Boletín 73

La exoneración de aranceles

El viernes 6 de agosto del 2021, se conoció que la presidencia de la República aprobó un decreto para la eliminación de la exoneración de aranceles a 597 códigos relacionados con productos terminados que puedan afectar la producción nacional. La vicepresidenta indicó que 59 códigos bajo la modalidad de contingente arancelario estarán sujetos a protección, a través de la exoneración del pago de impuestos, en aquellos casos donde la producción nacional no logre abarcar todo el mercado interno “y se necesite de la importación de una cantidad específica”. La vicepresidenta señaló que estas medidas forman parte de políticas del gobierno venezolano para impulsar el desarrollo y la industria nacional, con el propósito además de fomentar el empleo y el ahorro de divisas. La vicepresidenta reiteró que el objetivo no es eliminar las importaciones, sino impulsar políticas tributarias que favorezcan la producción nacional.

Este ya conocido discurso no es otra cosa que la política practicada por los gobiernos de Venezuela desde los años 40 (con especial énfasis con la asunción de la democracia), de la famosa industrialización por sustitución de importación (ISI). Fue una política muy popular no sólo en Venezuela sino en toda América Latina y otros países en desarrollo, que surgió de la falta de productos provenientes de las naciones europeas industrializadas durante las guerras mundiales, e incluso durante la Gran Depresión, fue un estímulo para esta política, que también se puede resumir como el dejar de importar productos extranjeros y comenzar a consumir los producidos en el país de origen.

En términos de modelo, la ISI es una estrategia que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados, imponiendo métodos de política económica tales como los incentivos fiscales y crediticios. De esta manera se pretende expandir el aparato industrial local con la consecuente disminución del desempleo y el aumento del consumo interno, planteándose una clara estrategia de crecimiento económico. Según la teoría, en una economía sustitutiva se ha generado la demanda de productos manufacturados, y se pueden financiar empresas manufactureras -a partir del excedente generado por el sector primario- a través del ahorro y la exportación, es posible acelerar su desarrollo por medio de la protección con la instrumentación de aranceles y cuotas. Esto es lo que da origen al modelo de ISI.

En América Latina la ISI contribuyó a diversificar la capacidad industrial de la región y a atender con producción interna sus necesidades de bienes de consumo y una parte de los bienes intermedios y de capital. Estuvo acompañada de un proceso de inversión y de transformación productiva y tecnológica. Pero, por otra parte, la ISI eliminó los mecanismos de regulación del mercado, generó un aumento general de los precios de los bienes manufacturados y muy importante, estableció monopolios y oligopolios tanto estatales como privados que restaron fuerza a la capacidad competitiva de la industria nacional. Esta política trató de eliminarse del país, primero con el Gran Viraje del segundo gobierno CAP y luego con la Agenda Venezuela del segundo gobierno de Rafael Caldera, para que los productos industriales venezolanos pudieran competir con los extranjeros en buena lid y el consumidor saliera beneficiado.

Ahora, hablar de ISI en pleno Siglo XXI en Venezuela implica nuevas realidades que no enfrentaba Venezuela en el siglo XX. Lo que queda del sector manufacturero de Venezuela ha sobrevivido a expropiaciones gubernamentales, frecuentes apagones, colapso monetario y escasez de equipos. Pero ahora hay otra amenaza: La competencia de versiones importadas de los propios productos de las empresas. Las importaciones, que están exentas de derechos de aduana e impuestos al valor agregado, pueden ser hasta un 40% más baratas que la versión producida localmente, incluso después de incluir los costos de envío. Las fábricas locales simplemente no pueden competir dadas las extremas ineficiencias de hacer negocios en Venezuela. La situación es parte de la economía revolucionaria, ya que se está fomentando el uso del dólar estadounidense sin oficializar la dolarización de la economía y se flexibiliza a conveniencia, sin desmontar el andamiaje lega que los sostienen, los controles de precios. Todo con la intensión de reactivar una economía devastada por la hiperinflación, las sanciones y años de mala gestión.

Permitir las importaciones libres de derechos para unos 2.500 artículos tenía por objeto ayudar a aliviar la escasez. Y si bien hay indicios de que la administración de Maduro está comenzando a reconocer los problemas de las fábricas nacionales, también hay una industria artesanal en auge para las empresas familiares que compran a intermediarios extranjeros y luego revenden los productos a los minoristas. La medida gubernamental preocupa a un sector industrial que se ha reducido casi a la mitad en los últimos años debido a que la escasez de materias primas, la falta de piezas para equipos pesados, una moneda que se derrumba y una destrucción económica que redujo drásticamente el poder adquisitivo de los consumidores minó sus ganancias y por ende su capacidad de invertir en mayor productividad.

El pensamiento liberal aboga por la defensa del libre mercado. Frente a esto se tiene que los productos venezolanos se ven en aprietos cuando compiten contra bienes producidos a economía de escala, adquiridos a descuento, en algunos casos, por estar a punto de vencer, e importados sin aranceles. En lugar de abogar por la aplicación de aranceles, es necesario demandar que Venezuela reconstruya su institucionalidad económica, se restauren los servicios públicos y se detenga la galopante hiperinflación que sufre nuestra nación. Solo así, el paradigma liberal de la competencia entre bienes importados vs bienes nacionales tendrá sentido y será el consumidor el más beneficiado de esta competencia.