubernamental. No existe medio más seguro para destruir lo bueno de un ser humano que obligarle a laborar en una actividad en la que no se siente deseo alguno de mejorar la forma de hacerlo, sino que, por el contrario, día tras día se esfuerza en cumplir peor sus obligaciones porque el derecho sobre su medio de producción está entredicho. En este sistema se teme ser sospechoso de ser hábil o esforzado, porque esas cualidades en vez de implicar una recompensa (monetaria, de prestigio o de otro tipo) se castigan asignando más trabajo dentro de una forma de producción ineficiente. Y en la colectivización del campo, nadie se arriesgará a hacer mayores y mejores inversiones si la espada de Damocles del Estado en cualquier momento te quita todo porque es de “interés social”.

La nueva reinterpretación de la historia de Venezuela busca trata de no vincular el holocausto del campo venezolano con las estatizaciones y confiscaciones perpetradas por el Estado venezolano desde hace 20 años. Porque como decía Thomas Sowell, no hay un sistema económico más malvado y estúpido que aquel en donde quienes toman las decisiones no pagan ningún precio por equivocarse. Quienes tratan de decir lo contrario, son aquellos que narran el pasado venezolano condicionándolo a su visión del futuro: Seguir perpetuando un sistema colectivista de producción que ha fracasado en todo el mundo. Por esa misma razón se protegen de esas partes del pasado que políticamente no les conviene recordar. El resto, es mito dirigido a mentes desesperadas.