La historia de Pedro y María

Ambas historias tienen mucho en común por el modus operandi empleado por los organismos gubernamentales. Inician a finales del 2010, transcurren entre noviembre y diciembre. Tienen lugar en el centro de Caracas, específicamente en Santa Rosalía. Hasta el día en el que recibieron la visita de la milicia coordinada por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) conjuntamente con la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía de Caracas, María y Pedro, a pesar de ser dueños de terrenos en los que edificaron sus talleres mecánicos y viviendas principales en Santa Rosalía, no se conocían.

La milicia llegó a sus respectivos hogares para notificarles que debían abandonar los terrenos de su propiedad, porque allí se edificarían urbanismos de Misión Vivienda. Así fue que inició una pesadilla que se ha prolongado por más de 5 años. Fueron acosados de todas las formas posibles, estoicamente resistieron durante más de dos meses, pero sus esfuerzos fueron en vano. Les obligaron a mudarse a unas llamadas viviendas de transición ubicadas en Fuerte Tiuna. Debían mudar todas sus pertenencias para concretar el desalojo y la demolición. Como pudieron metieron una vida entera en cajas, lo que no llevaron consigo les fue sustraído. Fueron testigos inermes de la destrucción de una vida entera de trabajo, su vivienda y negocio fueron demolidos.

En el ínterin el esposo de María sufrió un infarto y mientras ella le acompañaba al hospital, las herramientas del taller mecánico fueron hurtadas. En el caso de Pedro, su familia se desintegró, su esposa se negó a mudarse a Fuerte Tiuna, así que él se quedó junto a su hijo con discapacidad intelectual.

Tanto María como Pedro recibieron actas de arreglo amigable de manos de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, dicho arreglo nunca se materializó, no recibieron ni un solo bolívar como compensación. Fueron expoliados. A pesar de tener la documentación necesaria para probar sus derechos de propiedad, siempre fueron tratados como “pisatarios” como consta en todas las comunicaciones gubernamentales que recibieron y aún conservan.

El gobierno en un acto de “magnanimidad” les concedió la posibilidad de mudarse a los urbanismos que serían edificados en los terrenos que les fueron expoliados. Eso sí, con la condición de que debían pagar por el apartamento que les sería adjudicado, porque recordemos: el gobierno no otorga títulos de propiedad. De esta forma, María y Pedro fueron despojados no sólo de sus viviendas, sino de sus negocios, que constituían su único medio de sustento, son obligados a pagar. Evidentemente en medio de la precariedad económica que sufre la población venezolana, imagine usted la tragedia que significa para personas de la tercera edad, como lo son María y Pedro, sin ninguna entrada, que se les obligue a pagar.

Es una ironía que el mismo gobierno que les expolió, sea el mismo que exige el pago.

Las historias que aquí contamos tienen origen común en la tragedia ocasionada por un gobierno que ha violado los derechos humanos de los venezolanos. De allí el denodado empeño en contar cada historia, porque cada uno de estos casos merece justicia, así como el país tiene la obligación de no olvidar, para no repetir.