Boletín 76

Hato Las Mercedes: la receta de la destrucción

Desde ocupaciones temporales hasta expolios, han sido las acciones ejercidas desde el poder con la finalidad de tomar las propiedades, utilizar la capacidad instalada de las unidades productivas. A pesar de que las formas de afectación al derecho de propiedad han mutado en el tiempo, una de ellas se ha mantenido constante, estas son las conocidas invasiones, en sus diversas formas: conatos e intentos de invasión.

Ubicado en el estado Barinas, con una extensión territorial cercana a las 15 mil hectáreas y con más de 20 años de trayectoria en el sector agropecuario, dedicándose a la producción de alimentos a través de la explotación de bovinos de cría, la producción de leche y siembra de arroz, la empresa Inversiones Raisza, C.A, ha sido víctima de invasiones a su propiedad: Hato Las Mercedes.

Comprada en subasta pública al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) en los años noventa, con títulos de propiedad desde 1996 y una tradición, al ser haberes militares, desde 1805, la finca a pesar de haber cumplido con los requerimientos ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en marzo de 2007, reconociendo su procedencia privada.

Ocho años más tarde en sesión N.º 241-15 en punto de cuenta N.º 9, el INTI declaró el fundo de tierras ociosas y ordenó la apertura de un procedimiento de rescate de tierras. Así iniciaron una serie de invasiones en el año 2016, lo que llevó a la empresa a solicitar ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria, una medida de protección agroalimentaria. Dicha medida fue fue otorgada junto a una medida de protección florestal ambiental con una vigencia de 100 años.

Al constrastar las antes mecionadas medidas judiciales versus la realidad, un vocero de la junta directiva de la empresa Inversiones Raisza nos indica: “En los tribunales hemos obtenido las medidas y después cuando van con las órdenes, (…) porque el Tribunal ordena a la Guardia ejecutar la medida y mantenerla, pues, no hacen nada. No se lleva a cabo la ejecución de la medida”, es así como el desacato policial, parte de la fragmentación del estado de derecho, desencadenó acciones de violencia, abigeato y destrucción de la producción agropecuaria:

• Se contabiliza el abigeato de 7.000 reses, destinadas para el consumo y comercialización, lo que representaba la producción de carne para el Estado Barinas de 1 mes,

• Solo quedan el 40% de los empleos directos e indirectos, a consecuencia de los violentos enfrentamientos contra los invasores y el desalojo a la fuerza de las viviendas destinadas a los colaboradores,

• Desaparición de la producción agropecuaria y agrícola del predio, al solo tener el control del 8% de la extensión territorial de la propiedad para poder desarrollar las labores agropecuarias.

En un año se lograban producir 1 millón de kilos de carne, que beneficiaban a 230 mil personas al mes, y 180 mil litros de leche (de búfala y vaca), que beneficiaban a 900 personas al mes. Esta producción fue mermando violentamente desde 2015 hasta ser, en la actualidad, prácticamente nada.

Pero la situación trasciende al ámbito ambiental, ya que “… la indefensión de nosotros como particulares, y ahora ya no como particulares, sino del Estado mismo, porque (…) tiene que proteger el ambiente y no lo está haciendo”, según las palabras del vocero de la junta directiva de la agropecuaria, cuyo daño ambiental se ha traducido en:

• La quema, tala y deforestación de 5.200 hectáreas, de 17 especies forestales diferentes, para la construcción de estructuras improvisadas de vivienda y comercialización de la madera, y
• La explotación de la fauna silvestre, a través de su comercialización, poniendo en peligro las 24 tipos de especies animal que hacen vida en el hato. Ejemplo de ello es la comercialización del cuero de los tigres.

El vocero del hato asegura que “… sabemos cómo es el procedimiento en el llano venezolano que, lo que quieren es acabar con lo que hay, inclusive el ganado… que es lo que se han mantenido durante todo este tiempo y la comercialización de la madera que había en esa reserva forestal, y ahora lo que están vendiendo es parcela porque ya no hay nada que explotar.”

El ciclo de invasiones que se vive en el país se puede resumir como: “…tú sacas lo que puedes sacar provecho, haces la plata (y) cuando ya se les acaba a qué sacarle, comienzan a parcializarla”, desnaturalizando de esta manera el uso y provecho de las tierras, destinándolas para la comercialización (vivienda o recreación) y no a la producción agrícola.

A pesar que en la última decisión por parte del Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Barinas de junio del presente año, a la cual pudimos tener acceso, se ordenó desde el segundo al quinto inciso:

El mes de agosto del 2021, un grupo de ocupantes ilegales ingresó al predio, cometieron actos como el abigeato y la matanza de bovinos para el consumo, cerraron portones, así como la entrada a los potreros con motocicletas y amenazrona con armas a los trabajadores del predio. Todo esto impidió el desarrollo de las actividades pecuarias en pleno período de natalidad, con más de 800 vacas preñadas, poniendo en peligro la vida de estos animales.

En el mes de septiembre, los invasores desalojaron a los trabajadores de la última fundación que no había sido despojada, arrearon a más de 1.300 reses y los condujeron a un espacio de 30 hectáreas, condenándolos a morir de hambre. En tres oportunidades la junta directiva del Hato Las Mercedes ha solicitado la inspección del predio por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado Barinas sin tener respuesta, lo mismos que en el caso de las 19 denuncias formuladas durante el año 2021 en diferentes organismos: silencio y omisión.

De seguir esta situación de incumplimiento de los decretos, la impunidad con la que se comenten toda clase de tropelías, ante la mirada complaciente de los organismos del poder, se pone en riesgo la flora, fauna y el medio ambiente del estado. No solamente se lesiona a la empresa, sino a la sociedad en su conjunto, por la pérdida de puestos de trabajo. Adicionalmente se sigue vulnerando la seguridad agroalimentaria al impedir la producción de carne, leche y arroz que año a año venían generando.

El caso del Hato Las Mercedes es el reflejo de lo que se sembró durante años. Con anuencia del poder se desmateló la capacidad productiva del país, entre otras cosas, empoderando a los invasores. Si no se le da respuesta acorde a estas violaciones al derecho de propiedad, se seguirá alimentando la ilusión de recuperación económica, mientras se torpedea la confianza para invertir, se eliminarán más puestos de trabajo y se vulnerará aún más la ya comprometida seguridad alimentaria de los venezolanos.

Eliezer Figuera, Investigador ODP.