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Boletín 77

Fundo Buena Esperanza: el asedio

Los Datos.

La finca “Buena esperanza”, de una extensión de 993 hectáreas, solía ser un fundo de doble propósito, es decir, para la producción de carne y leche, principalmente, aunque también tenía sembrada 10 Ha. con plátano, hasta 50 Ha. de yuca, y maíz tanto para venta al público, como parte del alimento de los animales. Se encuentra ubicada en el estado Zulia, en el sector Chimomo, vía a San Francisco del Pino, de la parroquia Monseñor Álvarez en el municipio Sucre.

En el 2016 la finca estaba produciendo 3000 litros de leche al año y venía de producir 6000 litros, pero las circunstancias económicas de país incidieron en la merma. Por otra parte, poseían entre 2500 y 2600 cabezas de ganado, y al matadero iban aproximadamente 200 novillos al año, más las vacas de descarte. Se les daba empleo a 30 personas de 25 familias diferentes. Además, era habitual que estudiantes de LUZ, UCLA y la escuela técnica de caja seca hicieran pasantías en el lugar.

El asedio.

De acuerdo a información suministrada por el señor Rogelio Arteaga, el asedio de parte de «campesinos» organizados en cooperativas contra la finca «Buena Esperanza» comenzó en el 2003, con intentos de invasiones; saboteos a la producción que pasaban por abrir los potreros y sacar a los animales hacia los camellones (vías de acceso agrícola), así como el sacrificio de los animales; e inspecciones recurrentes por parte del INTI. Estas afectaciones a la finca se repitieron en 2004, 2006, 2008, 2010 y 2016, momento en el cuál la situación se volvió crónica y más agresiva.

Cabe destacar que Buena Esperanza ha contado con una medida de protección a la actividad agropecuaria desarrollada por su propietario, el señor Rogelio Arteaga, desde el año 2008, emitida por parte de un Juzgado Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Esta medida ha sido extendida en el tiempo, año tras año. La última extensión es de mayo de 2018, cuya vigencia fue de 24 meses.

A mediados de 2016, miembros de algunas cooperativas invadieron la finca y mantenían control sobre casi todo el terreno, situación que se prolongó por unos meses, lo que forzó a su propietario a solicitar la intervención judicial. De esa manera, un juzgado agrario inspeccionó el estado de la finca y ordenó el desalojo de los invasores. Ante ello, algunos cumplieron la medida de manera voluntaria, pero otros 11 fueron detenidos en una operación policial.

Posteriormente, en el 2017 hubo, una vez más, invasiones en este predio, que fueron constatadas por el propio INTI, como se refleja en un punto de información sobre una inspección realizada en el fundo del día 07/07/2017. Estos ocupantes ilegales eran representantes de las cooperativas Los Guerreros Socialistas, Asociación Cooperativa Ocuyca y Asociación Cooperativa Juventud Campesina del Sur del Lago y se encontraban pisando 16 Ha. de la finca, de las cuales tenían 6 Ha. sembradas. Esta situación coincidió con un trabajo de planificación y estudio topográfico por parte del propietario para iniciar el cultivo de palmas.

En el documento que resumen la inspección del INTI, también queda sentado que Buena Esperanza había sufrido de hurtos constantes del ganado y del cultivo de plátano, además de levantamientos de las cercas perimetrales e internas, lo que dificultaba el manejo de los potreros y la rotación de animales. Igualmente, se recomienda en dicho punto de información, a las autoridades competentes, desalojar a los invasores.

Al siguiente año, en marzo de 2018, a raíz de una denuncia de tierras ociosas hecha por la Comuna Juan Evangelista González, la Oficina Regional de Tierras del INTI negó la apertura de una averiguación, ya que en una inspección técnica realizada por dicha institución menos de un año antes habían concluido que el nivel de productividad promedio del predio era del 81,66%.

Durante este año fue invadido el fundo, una vez más, y los hostigamientos a los trabajadores del mismo se profundizaron, incluso hasta con amenazas de muerte grabadas en vídeo. En mayo de ese año, el INTI en sesión ORD 949-18 acordó el inicio de un procedimiento de «rescate de tierras » y decretó una «medida cautelar de aseguramiento de la tierra» sobre el fundo, elevando el carácter de los ocupantes.

En esta oportunidad, sin embargo, ocurrieron dos hechos llamativos:

1) algunos miembros de las cooperativas invasoras se percataron de la realidad de la hacienda, es decir, que era un terreno productivo, se desmarcaron del resto y apoyaron a Rogelio Arteaga, el propietario legítimo del terreno;

Y 2) algunos miembros de las cooperativas Ocuyca, el frente campesino MAISANTA y Juventud Campesina del Sur del Lago denunciaron a las líderes de las mismas por estafa, atropellos y por haber manifestado en una asamblea la «necesidad de que en dichas tierras hubiese un muerto para que el INTI les otorgara la documentación completa del predio», de acuerdo a lo que consta en una carta que estos miembros enviaron al INTI, a la fiscalía, a la Asamblea Nacional Constituyente y a la Defensoría del Pueblo, el 20 de septiembre de 2018.

Ante tal medida por parte del INTI, el señor Arteaga interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad ante el juzgado agrario superior del estado Zulia, el cual admitió el recurso de nulidad y ordenó la emisión de un cartel de emplazamiento a las cooperativas ocupantes, el día 13 de noviembre de 2018.

A pesar de todo ello, el 10 de enero de 2019, antes de que el juzgado regresara del receso decembrino, los hostigadores tomaron violentamente el predio, saqueándolo todo: Las vaqueras fueron destruidas, les robaron los techos, robaron tres sistemas de ordeño mecánico (dos de 12 puestos y una de 8 puestos, para constituir un total de 32 puestos y 64 estaciones de ordeño) y otras maquinarias, destruyeron las cercas y las casas de los trabajadores, cazaron a los animales, se robaron las bombas de agua, e incluso, en la anarquía, hubo una persona fallecida.

En razón de todo ello, los daños patrimoniales que han podido ser calculados sobrepasan los $4 millones. Solo quedaron en pie algunas estructuras metálicas, por lo que era financiera y técnicamente inviable retomar la actividad ganadera. En la actualidad, el propietario de Buena Esperanza mantiene control sobre una extensión de terreno de 368 ha., en las cuales se produce palma.

Elías Tovar, Investigador ODP.